Gobierno y laboratorios se comprometen a facilitar el acceso a medicamentos innovadores y a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario

Según ha informado en una nota de prensa el Gobierno, se trata de un pacto que persigue “los objetivos comunes de mejorar la eficiencia en el Sistema Nacional de Salud (SNS), racionalizar el gasto farmacéutico público y facilitar el acceso de los pacientes a la innovación con equidad en todo el territorio español, además de promover la actividad del sector en un marco regulatorio predecible”. La principal novedad es la vinculación del gasto público en medicamentos al Producto Interior Bruto (PIB), para limitar el desembolso de fondos, pero sin limitar la prestación.

El protocolo se articula en dos líneas de colaboración:

• Medidas en materia de sostenibilidad. En este apartado se sitúa el compromiso de retorno de Farmaindustria. En concreto, se establece que, si el gasto correspondiente al segmento de medicamentos originales (no genéricos) “superase los niveles de la tasa de referencia del crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española prevista en la Ley Orgánica 2/2012, se establecerán medidas compensatorias y correctoras en favor del SNS”. Como indica el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se trata de medidas que, “no suponiendo una transferencia monetaria, sí sean de interés para la economía española y para el sistema sanitario”.

Programas de seguimiento de pacientes polimedicados, mejora de la variabilidad en la prescripción o programas de adherencia al tratamiento que ayuden a racionalizar el uso del medicamento también se encuadran en este punto.

Además, “si el gasto en medicamentos originales superase la tasa de crecimiento del PIB real de la economía española, a las actuaciones anteriores se añadirían las compensaciones monetarias correspondientes al exceso de crecimiento sobre el Producto Interior Bruto real en el tramo relativo a la industria”. Para ello, la Comisión de Seguimiento que se crea con este acuerdo tendrá que establecer los criterios, y estas transferencias serán distribuidas a las comunidades autónomas (CCAA).

• Medidas en materia de acceso de los pacientes a la innovación. En este apartado se incluyen actuaciones como el desarrollo de un seguimiento periódico de este acceso a los nuevos tratamientos “que llevarán a cabo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria con indicadores comunes y procurando, siempre que la sostenibilidad del sistema lo permita, reducir los plazos para resolver la financiación pública y la fijación de precios de los nuevos medicamentos del SNS, así como vigilar el acceso efectivo de los pacientes de todas las CCAA en condiciones de igualdad”.

El protocolo firmado, cuya vigencia se extenderá durante 12 meses -aunque podrá ser prorrogado hasta tres años-, contempla la creación de una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes de Hacienda, dos de Sanidad, dos de Farmaindustria y uno por cada comunidad autónoma “que se adhiera al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario previsto en la Ley 14/1986 General de Sanidad”. Este nuevo organismo elaborará un informe sobre posibles objetivos a alcanzar, evaluando anualmente el grado de avance en cada una de las actuaciones adoptadas.

Las CCAA que se sumen a este instrumento de apoyo podrán beneficiarse de los protocolos, lo que garantizará el acceso efectivo de todos los pacientes a los tratamientos innovadores.

Ahorro e innovación

En su intervención tras la firma del protocolo, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha subrayado la importancia estratégica de la industria farmacéutica, recordando que es “uno de los sectores de mayor intensidad en Investigación y Desarrollo en la Unión Europea, EEUU y Japón”. Sólo en España, ha resaltado, ha invertido 950 millones de euros en I+D en 2014.

Por esta relevancia, Alonso ha señalado la necesidad de definir “una política farmacéutica integral, tarea que se emprendió desde el inicio de la legislatura”. Gracias a estas políticas, ha dicho, “en los últimos cuatro años se han incorporado a la financiación pública 163 innovaciones terapéuticas, entre las que destacan los tratamientos para enfermedades de gran prevalencia, como el cáncer, y también los nuevos medicamentos frente a la hepatitis C”. El ministro ha afirmado que la firma del acuerdo, que supone “una continuación del firmado con Farmaindustria en marzo de 2014”, constituye “un paso más y un compromiso formal a alcanzar objetivos comunes”. 

Compromiso con el equilibrio presupuestario

Mientras, para el presidente de Farmaindustria, “establecer un umbral de crecimiento para un sector altamente innovador, como el farmacéutico, es una muestra más del compromiso de esta industria con el equilibrio de las cuentas públicas”. En opinión de Antoni Esteve, el protocolo ofrece “una mayor estabilidad y predictibilidad para el sector farmacéutico, introduciendo certidumbre en su regulación económica y reconociendo, además, el valor de la innovación”.

En una nota de prensa, la patronal farmacéutica ha considerado que este nuevo escenario “debe contribuir a superar las dificultades que ha vivido la industria y a recuperar, así, una línea de confianza que facilite a las empresas del sector acometer nuevos retos, sobre todo, en investigación e internacionalización”. En este sentido, Esteve ha señalado que la industria del medicamento “debe tener un rol destacado en la recuperación social y económica de España, ya que la economía del conocimiento es imprescindible para crecer en Europa y en el mundo”.

Para concluir, el presidente de Farmaindustria ha destacado que este protocolo es “un acuerdo moderno, puesto que contempla un modelo de relación público-privada que, en cierto modo, podría considerarse de riesgo compartido, y en el que todas las partes buscan un objetivo último común: la mejor atención a los ciudadanos a través de un sistema de salud eficiente y sostenible”.