El sector de la optometría y óptica oftálmica se une al completo en un momento de absoluta necesidad: el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) y las tres asociaciones en ella representadas (AEO, que representa a fabricantes de óptica; AECOCC, representante de cadenas de óptica, y AECOP, representante de los grupos de establecimientos ópticos) hacen llegar una solicitud formal al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como al Ministerio de Trabajo y Economía Social para reclamar el cierre y suspensión de la actividad en los establecimientos sanitarios de óptica.
A pesar de ello, todo el colectivo asume las obligaciones derivadas de ofrecer un servicio sanitario de atención primaria a todo aquel que durante este periodo pueda necesitarlo, manteniendo todas las medidas y actuaciones necesarias que permitan satisfacer las necesidades de productos ópticos y servicios optométricos de primera necesidad, sin la necesidad de mantener abiertos e inoperativos todos los establecimientos sanitarios de óptica (cerca de 10.000 en todo el territorio nacional), dado que esta circunstancia causará de forma inevitable una crisis estructural en el sector con un impacto permanente en el empleo y en la salud de las personas.
Entre los argumentos esgrimidos se destaca también el hecho de que la óptica y la optometría son actividades de proximidad y contacto entre las personas con elevado riesgo de contagio que debe restringirse y dotarse de mecanismos y equipos de protección individual y material de desinfección de los que los establecimientos actualmente no disponen, de los que el mercado no puede abastecer, con las graves consecuencias sanitarias que ello puede acarrear al no poder realizarse pruebas y exámenes a los pacientes con las debidas garantías sanitarias. Por ello, demandan a las autoridades que se les dote de equipos de protección individual que les permitan mantener los servicios de urgencia para los bienes de primera necesidad con las debidas garantías sanitarias o dotar de ellos a aquellos establecimientos que aún no los poseen.
Así, el sector desea que se acepte su solicitud de cierre total de los establecimientos sanitarios de óptica por causa de las circunstancias actuales de fuerza mayor y por ende a los procedimientos de suspensión de contratos laborales y reducciones de jornadas al amparo del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Podólogos
Del mismo modo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos solicita la orden de cierre de las clínicas podológicas (salvo urgencias). El objetivo es evitar posibles contagios de pacientes positivos asintomáticos al salir de sus domicilios y no incrementar la falta de suministro de material sanitario. Por tal motivo, debe considerarse la podología como una actividad suspendida a todos los efectos, salvo la asistencia a urgencias. El Consejo considera que la atención de urgencias podológicas por parte de los colegiados debe mantenerse para no contribuir al colapso de los servicios de urgencias hospitalarios.
El Real Decreto 8/2020 y las medidas urgentes extraordinarias para atender el impacto económico y social del COVID 19 obliga al Consejo General de Colegios de Podólogos a comunicar al Gobierno la grave situación de emergencia en que se deja a los profesionales de la podología. Los podólogos se encuentran ante la completa indefinición legal sobre la situación de sus clínicas. Por ello, es necesario que las autoridades contemplen la podología como actividad suspendida, afectada directamente por la pandemia ocasionada por el COVID-19, para que puedan solicitar expedientes de regulación de empleo de suspensión por fuerza mayor y las oportunas ayudas a los autónomos.
El desarrollo del artículo 17 del Real Decreto 8/2020 debe incluir a la podología como actividad suspendida y desarrollar debidamente el alcance de la ayuda económica que se contiene en dicho artículo, ya que caben múltiples interpretaciones y genera confusión en el colectivo afectado: las pérdidas de facturación justificadas deben contemplarse de la forma más amplia posible.
La falta de material sanitario en la sanidad pública (EPI´s) exige que todos los esfuerzos se destinen a abastecer a los hospitales del país, y el Consejo de Colegios de Podólogos, a través de todos los Colegios profesionales de España, pone a disposición de la Autoridad Sanitaria todo el material que, voluntariamente, desde las consultas podológicas se pueda donar. Los Colegios de Podólogos ya se lo han hecho saber a sus respectivas autoridades autonómicas y algunas ya han habilitado los protocolos de donación. El Consejo de Podólogos ha mostrado al Gobierno plena disposición para cualquier gestión que considere.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos no puede garantizar una asistencia segura a sus pacientes por los siguientes motivos:
– No hacer público el cierre obligatorio confunde a la población animándola a venir a los centros podológicos y confunde a algunas autoridades, como ya ha ocurrido en algunas Comunidades Autónomas.
– Parte de los procedimientos podológicos implican un contacto directo y mantenido en el tiempo con el paciente, lo que aumenta el riesgo de contagio entre el paciente y el podólogo.
– Muchos de los tratamientos podológicos no tienen carácter urgente por lo que pueden ser pospuestos, lo que evita que los pacientes tengan que desplazarse a las clínicas y disminuye el riesgo de contagio o propagación. Ya se ha puesto en marcha un protocolo por el cual el paciente urgente es atendido previamente por teléfono mediante un cuestionario.
– La conservación y almacenaje de la mayor cantidad de material posible exige su no utilización en nuestra consultas. Todo este material debe quedar a disposición de los profesionales sanitarios que actúan en primera línea en el sistema sanitario público. Salvo urgencias, ni los pacientes, ni los podólogos ni el personal de sus clínicas tienen garantizado el derecho a su salud, ni es posible garantizar el no contagio.
– Desde la Administración del Estado se está aconsejando la restricción del movimiento de las personas, por lo que la asistencia de nuestros pacientes, en su mayoría personas mayores, a los centros podológicos, y sin los EPI´s suficientes, no haría otra cosa que ayudar en la propagación del virus.
Como consecuencia de esta crisis sanitaria, la gran mayoría de las clínicas podológicas ha decidido cerrar sus centros, para preservar la salud de sus trabajadores y sus pacientes.
Desde el Consejo General de Podólogos se ofrece el incondicional apoyo y la plena colaboración al Gobierno a las autoridades sanitarias para hacer frente a la actual situación, y poner a su disposición los profesionales sanitarios podólogos de cada rincón del país, con el firme propósito de volver a la normalidad cuanto antes.
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