La Subdelegación del Gobierno de Salamanca ha acogido esta mañana la primera reunión para poner en marcha el protocolo policial contra las agresiones a sanitarios, que incluye, entre otras medidas, dos interlocutores en las fuerzas de seguridad, un catálogo de centros con su valoración de riesgo y un Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios.
Al encuentro han acudido los principales responsables de velar por la seguridad de los sanitarios en su doble vertiente, “en lo personal porque afecta a la integridad de los profesionales y en lo social, por la función que realizan”, en palabras del delegado de la Junta, Bienvenido Mena Merchán, en compañía del subdelegado del Gobierno; el comisario jefe de la Policía Nacional, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, los presidentes de los Colegios de Médicos y Enfermería, la gerente territorial de Sanidad, los gerentes de Atención Primaria y Especializada del Sacyl y los Interlocutores Policiales Territoriales Sanitarios de ambos cuerpos de seguridad.
El objetivo era analizar la implantación de esta figura “novedosa y necesaria” en el ámbito de colaboración entre el Gobierno y la Junta, favoreciéndose así los cauces de comunicación entre las fuerzas de seguridad y los responsables de los diferentes centeos sanitarios contra cualquier tipo de violencia, añadió Mena.
Con el mismo objetivo, se establece a nivel nacional un Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios, lo que se traducirá en mayor presencia policial y en un aumento de la vigilancia en aquellos centros más vulnerables, para lo que ya se ha iniciado la elaboración de un catálogo y su clasificación según sus medidas de seguridad para así poder mejorarlas.
Según los datos ofrecidos por el delegado, en 2016 se registraron en Salamanca 46 agresiones con 61 sanitarios implicados, de las que 22 tuvieron lugar en el hospital y 24 en los centros de Atención Primaria, mientras en el conjunto de la Comunidad fueron 427 los ataques a 525 profesionales, el 60% en el hospital y la mayoría de carácter verbal (62%), pero también agresiones físicas en el 18% de los casos. Hasta junio de este año, se produjeron en la provincia salmantina 18 agresiones, un leve descenso con relación al pasado año, pero todavía lejos de “nuestro objetivo, la violencia cero en todos los ámbitos”, aseguró.
Ésa fue la razón que llevó al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en su primera comparecencia en el Congreso en diciembre de 2016, a establecer los ejes fundamentales de su política para reducir la criminalidad en este ámbito y dar atención a las víctimas, en la misma línea que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que aseguró que “no podemos permitir que los sanitarios ejerzan su profesión con miedo”.
Estas palabras, que recordó ante los medios el subdelegado del Gobierno en Salamanca, Antonio Andrés Laso, impulsaron este Protolocolo de medidas policiales que incluye también un Sistema de Información de Agresiones del Sistema Nacional de Salud con un triple objetivo: reunir todos los datos de todas las Comunidades Autónomas, identificar los puntos críticos, elaborar un mapa de riesgo, y sobre todo, realizar una evaluación periódica de los incidentes recogidos y de las medidas adoptadas para emprender las acciones oportunas en tiempo y forma.
De momento, el peor escenario se produce en los hospitales, en los Servicios de Urgencias y en horario nocturno, con amenazas, vejaciones, injurias y agresiones físicas, sobre todo contra las mujeres y en manos, principalmente, de los propios pacientes, pero también de los acompañantes.
Primeras medidas en Salamanca
Un diagnóstico que también puede aplicarse en Salamanca, donde ya han sido elegidos los dos interlocutores policiales, un inspector de la Policía Nacional para Salamanca y Béjar, y un teniente de la Guardia Civil para los 360 municipios restantes, y también se ha iniciado el catálogo de los centros sanitarios según su nivel de riesgo para llegar a un seguimiento personalizado de cada uno de ellos, en colaboración también con la Policía Local y la seguridad privada.
Se establecerán, igualmente, acciones formativas de prevención y autoprotección dirigidas a todos los profesionales sanitarios de la provincia, y se producirá un incremento de la investigación, de forma prioritaria en el ámbito de las nuevas tecnologías. “Se hará un seguimiento permanente desde la Unidad de Investigación Tecnológica”, apuntó el subdelegado, consciente de que “cada vez se delinque más a través de los dispositivos electrónicos”.
El objetivo último de todas estas actuaciones es “proteger a salud y la seguridad de los profesionales sanitarios y evitar los efectos negativos que el fenómeno de la violencia tiene en la actividad sanitaria y en la calidad del servicio asistencial que se presta a toda la ciudadanía”.
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