Pacientes

España revive hoy aquel fatídico 14 de marzo cuando se declaró el estado de alarma por la COVID-19 y supuso un confinamiento domiciliario desconocido en la era moderna de nuestro país. Hoy se decreta un nuevo estado de alarma porque la situación, como entonces, ya es de transmisión comunitaria del virus en casi todas las comunidades autónomas, los hospitales empiezan a desbordarse en algunas capitales y los contagios se cuentan por récord diario, el último, el pasado jueves, con casi 21.000 contagios y 155 fallecidos, una cifra casi similar al día siguiente. El viernes, último día de datos oficiales del Ministerio de Sanidad que no los actualiza el fin de semana, se registaron 9.951 nuevos casos y 231 fallecimientos.

Castilla y León notifica hoy 2.015 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, un nuevo récord en la comunidad, con lo que su número actual alcanza los 78.990; de esa cifra, 72.408 tienen diagnóstico mediante pruebas de infección activa, tanto PCR con test de antígenos, y 99 tienen diagnóstico durante el día anterior.

La hipoxia nocturna, es decir, la disminución del oxígeno por la noche en niveles de saturación por debajo del 90% (que es el límite a partir del cual esa saturación de oxígeno se considera baja o anormal) multiplica por dos el riesgo de muerte y la probabilidad de padecer un cáncer. Además, las personas que sufren hipoxia nocturna también ven aumentadas en un 50% las posibilidades de padecer un evento cardio o cerebrovascular respecto a las personas que no están diagnosticadas de esta dolencia. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Acuerdo por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la Comunidad castellana y leonesa, por motivos muy graves de salud pública. La medida adoptada tendrá vigencia entre las diez de la noche y las seis de la mañana del día siguiente, para un período inicialmente establecido de catorce días naturales.

Sin un marco jurídico común para toda España frente a la COVID-19, ya son varias las comunidades que piden al Gobierno que decrete el estado de alarma para que cada territorio pueda adaptar este amparo legal a sus circunstancias pandémicas, como decretar toques de queda o restringir la movilidad más allá de los confinamientos perimetrales. Sin embargo, a la espera de que el Ejecutivo central logre los acuerdos parlamentarios pertinentes o decida tomar las riendas de esta crisis sanitaria, los diferentes ejecutivos regionales siguen legislando a su ritmo, cada uno según sus criterios, y todos con el objetivo de intentar frenar una pandemia que parece, por los datos, que nos va a dar semanas muy, muy duras.

La Junta de Castilla y León ha anunciado que se aplicará el toque de queda este fin de semana en toda la comunidad para frenar el avance del coronavirus, una medida que implicará restricciones de movilidad nocturna. Este viernes se han notificado 2.008 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, con lo que su número actual alcanza los 76.972, y registra 23 nuevos fallecimientos.

Mientras el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se enredaban en un nuevo documento de niveles de riesgo por COVID-19, evaluación de tipos de alerta sanitaria y medidas adaptadas a cada territorio, la realidad iba otra vez por delante de las decisiones políticas y España volvía a batir un nuevo récord, y por segundo día consecutivo, en nuevos casos de la enfermedad causada por el virus SARS-COV-2. Casi 21.000 nuevos afectados y 155 fallecidos.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y Léon ha aprobado hoy el proyecto del Decreto-ley sobre medidas urgentes para reforzar el control y la sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19, texto elevado por la Consejería de Sanidad y que atribuye la consideración de autoridad sanitaria a los profesionales tanto asistenciales -personal médico y de Enfermería- como de Salud Pública en el ejercicio de sus funciones en relación con la prevención y el control pandémicos.

Durante el confinamiento decretado en marzo para frenar el avance de la pandemia de COVID-19, más de 24.000 personas con insuficiencia renal tuvieron que seguir acudiendo a los centros de diálisis para recibir su tratamiento. Estos pacientes son más vulnerables a cualquier tipo de infección, teniendo en cuenta que sufren una enfermedad crónica, que normalmente tienen otras patologías asociadas y un sistema inmunitario debilitado.

Mientras avanzan los confinamientos por toda España, la pandemia por COVID-19 sigue marcando su propio ritmo y no responde a medidas que, seguramente, han vuelto a llegar tarde. Otra jornada de récord de contagios, un total de 16.973 más que los registrados ayer, han hecho que el país supere la trágica cifra del millón de afectados por la enfermedad con prueba diagnóstica. Pero también sufre otra jornada negra en cuanto a los fallecimientos, 156 en el último día.