Los médicos analizan en un documento los riesgos de la ‘medicalización de la vida’

El documento complementa el aprobado el pasado octubre sobre el sector farmacéutico, que recogía «recomendaciones y propuestas centradas en políticas farmacéuticas vinculadas a la eficiencia; una evaluación económica y social de la prestación farmacéutica; reformas estructurales en las actividades esenciales de la cadena de valor farmacéutica y en los roles agenciales en el sector del medicamento».

Con este nuevo informe, la OMC quiere contribuir «a que el medicamento cumpla con su objetivo, que no es otro que la salud de los ciudadanos, advirtiendo de los riesgos que produce el uso excesivo, insuficiente o indebido de los fármacos y los efectos adversos que esto provoca». Como ejemplo, la institución recuerda que entre un 0,12% y 0,22% de los ingresos hospitalarios son debidos a un efecto adverso por medicamentos con resultado de muerte, lo que supone de 100.800 a 197.000 muertes en Europa, según datos de 2008 de la Comisión Europea, que estima que de un 3% a un 10% de ingresos están relacionados con efectos adversos de la medicación. 

La alternativa de la OMC al mal uso de los medicamentos pasa por el fomento «de una prescripción razonada, prudente y con sentido común, una buena relación médico-paciente y contar con tiempo para una adecuada explicación de la importancia del tratamiento, de sus beneficios y riesgos». En este contexto, el documento de la Organización Médica Colegial recoge las siguientes conclusiones:

– Los medicamentos curan y alivian enfermedades, pero comportan riesgos y costes que hay que tener en cuenta. Constituyen una herramienta a favor de la salud humana, pero no la única.

– Muchos problemas de salud tienen hoy un abordaje preventivo y social, por lo que esta estrategia debe potenciarse, al mismo tiempo que se apoya la investigación.

– Los pacientes deben estar plenamente informados y participar en las decisiones de salud y en las prioridades asistenciales y políticas reguladoras a través de los procesos formales oportunos.

– En las autorizaciones de medicamentos por los organismos supranacionales (FDA, EMA) ocurren errores tipo 1, dando por bueno un medicamento que no lo es, por benevolencia, por conflictos de intereses poco claros o porque no se publican los errores graves.

– No se publican todos los resultados de los estudios de investigación médica y falta transparencia, al ampararse la industria investigadora en el secreto empresarial.

– La mayor parte de la investigación médica está financiada por la iniciativa privada y, en general, no suele prestar interés a la prevención.

– Los tratamientos y las terapias no farmacológicas, así como la prevención de enfermedades y las intervenciones centradas en las necesidades de la población, deben ser tan prioritarias en la investigación y las publicaciones como las terapias a base de medicamentos y productos sanitarios.

– La gestión política de la investigación pública en España la hace deficiente, al no recaer la misma en responsabilidad profesional. Los problemas de salud derivados de determinantes sociales deben tener un abordaje, del mismo modo preventivo y social, sobre el que debe investigarse.

– Los desafíos que se le presentan a las políticas de salud deben pasar por modelos basados en la promoción de la salud, con la reducción de las desigualdades, el incremento del esfuerzo preventivo y la capacitación de las personas para manejar y afrontar aquellos procesos que limitan su bienestar.

– Ante la complejidad de un sistema sanitario cada vez más costoso, es preciso incidir en mantener el principio de equidad como base del mismo.

– Desde una perspectiva ética, toda nueva terapia o tecnología útil, superior a la anterior, debería ser incorporada sin comprometer otras necesidades de la sociedad. 

– La patente como valor nunca puede anteponerse al valor absoluto de la vida. En consecuencia, el beneficio de la patente no puede estar por encima de los resultados en salud.

– El uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos tiene efectos nocivos para el paciente y constituye un despilfarro de recursos. La combinación de la formación y supervisión de la actividad profesional –auditorías clínicas- y resultados en salud, la educación de los consumidores y la garantía de acceso a los medicamentos esenciales en cantidades suficientes es eficaz para mejorar su uso racional.

– El seguimiento de cualquier tratamiento busca obtener la máxima efectividad del mismo y en el caso del fármaco, minimizar los riesgos causados por su uso, mejorar la seguridad farmacológica, contribuir a un uso racional y mejorar la calidad de vida del paciente. Todo ello forma parte de la prescripción, y todo ello son objetivos que debe realizar el médico.

– Sin una buena relación médico-paciente y sin continuidad de los profesionales en los puestos de trabajo, es difícil supervisar la evolución del tratamiento y mantener la terapia óptima.

– Es la simbiosis médico-paciente-medicamento la que permite que este último cumpla su objetivo y contribuya, de este modo, a lograr la misión primordial del sistema sanitario.

– Seleccionar el medicamento más adecuado a las necesidades de cada paciente supone un ejercicio de elección clínica, ética y profesional, no una estrategia de austeridad.

– Conviene contener las expectativas excesivas con ahorros infundados o que puedan hacer daño por insuficiente respuesta ante las necesidades de los pacientes.

– Las normativas sanitarias, la formación de los profesionales de la salud y las guías de práctica clínica deben tener presentes a los grupos más marginados, desfavorecidos y vulnerables.

– Compartir información de los pacientes a través del proceso de gestión (prescripción, dispensación y facturación) del medicamento supone un alto riesgo para la confidencialidad y el secreto médico. Por estas razones, respecto a la información clínica en general y al medicamento en particular, debe extremarse el cumplimiento de las normas de deontología médica y lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos, y deben ser respetadas por todos los estamentos y profesionales sanitarios que intervienen en el proceso.

– Las administraciones sanitarias deben controlar de forma absoluta la ingente información de los pacientes recogida en la historia clínica informatizada y bases de datos de prescripción y postdispensación, que deben cumplir estrictos controles de seguridad sin perder su eficacia e interoperabilidad.