El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dictado una orden por la cual los responsables de Sanidad de las comunidades autónomas (CCAA) podrán disponer de todas las instalaciones sanitarias privadas “como mejor consideren” para hacer frente a las necesidades que plantee la epidemia de SARS-CoV-2. Además, estarán autorizados a habilitar espacios públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar asistencia, tanto en régimen de consulta como de hospitalización.
Son solo dos de las muchas medidas que esta noche han anunciado los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes en una rueda de prensa conjunta en la que han desgranado algunas de las medidas concretas que se derivan de la aplicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la actual crisis sanitaria.
Entre las acciones adoptadas para reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) ante el desafío que plantea esta pandemia, también se encuentra la de facilitar que los centros asistenciales puedan ampliar sus plantillas. Para ello, se prorrogarán los contratos de los médicos y enfermeros residentes de más de una decena de especialidades que se encuentren en su último año de formación. Además, quedarán suspendidas las rotaciones de estos MIR y EIR para posibilitar la realización de actividades asistenciales.
Del mismo modo, Salvador Illa ha explicado que, de forma “excepcional y temporal”, se autorizará la contratación de profesionales licenciados o graduados sin título de especialista que hayan aprobado el examen MIR, aunque no consiguieran plaza en la convocatoria, así como la de médicos que hayan obtenido su título fuera de la Unión Europea y que se encuentren en trámite de conseguir el reconocimiento de su titulación en España, siempre que cuenten con una evaluación favorable.
48 horas para entregar todas las existencias de material sanitario
Otra de las órdenes dictadas por el ministro de Sanidad tiene como objetivo “asegurar los bienes y servicios necesarios” para la actividad de los centros sanitarios, de modo que se ha marcado un plazo de 48 horas para que las personas o las empresas que dispongan de existencias de productos como mascarillas, kits diagnósticos, guantes, batas, solución hidroalcohólica, respiradores o dispositivos de ventilación mecánica, entre otros, las pongan a disposición de la Administración sanitaria.
De igual modo, las empresas que tengan capacidad para producir y suministrar este tipo de equipamientos estarán obligadas a ponerlo en conocimiento de Sanidad también antes de 48 horas; si no lo hacen, podrán ser sancionadas. En ambos casos, quienes incumplan estas instrucciones transcurrido el plazo marcado se enfrentarán a posibles sanciones.
El balance de casos será facilitado únicamente por el Ministerio
Salvador Illa también ha anunciado que su departamento, en colaboración con las CCAA, está trabajando para habilitar mecanismos que permitan “garantizar el suministro de información y datos” sobre el alcance de la epidemia de una manera “homogénea”, por lo que el Ministerio de Sanidad será el encargado de facilitar el balance sobre los casos confirmados, los fallecimientos y los pacientes curados en las diferentes comunidades autónomas. Lo hará “una vez al día”, alrededor de las 12:00 horas.
Por último, el ministro ha explicado que se han solicitado los planes de contingencia diseñados en todas las CCAA con motivo de la epidemia de COVID-19 con el objetivo de asegurar “la equidad y la cohesión en el trato que reciben todos los españoles”.
Illa, que ha iniciado su intervención elogiando “el comportamiento cívico y ejemplar” de los ciudadanos, ha agradecido “el trabajo inmenso que están realizando todos los consejeros de Sanidad y sus equipos”, y ha valorado el “homenaje espontáneo” que la población está dedicando cada noche a los trabajadores de la Sanidad, “primera fuerza de choque para detener al virus”.
Más de 30.000 pruebas realizadas
A preguntas de los periodistas, el ministro de Sanidad ha señalado que desde el inicio de la crisis sanitaria se han realizado más de 30.000 pruebas de detección del SARS-CoV-2, y ha admitido la necesidad de incrementar la capacidad logística para efectuar los análisis en todos los casos que se consideren sospechosos. “Estamos trabajando en un procedimiento más ágil para que, conforme a los protocolos, los test puedan realizarse con rapidez y seguridad”, ha afirmado Salvador Illa, quien ha recordado que, para hacer frente a toda la inversión que supondrá reforzar la capacidad del SNS, Sanidad cuenta con una partida extraordinaria “de hasta 1.000 millones de euros”, aunque ha recordado que el presidente ya ha confirmado que se pondrán “los medios necesarios cuando y donde haga falta”.
Ministerio de Defensa
“La disponibilidad de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los tres Ejércitos es plena y total en cualquier lugar de este país” para hacer “lo que sea necesario en cumplimiento de su deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus derechos, en este caso, el derecho a la salud pública”, especialmente ante una situación “de alta gravedad”, como la creada por la pandemia de COVID-19.
Así lo ha expresado la ministra de Sanidad, Margarita Robles, quien ha comunicado que, en el marco de la aplicación del estado de alarma, todos los recursos de la Sanidad militar están disponibles para dar respuesta a las necesidades que surjan como consecuencia de la epidemia, entre ellos, los existentes en el Hospital Gómez Ulla o los que se requieran para establecer hospitales de campaña en determinadas zonas si fuera preciso. Además, Defensa ha dado la orden a la Farmacia militar para que elabore y suministre productos como soluciones desinfectantes, y ha contactado con los médicos militares en situación de reserva para proponerles su colaboración durante esta crisis, obteniéndose una respuesta favorable de todos ellos.
Robles también ha informado sobre la creación de un mando único “dirigido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, para unificar esfuerzos” en el seno de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del estado de alerta, y ha avanzado que la Unidad Militar de Emergencias, que este domingo ha comenzado a desplegarse “en las ciudades donde tiene batallones” (Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), a partir de este lunes extenderá su presencia a otras zonas del país.
Ayudar en el transporte de personas y mercancías, realizar servicios de vigilancia y “presencia disuasoria” y realizar evacuaciones en caso de que fuera necesario son algunas de las labores que tendrán encomendadas las Fuerzas Armadas para contribuir a frenar la progresión de la epidemia de coronavirus “en absoluta cooperación” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales, tanto la UME como los tres Ejércitos se encargarán de garantizar el suministro de recursos a la población más vulnerable, como las personas sin hogar o sin acceso a alimentos.
Sin grandes incidentes durante el primer día de estado de alarma
Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado durante su comparecencia que la primera jornada en la que España ha vivido en estado de alarma ha transcurrido “sin incidentes reseñables”, lo que demuestra, ha dicho, “el carácter cívico y responsable del conjunto de los ciudadanos”.
Como ejemplo de este comportamiento “encomiable”, el representante gubernamental ha aportado una cifra: según datos de la Dirección General de Tráfico, a las 19:00 horas se registró un descenso del 61% en la circulación de acceso a la ciudad de Madrid con respecto al domingo pasado.
Capacidad de sanción
En relación a la posibilidad de imponer multas a quienes incumplan las nuevas normas, el ministro ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “tienen las herramientas legales para imponer sanciones”, aunque se ha mostrado convencido de que las “conductas insolidarias van a ser mínimas”
Según ha recordado Grande-Marlaska, hoy ha emitido una orden que establece los criterios de actuación que deben guiar en este periodo tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a las Policías autonómicas y locales, que quedan bajo el mando único del Ministerio del Interior. El objetivo es “ayudar a proteger la seguridad y la salud de los ciudadanos” –a quienes ha instado “a que hagan caso a las indicaciones y requerimientos”–, pero también establecer “el control de movimientos necesario para garantizar las labores sanitarias y el suministro de alimentos y bienes de primera necesidad y asegurar las infraestructuras críticas”.
“Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, cuyos profesionales están al frente de la lucha contra este virus. Se están dejando la piel en ello, y todos los demás tenemos la responsabilidad y la obligación de ayudarles cumpiendo con las medidas establecidas para frenar la expansión de la epidemia”, ha manifestado el ministro, antes de añadir: “En estos momentos la unidad de acción es insoslayable. Lo primordial es ser lo más eficaces posible”.
Suspendidos los permisos penitenciarios
El titular de Interior también ha recordado que, en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, se han ampliado las acciones para minimizar el riesgo de tansmisión de la infección, para lo cual “se han suspendido las comunicaciones ordinarias y las salidas de permiso”, al tiempo que se han incrementado como medida compensatoria las comunicaciones telefónicas de los internos.
“La gravedad de la situación nos exige sacrificios a todos”
Por último, el el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha detallado las consecuencias del decreto que desarrolla el estado de alarma en el ámbito de sus competencias (ver imagen), y ha reconocido que el decreto implica que la movilidad de los ciudadanos se verá “drásticamente condicionada” y causará “importantes molestias” durante al menos quince días. “La gravedad de la situación nos exige sacrificios a todos con el objetivo de reducir al máximo el riesgo de contagio y garantizar el acceso a los servicios básicos y a los lugares de trabajo y asegurar los suministros”
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