Un nuevo 8 de marzo en plena pandemia

En sanidad, aproximadamente el 75% del personal son mujeres, aumentando en enfermería, técnicas, TCAE , lavandería, cocina o limpieza en general, pero también en los profesionales de medicina que va aumentando del 50% a al 68% en las promociones jóvenes que se van incorporando.

Esto mismo pasa con otras profesiones sanitarias, como farmacia (aproximadamente un 75-80%) o las trabajadoras dedicadas a los cuidados en residencias y de grandes dependientes, que alcanzan el 84%.

Pero feminización no es lo mismo que igualdad; hay también en este sector un techo de cristal, los puestos directivos siguen siendo mayoritariamente ocupados por hombres (un 80%, frente al 20% de mujeres).

Los periodos dedicados por la mayoría de las mujeres a la maternidad o cuidados de hijos y mayores suelen coincidir con el momento en el que se podrían plantear una promoción, al finalizar los largos años dedicados a la formación (MIR, EIR, doctorado…).

La maternidad y el tiempo dedicado a los cuidados no deberían ser un obstáculo ni un problema para las administraciones. Estas deberían tenerlo en cuenta para la provisión de plazas, unido a políticas de corresponsabilidad de hombres y mujeres, para que no sean siempre las mujeres las que tengan que conciliar. Profesión y cuidados solo serán compatibles cuando haya un reparto equitativo de las cargas familiares y domésticas entre mujeres y hombres.

Paralelamente, hay una brecha salarial de aproximadamente unos 10.000€/año, en palabras del exministro Illa, para las médicas, y también para el resto de profesionales. No porque los salarios sean diferentes entre hombres y mujeres, sino por la dificultad de acceso a otros puestos mejor remunerados y a complementos.

Son las profesionales sanitarias quienes atienden en primera instancia a mujeres que han sufrido violencia de género y, en algunos casos, con déficit de formación o protocolos no actualizados.

Algunas de las consecuencias de la pandemia, que ha afectado también a las mujeres de estos sectores por estar en primera fila (al ser mayoría) y tener más exposición al contagio por este trato directo:

– Se han visto obligadas a doblar turnos de trabajo y a realizar horas extras, creando graves problemas emocionales y psicológicos.

– La pandemia, debido a confinamientos y sensación de abandono tanto de familiares como de los servicios de salud, al suspender o realizar las mínimas visitas presenciales, unida a duelos patológicos y a la ansiedad generada por el estrés, ha impactado especialmente, y de una forma preocupante, en la salud mental de la población en general, pero también en la de las sanitarias y los sanitarios.

– La desatención de las enfermedades no covid, que han pasado a un segundo plano, aumentando su morbilidad y, en alguna medida, la mortalidad. El abandono de los programas de prevención y control de determinadas patologías en Atención Primaria, la suspensión de talleres de preparación al parto o de ayuda a la lactancia y otros han contribuido al incremento de esta morbilidad.

– La vacunación necesaria para frenar la pandemia debe ser equitativa y llegar a todos los países, independientemente de su riqueza y accesibilidad. Pero para ello se deben liberalizar las patentes, para que puedan ser fabricadas en más sitios, de manera que permita rebajar costes y facilitar el acceso a ellas a todos los países.

Por ello:

1.- Debe evitarse la brecha salarial, con programas de promoción y equidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades para acceder a determinados puestos.

2.- Eliminar las contrataciones precarias, reponiendo las plantillas y convocando las plazas, no solo de reposición, sino las de incremento anual pactadas y no cubiertas.

3.-Potenciar y facilitar el acceso a los servicios de salud mental, no solo a personas enfermas, también a las y los profesionales sanitarios y sociosanitarios.

4.- Material de prevención para todas las trabajadoras y trabajadores sanitarios y sociosanitarios, independientemente de su categoría profesional y en contacto con personas de riesgo.

5.- Actualización continuada de los protocolos en violencia de género, así como la formación de las y los profesionales para detectar y atender adecuadamente la violencia de género.

6.- Eliminación de las patentes farmacológicas y creación de un sistema farmacéutico público.

Por una sanidad Pública, universal y de calidad, donde no quede ninguna mujer y ningún hombre fuera del sistema sanitario público. Se debe revertir la lógica del beneficio sobre los cuidados, poniendo los cuidados y las personas en el centro de su actividad.