Hospital de Burgos. Nos afecta a todos

En 2006 se iniciaron las obras del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). La Junta de Castilla y León autorizó la concesión de obra a la sociedad Nuevo Hospital de Burgos S. A. (Eficanza), una agrupación de bancos y empresas ligadas al ladrillo, para su construcción por un coste estimado de 243 millones de euros. Se justificó la privatización de la obra en que, de esta forma, la duración de la misma sería menor y también sería menor su coste.

Ninguna de las dos premisas se ha cumplido: el hospital se debería haber abierto en 2009, pero no se ha inaugurado hasta 2012, y su coste final nada tiene que ver con lo previsto. La fórmula privatizadora escogida por nuestros gobernantes no era nueva, y se conoce como PIF (Private Inicative Finantiation).

Las PIF tienen su origen en Gran Bretaña en los años noventa, fruto de la revolución conservadora de Margaret Thatcher. El sistema ha sido fuertemente promocionado por el Banco Mundial, organismo no precisamente neutral; pero la experiencia en el país de origen ha sido reconocida como un gran fracaso, también económico, por numerosos expertos.

La fórmula es la siguiente: la Administración concede la obra de un nuevo hospital a una empresa o consorcio de ellas, una vez fijado su coste. A cambio, cede un terreno en el que los promotores van a construir el hospital y servicios accesorios que van a rentabilizar (parking, supermercados,…); además, gestionarán todo lo que no es estrictamente sanitario (mantenimiento, catering, tecnología, lavandería, jardinería, seguridad…) y recibirán una cuota anual de la Administración durante un tiempo determinado, que suele fijarse en 30 años. La Administración pública mantiene la gestión de los servicios sanitarios. Así se hizo en Burgos, y la tasa anual a pagar por la Junta se fijó en 38 millones de euros.

En la mesa redonda organizada por la ADSP el viernes pasado, los doctores JA Ayllón y JF Lorenzo, de la Asociación Sanidad Pública Sí, nos explicaron la situación en la que se encuentra el HUBU. Con los retrasos y otras circunstancias, el coste de construcción ya no es 232 millones, sino que ronda los 500 (no hay transparencia en los datos), y además están los sobrecostes diarios por cualquier concepto imaginable en una estructura compleja como es un hospital. De esta forma, las cuotas anuales que paga la Junta son ahora de unos 70 millones de euros, y el precio final del HUBU ¡¡¡será superior a los 2.000 millones!!! (Para hacernos una idea, el Hospital Río Hortega de Valladolid se ha construido con medios públicos en la misma época por 247 millones). Además, la Junta ha tenido que avalar un crédito a Eficanza y hay una investigación abierta en la Comisión Europea por posibles irregularidades en todo el proceso.

Entre tanto, los profesionales están desconcertados con una doble gerencia, asistencial-pública y económica-privada, que multiplica la burocracia, y se encuentran aislados en un hospital cuyo tamaño y distribución favorece su desencuentro. Nadie solicitó su opinión antes de las obras. Ahora piensan que la asistencia sanitaria se verá seriamente afectada.

Pero todo esto, ¿qué nos importa a los salmantinos? Era una pregunta recurrente de los medios ante el acto que organizamos. No es difícil deducirlo de lo expuesto; no sólo se trata de solidarizarnos con los problemas de nuestros vecinos, es que el inmenso coste que Sacyl adeuda a Eficanza nos va a afectar a todos, y por muchos años, porque saldrá de los presupuestos globales. ¿Quedará remanente para las obras de nuestro futuro hospital?