Las declaraciones en las que el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, reconocía la dificultad de devolver la jornada laboral de 35 horas semanales al personal de Sacyl han sabido a cuerno quemado a los profesionales y a sus representantes, que han lanzado un mensaje unánime en los últimos días: o se cumplen los compromisos alcanzados en este sentido o tomarán medidas para exigir que así sea.
Esta misma tarde, Igea y responsables de las consejerías de Presidencia, Sanidad, Educación y Economía y Hacienda se reúnen con representantes de CCOO, UGT y CSIF para tratar de llegar a un acuerdo sobre la vuelta de los empleados públicos de Castilla y León a la jornada de 35 horas, pero el anuncio del encuentro no ha sido bien recibido en algunas organizaciones. Es el caso del Sindicato de Enfermería (SATSE), que este martes ha expresado su malestar por el hecho de que se haya “excluido” de esta reunión “a los sindicatos más representativos de Sanidad, como es SATSE”, cuyos representantes aseguran que no van a “tolerar que el personal sanitario quede excluido de la recuperación de la jornada de 35 horas” ni que se le considere “personal de segunda a la hora de recuperar sus derechos”.
En este sentido, el sindicato manifiesta su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno autonómico “quiera dejar fuera de este acuerdo a los sanitarios”, al tiempo que recuerda que los profesionales del turno rotatorio fueron los más afectados con la ampliación de jornada hasta las 37,5 horas, “ya que, al acumular el incremento en jornadas completas, perdieron entre 11 y 16 días de descanso anuales, lo que equivale a no disfrutar de ningún día festivo a lo largo de año”.
Ante los argumentos de Francisco Igea respecto a que la falta de profesionales dificulta la vuelta a las 35 horas en Sacyl, desde SATSE se sostiene que la carencia de personal sanitario “no se va a atajar, sino que se va a incrementar, si en Castilla y León se siguen estableciendo las peores condiciones laborales y económicas de todos los servicios de salud españoles”.
CESM critica las “excusas de mal pagador”
Por su parte, desde el Sindicato Médico en Castilla y León (CESM), se exige a los responsables de la Junta de Castilla y León “que cumplan lo pactado” y “que se pongan de acuerdo”, porque las palabras de Francisco Igea sobre los obstáculos para recuperar la jornada de 35 horas se pronunciaron “dos semanas después de que el consejero de Presidencia declarara la voluntad inequívoca” de hacerlo “y tres semanas después de que la consejera de Educación hiciera lo mismo”.
“Los empleados públicos se merecen un respeto, y estos gestores no lo está demostrando”, afirman los representantes de la organización sindical, que recuerdan que la vuelta a las 35 horas semanales “tiene un coste económico que se conoce hace tiempo y está vinculado a tres objetivos que la Administración regional cumple, no a la existencia de Presupuestos Generales del Estado”. A este respecto, desde CESM se considera que los argumentos del vicepresidente del Gobierno autonómico “son excusas de mal pagador que indignan a todos los funcionarios, especialmente a los sanitarios, que han soportado sobre sus hombros el peso de la crisis”.
Una falta de respeto para CSIF, UGT y CCOO
Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, cuyos representantes acuden a la reunión de este martes, también se pronunciaron de forma conjunta tras conocerse las declaraciones que realizó el portavoz del Ejecutivo autonómico tras el último Consejo de Gobierno. Lo hicieron para anunciar que acudirían al encuentro con “una posición firme en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos y con una propuesta concreta de movilizaciones en caso de que finalmente ocurra lo anunciado”.
Para estas organizaciones sindicales, la Junta de Castilla y León “ha cometido al menos dos errores de un tamaño desconocido hasta el momento: incumplir los acuerdos firmados y faltar al respeto a los más de 80.000 empleados y empleadas de esta institución y a sus legítimos representantes”. Además, entienden que las razones esgrimidas por Francisco Igea son “un intento claro de carácter electoralista, tomando como rehén a todo el personal de la Junta de Castilla y León” y se basan “en unos datos económicos exagerados, completamente alejados de la realidad”.
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