El refuerzo de la Salud Pública y un nuevo modelo para Atención Primaria, entre las propuestas para mejorar la Sanidad de Castilla y León

El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido hoy un encuentro con los expertos en el que les ha agradecido su trabajo, así como “su esfuerzo de diálogo y consenso”, porque “mejorar la sanidad es un objetivo de todos”.

Durante la reunión, ha señalado que se trata de un documento “valioso” cuyas directrices se trasladarán a la realidad sanitaria, y ha recalcado que la región cuenta “con uno de los cinco mejores sistemas sanitarios de España, según las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública”, si bien la Comunidad “debe aspirar a mejorarla en prestaciones, equipamientos, humanización y calidad profesional”. En esa línea, Fernández Mañueco ha subrayado que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2021 contempla un incremento del 21,6% en Sanidad, “que supone alcanzar la cota histórica del 7,5% del PIB”.

Los expertos designados para desarrollar el contenido sanitario del Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social, firmado el 17 de junio por PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila, han planteado un documento final de trabajo con un total de 122 propuestas para fortalecer el sistema regional de salud ante futuros retos, como el que se vive con la actual pandemia, así como para subsanar deficiencias estructurales y organizativas anteriores.

Como resumen inicial, indican que Castilla y León cuenta con un buen sistema sanitario público, pero no estaba diseñado para una crisis sanitaria de estas características, y ya presentaba importantes desafíos que ahora se aceleran, como la necesidad de aumentar la financiación o el número de profesionales formados, especialmente en algunas especialidades deficitarias en todo el territorio nacional; la importancia de prestar una atención de calidad y accesible en un territorio muy extenso, con alta dispersión y baja densidad poblacional, o la conveniencia de reorganizar un sistema cuyos cimientos datan de hace casi 30 años.

Para agilizar los trabajos y dotar de coherencia a los planteamientos emitidos, los expertos han concluido que los acuerdos alcanzados sobre las prioridades de trabajo deben estructurarse en tres niveles de actuación: propuestas orientadas a responder a la actual pandemia; propuestas inmediatas y a medio plazo para asegurar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema sanitario; y propuestas estructurales sobre el dimensionamiento y organización del sistema sanitario.

Estos tres niveles se han desarrollado a lo largo de siete grandes bloques de medidas:

1. Un sistema sanitario preparado

El primero de los siete bloques consta de 30 medidas y se ha denominado La preparación del sistema sanitario ante futuras oleadas, que recoge la necesidad de garantizar el suministro suficiente de equipos de protección y material médico, el uso adecuado de las pruebas, la necesidad de tener estrategias preparadas ante nuevos brotes, análisis continuo de la situación, diseño de circuitos separados para la atención sanitaria, mejora de las infraestructuras de los hospitales y recuperación de la actividad ordinaria en la mayor medida posible.

En relación con la realización de pruebas diagnósticas, se propone mejorar la dotación en equipamientos y en personal y planificar la coordinación entre los equipos de Primaria y de Salud Pública para incrementar la capacidad para realizar pruebas si la gravedad y urgencia lo hiciera necesario. Entre las sugerencias, se pide el aprovechamiento de todos los recursos de las universidades de Castilla y León, así como de los laboratorios privados si fuera preciso.

Otra de las medidas consiste en establecer un plan de mejora de los servicios y unidades de microbiología de Castilla y León. Como novedad, se propone implantar un sistema de información regional con el fin de facilitar su trabajo en red y su comunicación con los servicios territoriales de Salud Pública.

Respecto a la compra y provisión suficiente de equipos de protección, se insiste en la existencia de un almacén avanzado con una reserva estratégica para al menos tres meses, con monitorización en tiempo real de las necesidades de cada centro. Se hace hincapié en la implicación del tejido empresarial de Castilla y León en la logística sanitaria.

El tercer punto de este primer bloque se refiere a la mejora de la atención sanitaria a corto y medio plazo. Así, se recalca la importancia de mantener circuitos diferenciados en todos los niveles, proponiendo alternativas donde no sea posible (franjas horarias separadas). La cita previa será la forma normal de acceso a consulta, con líneas telefónicas y personal suficiente para aquellos pacientes que tengan dificultad con las nuevas tecnologías. Se trata de evitar aglomeraciones y permitir elegir citas presenciales o telemáticas, incluida la videollamada.

Se propone la elaboración de un Plan Integral del Paciente COVID, con especial énfasis en los enfermos críticos, incluidos pediátricos, y con protagonismo para la enfermería cualificada.

Sobre las listas de espera, se subraya la importancia de mantener la actividad ordinaria en todos los niveles, diseñando un plan específico basado en la priorización clínica para disminuir la demora acumulada estos meses tanto en consultas externas como en pruebas diagnósticas. Para apoyar esta actividad se propone, entre otras medidas, la contratación de personal o la oferta de realizar actividad extraordinaria.

2. Refuerzo de la Salud Pública

El segundo gran bloque de medidas se ha denominado Desarrollo y refuerzo de la Salud Pública y la vigilancia epidemiológica, y consta de ocho medidas dirigidas a conseguir un sistema “robusto, ágil y con dotación de personal suficiente”, con una adecuada dotación de plantillas y herramientas de información modernas.

Por todo ello, se propone aumentar la inversión en este ámbito, con el objetivo de alcanzar al menos el 3% del gasto sanitario total al final de la presente legislatura. Además, se plantea una reestructuración de los servicios de Salud Pública, mejorando retribuciones y perfil profesional para tener un recurso eficiente fuera de la situación de pandemia.

Los expertos proponen revisar y aprobar antes del final de esta legislatura las demarcaciones de Salud Pública, que ayudarán a mejorar la coordinación con Atención Primaria mediante la revisión de las funciones y responsabilidades en prevención y promoción de la salud.

3. Nuevo modelo para la Atención Primaria

El tercer bloque, formado por 35 medidas, se ha denominado Desarrollo de un nuevo modelo organizativo para la Atención Primaria y la Atención Continuada. En él, los expertos exponen como posibles mejoras el análisis de la actual distribución de zonas básicas de salud (ZBS) e identificar aquellas que puedan necesitar una posible modificación, teniendo en cuenta para ello, además de los criterios clásicos, otros como grado de dependencia, dispersión, cronicidad, existencia de centros residenciales, oficinas de farmacia o botiquines, centros sociosanitarios y escolares, así como las comunicaciones existentes.

Otra acción sería elaborar un plan de recursos humanos en Atención Primaria que tenga en cuenta las carencias actuales y futuras, y diseñar un cronograma de medidas que permitan la sostenibilidad de la plantilla y propuestas de modificación de los cupos para conseguir tamaños óptimos.

Se propone también disminuir progresivamente la figura del profesional de área, reconvirtiendo esas plazas a otras de equipo o atención continuada –siempre de forma voluntaria– y potenciar la incorporación de profesionales a los puestos de difícil cobertura del medio rural mediante incentivos, como beneficios en el alquiler o compra, facilidades fiscales para las parejas, programas de agrupamiento familiar, etc.

Otras acciones planteadas van en la línea de garantizar la asistencia sanitaria a toda la población, asegurando consultas en todos los consultorios, desarrollar un sistema eficaz de transporte a la demanda en el medio rural, equiparar la figura del coordinador del equipo a la de jefe de servicio y potenciar la figura de la enfermería.

Generar la figura del equipo de Salud Comunitaria a cargo de los propios profesionales del equipo es otra de las medidas, entendida con finalidad dinamizadora de este tipo de actividades, en coordinación con los equipos de Salud Pública.

Se plantea también valorar, junto a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el establecimiento de un nuevo modelo de atención sanitaria para los centros sociosanitarios y residencias de mayores.

El último apartado de este bloque se centra en la atención continuada en los centros de salud, que merece una revisión, a juicio de los expertos, quienes consideran que la atención a las patologías tiempo-dependientes debe ser una auténtica prioridad de la reforma de la atención continuada y sus recursos. En este sentido, consideran esencial garantizar, tanto en el medio rural como en el urbano, la atención a lo no demorable. Por todo ello, sugieren la elaboración de un mapa que contemple la situación de cada zona y establecer indicadores para analizar y determinar los cambios necesarios para optimizar los recursos y asegurar la equidad en el acceso a la atención urgente y emergente.

Otra de las propuestas hace referencia a los Vehículos de Intervención Rápida (VIR), especialmente en zonas urbanas, que, junto a los soportes vitales básicos (SPV), pueden aumentar la resolución de patologías in situ. Por último, se propone crear los Puntos de Atención Continuada en Red, de tal forma que aquellos con menor presión asistencial o complejidad de las patologías atendidas por la cercanía a un centro hospitalario puedan trabajar en red apoyando a otros profesionales.

4. Recursos humanos

El cuarto bloque se centra en la gestión de recursos humanos, con las dificultades de cobertura de plazas como telón de fondo permanente. Para solucionar los problemas existentes plantean cuatro acciones: mejoras organizativas (calendarios, jornadas, descansos, permisos, conciliación…); mejorar las condiciones laborales de los profesionales, tanto contractuales como económicas; reconocer los logros y promover la motivación e identificar e incentivar los puestos de mayor sobrecarga para el profesional y los de difícil cobertura.

Para ello, los expertos proponen, por ejemplo, promover el acceso a cargos de responsabilidad y coordinación bajo los principios de acceso a la función pública o adecuar las retribuciones a las comunidades con sueldos más altos, con el fin de reconocer a los profesionales y favorecer la fidelización de estos en las zonas limítrofes.

5. Plan de Humanización

El quinto apartado se centra en el Desarrollo del plan de humanización y mejora de la participación ciudadana, y la idea esencial es elaborar e implementar, antes del fin de 2021, un Plan de Humanización con el objetivo de promover, desarrollar y desplegar actuaciones institucionales que garanticen la humanización de la asistencia sanitaria.

La segunda medida es la elaboración de un Proyecto de Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, que asegure unos cuidados paliativos de calidad y mejore la información de los pacientes sobre la posibilidad de manifestar voluntades anticipadas.

6. Investigación, docencia y formación

En sexto lugar los expertos han incorporado 28 medidas sobre Fomento de la investigación, la docencia, la formación y avance en los mecanismos de evaluación del sistema y sus resultados, con varias ideas novedosas, como aumentar la capacidad docente del sistema utilizando la máxima capacidad formativa y presentando un sistema de certificación y reconocimiento de la figura del tutor principal y de los tutores colaboradores.

Se propone, además, fomentar la acreditación de centros rurales de Atención Primaria como centros docentes, promoviendo un sistema de acreditación de tutores que recoja criterios de mérito y capacidad en el desempeño de sus funciones, que posteriormente sean reconocidas en los baremos de méritos de carrera profesional, procesos selectivos y de ordenación profesional (concursos de traslados).

Otras ideas se centran en promover acuerdos entre Sacyl y las universidades para que los estudiantes de medicina y enfermería incluyan en sus rotaciones centros de salud rurales o la inclusión de una asignatura obligatoria de medicina y enfermería de familia y comunitaria en los planes de estudios de ambos grados de las universidades de Castilla y León.

Se aconseja también instar al Ministerio de Sanidad a que elabore un plan de recursos humanos con base en las necesidades de profesionales y especialidades que el sistema necesitará en el medio y largo plazo, para disponer de una planificación prospectiva de las plazas ofertadas, a fin de evitar déficits de especialistas que pongan en riesgo el sistema.

En relación con medidas de impulso de la investigación, las propuestas incluyen la creación de una unidad central de apoyo metodológico a la investigación.

En cuanto a las medidas para fomentar la evaluación del sistema, se sugiere, entre otras acciones, seguir trabajando en la mejora del Observatorio Sacyl, ampliando y actualizando, periódicamente su contenido. 

7. Financiación

El séptimo y último bloque se ha titulado Propuestas de mejora de la financiación de la sanidad, mejoras de la eficiencia y propuestas en relación con la compensación que se debe abonar a la sanidad privada por los servicios prestados, y se centra en distribuir el fondo de 250 millones acordado en las Cortes regionales entre los centros de gasto implicados, en función de las capacidades, necesidades y gastos ya ejecutados, de manera que los incrementos estructurales de recursos humanos y determinadas inversiones en equipamientos e infraestructuras que van a quedar incorporadas en los centros deberán asignarse al correspondiente capítulo presupuestario ordinario.

Asimismo, se propone alcanzar progresivamente un gasto sanitario en relación con el PIB no inferior a la media de la Unión Europea, incrementar los presupuestos de la Sanidad de Castilla y León contemplando aspectos como el envejecimiento y la dispersión de la población o recuperar progresivamente el nivel de inversiones reales (capítulo 6) previo a la crisis.

El grupo de expertos

Los expertos que componen el grupo de trabajo que ha elaborado este documento son Pedro José Pascual, a propuesta de la formación Por Ávila; Mercedes Coloma, María Álvarez Quiñones, María José de la Fuente y Alejandro Vázquez, designados por el PP; Esther Fraile y Emilio Blanco, por Ciudadanos; Inmaculada García Rioja, Diego Moreno, Mercedes Martín, Juan Lorenzo Gutiérrez, Elena Jaén, por el PSOE; Pablo Oyagüez, por Unidas Podemos; José Luis Almudi, Alejandro Merino y Laura Sobrino, designados por la Consejería de Sanidad; así como José Luis Nájera, en representación del Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León, y Luciano Díez, por el Foro de la Profesión Veterinaria.