“Carolina es española y está casada con un ecuatoriano. Tras una temporada en Ecuador, ella y su marido decidieron volver a Galicia junto a su bebé, enfermo de anemia. Al acudir al centro de salud, le deniegan asistencia porque el niño carecía de tarjeta sanitaria. A base de insistir, consigue que le vea un médico, pero se niegan a realizarle ningún tipo de análisis mientras no tenga tarjeta sanitaria”.
Este es uno de los muchos testimonios recogidos por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), una plataforma “de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su incumplimiento” que surgió como respuesta a la reforma emprendida por el Gobierno en 2012 y que, en la práctica, ha supuesto la exclusión de los inmigrantes y otros colectivos del sistema sanitario.
Impulsada por Médicos del Mundo con la colaboración de Andalucía Acoge, ODUSALUD y semFYC, a REDER se han adscrito numerosas entidades, asociaciones, ONG y sociedades científicas que han decidido unirse contra el Real Decreto de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, una norma cuya derogación exigirán a todos los partidos políticos, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral.
Así, y ante la proximidad de los comicios electorales, la red prepara una estrategia que presentará en pocas semanas y que incluirá reuniones con las distintas formaciones políticas, así como una campaña en redes sociales en la que se expondrán los compromisos que los partidos adquieran en relación a la “restitución” de la Sanidad universal.
Un sistema “universal y sin repagos“
En este sentido, el mensaje se centrará en exigir “un sistema de salud público, universal y sin repagos que garantice el acceso a la salud para todos en igualdad de derechos, independientemente de su situación administrativa y elimine la distinción entre asegurado y beneficiario”, para lo que REDER reivindicará la derogación del RDL 16/2012.
La plataforma, que ha expresado sus principios en un manifiesto, considera que la reforma promovida por esta norma “afecta a toda la población, pero especialmente a los grupos más vulnerables: inmigrantes en situación irregular, personas de escasos recursos con enfermedades crónicas y desempleados y parados de larga duración que permanezcan fuera de España más de 90 días”.
Para “identificar las consecuencias negativas del cambio de modelo sanitario” y visibilizar “la discriminación en la atención sanitaria” que ha supuesto, la red inició una recogida de testimonios y casos que ha supuesto, entre enero de 2014y julio de 2015, el registro de más de 1.500 situaciones “de personas que han visto vulnerado su derecho humano a la salud como consecuencia de la exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular”.
Un sistema “de exclusión generalizada”
Según la red, estas evidencias, recogidas en todo el país por las diferentes entidades que forman parte de REDER y recogidas en un informe, “constatan que las situaciones de desatención médica y desamparo provocadas por la reforma sanitaria de 2012 no son casos excepcionales que responden a errores puntuales”, y subraya algunas de las consecuencias de este “sistema de exclusión generalizada”:
– La población inmigrante en situación irregular es la que sufre de manera más desproporcionada los efectos de la exclusión. Sin embargo, también se ve afectado un amplio porcentaje de personas con ciudadanía comunitaria y escasos recursos.
– La desinformación, tanto de los propios afectados como del personal administrativo de los centros de salud, constituye un factor agravante de la exclusión y una clara vulneración de derechos.
– La vulneración de las excepciones previstas en el propio real decreto (embarazadas, menores y urgencias) es sistemática.
– La protección ofrecida a las personas solicitantes de asilo y víctimas de trata es claramente insuficiente.
– Desprotección absoluta de los ascendientes reagrupados y, por tanto, en situación legal, a quienes se les deniega el derecho a la asistencia sanitaria.
– Ineficacia y asimetría de una legislación autonómica parcheada con la creación de subsistemas de atención para pobres que niegan la igualdad de derechos.
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