Exigen que los nuevos fármacos contra la hepatitis C lleguen a la población reclusa, que registra una tasa de infección del 21%

Según ha explicado esta mañana Esther Mate, portavoz de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C de Salamanca (PLAFHC), han podido acceder a los antivirales de última generación de forma excepcional, debido a su gravedad. No es lo habitual en el caso de la población reclusa. De momento, las nuevas y revolucionarias terapias disponibles -con las que se consigue un alto grado de curación- están vedadas para estos enfermos, incluso en los casos de fibrosis en grados F3 y F4, que son, junto con el estadio anterior (F2), los establecidos como prioritarios en el Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C.

La razón se explica, en parte, por un conflicto de competencias que, en el fondo, esconde el típico dilema económico: ¿quién paga los cerca de 35.000 euros por persona que cuestan estos antivirales? Como ha expuesto Carlos Rodrigo, representante de Comité Antisida de Salamanca, los afectados de las cárceles, en muchos de los cuales existe coinfección con el virus del sida (VIH), permanecen sin tratamiento contra la hepatitis C o siguen las terapias convencionales, a base de interferón y ribavirina, a las que se asocian frecuentes y graves efectos secundarios. “La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no permite a los médicos de prisiones prescribir los nuevos fármacos. En último caso, tienen que enviar un informe exhaustivo y es Instituciones Penitenciarias la que decide. Además, la administración de estos tratamientos está centralizada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, a cuya Unidad de Custodia tiene que ser trasladado el enfermo”, indica Rodrigo.

La Sanidad Penitenciaria, sin transferir

El asunto se resume en que ni el Gobierno ni las comunidades autónomas (CCAA) quieren asumir la patata caliente, y mientras el Ministerio del Interior defiende que son estas últimas las que deben hacerse cargo del coste de los antivirales de última generación, las CCAA lo rechazan, porque en la mayoría de ellas -excepto en Cataluña y el País Vasco- la Sanidad Penitenciaria todavía no está transferida y es competencia del Ejecutivo central. 

El representante del Comité Antisida ha aclarado cuál es el argumento enfrentado: el Ministerio asegura que estos medicamentos son de uso hospitalario y, por tanto, tiene que costearlos cada sistema autonómico de salud y las CCAA consideran que sólo son de dispensación hospitalaria, por lo que la responsabilidad es de Instituciones Penitenciarias. “El Ministerio del Interior ya ha dicho que la decisión última va a ser judicial. La primera sentencia es de un tribunal de Castilla y León, y establece que los fármacos los tiene que pagar Instituciones Penitenciarias, pero ha sido recurrida por el Gobierno, por lo que hasta que haya un fallo firme pasarán cuatro o cinco años. ¿Qué pasará mientras tanto con los enfermos?”, denuncia Carlos Rodrigo.

Concentración mañana, en la plaza de la Constitución

La organización a la que representa, la PLAFHC, el colectivo de ex presos sociales y otras entidades sociales se sumarán mañana a la movilización nacional impulsada para que esta situación se resuelva y para exigir un acceso igualitario de la población reclusa afectada a los últimos tratamientos disponibles contra el virus de la hepatitis C (VHC). Lo harán a través de una concentración que tendrá lugar a las 13:00 horas junto a la sede de la Subdelegación del Gobierno (plaza de la Constitución), “como representante del Ministerio del Interior en Salamanca”.

Para estos colectivos, la solución pasa por cumplir “la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que en 2003 establecía que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias tenían que ser transferidos a las comunidades autónomas antes de diciembre de 2004”. Once años después, solo ha sido así en Cataluña y el País Vasco.

“Cada dos días hay una muerte en prisión por causas como la hepatitis C, el cáncer, los suicidios o el VIH. Éste es un problema de salud, y la vida de entre 200 y 300 personas que están en la prisión de Topas está en juego”, ha subrayado el portavoz del Comité Antisida de Salamanca. A su lado, Esther Mate recordaba las palabras de la Defensora del Pueblo, “que siempre recuerda que un preso pierde su libertad, pero no sus derechos constitucionales, y el derecho a la salud lo es”.

Según ha destacado la representante de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Salamanca, el objetivo principal de la acción de esta entidad es reclamar “tratamientos para todos, y eso incluye a los dos grandes olvidados: los niños -que se encuentran sin tratar- y la población reclusa”, en la que se da una alta tasa de infección (21,3%), muy superior a la de la población general, que se sitúa en el 3%. “Los reclusos están recibiendo las antiguas terapias, y si fuera es terrible aguantarlas, no quiero ni pensar en cómo será dentro”, ha comentado.

Críticas por el abusivo precio de los fármacos

Además, Mate ha criticado las trabas que se están encontrando las PLAFHC para acceder a los centros penitenciarios. “Nos han denegado en varias ocasiones la entrada para ofrecer charlas sobre la hepatitis C, sus vías de contagio y los tratamientos, aunque seguiremos insistiendo”, ha afirmado. En términos similares se ha pronunciado Francisco Pablo Heredero, portavoz de la plataforma de Ávila, organización que intenta acceder a la prisión de Brieva para instar a los internos “a que se conciencien de que pueden ser portadores del virus y de la importancia de que se hagan las pruebas”. Sin embargo, ha señalado, “aunque tenemos el apoyo de hepatólogos y estomatólogos, no ocurre así con la dirección política del hospital; éste es un asunto que la Administración penitenciaria quiere tener escondido, a pesar de que sacar a la luz determinados temas es esencial para solucionarlos”.

Por otro lado, los miembros de las plataformas de afectados de Salamanca y Ávila han dirigido duras críticas a la actitud de las compañías farmacéuticas. “Nos sentimos utilizados, porque están ganando cantidades astronómicas de dinero con el abusivo precio que ponen a los nuevos fármacos -unos 35.000 euros por persona-, y nosotros, al reivindicar nuestro derecho a acceder a ellos, en cierto modo les estamos siguiendo el juego. Que paguemos la vaca como si fuera un Ferrari es un abuso. Vamos a exigir que establezcan el precio que tienen que tener para que toda la población afectada pueda acceder a ellos o, de lo contrario, reclamaremos que se fabriquen genéricos, como ha sucedido en La India o en Egipto, donde los mismos tratamientos cuestan entre 600 y 900 euros. Si en Europa hubiera voluntad política, con estos antivirales los enfermos de hepatitis C estarían curados, porque en la segunda analítica el virus ya sale negativizado. El problema es solo económico, y mientras tanto hay afectados con fibrosis en grado F3 y F4, es decir, con cirrosis avanzada, que no están tratados”, ha manifestado Esther Mate.

“De las compañías farmacéuticas no exigimos solidaridad, sino justicia en relación a los precios. Entendemos que tienen que ganar, entre otras cosas porque parte de los beneficios lo dedican a investigar más, pero es necesario erradicar el abuso”, ha añadido el portavoz de PLAFHC Ávila.