El auto en el que el Tribunal Supremo denegaba la suspensión cautelar del artículo 3.2 del real decreto que regula la prescripción enfermera no ha desanimado a la profesión en su empeño por conseguir frenar las que considera “funestas consecuencias” de este texto. Así, el Consejo General de Enfermería (CGE) ha presentado un recurso de súplica ante este órgano judicial para tratar de invalidar la aplicación de este apartado.
El escrito ha sido elaborado por el equipo de letrados del CGE, que ya adelantó hace unos días que, “sin perjuicio del absoluto respeto que siempre mostramos por las decisiones judiciales, entendemos que la propia redacción del artículo 3.2. ha podido inducir a la Sala a importantes errores conceptuales y valoraciones consideradas no ajustadas a Derecho”.
El recurso de súplica detalla la regulación actual de la Enfermería, explicando cómo, a día de hoy, gracias a la normativa existente, “ha desaparecido ya cualquier vestigio de subordinación de una profesión sanitaria respecto de otra, articulándose las relaciones entre las mismas sobre la base del trabajo en equipo, con carácter inter y multidisciplinar”. Asimismo, los juristas de la organización aportan “nuevos argumentos que demuestran el gravísimo deterioro de la actividad asistencial que está generando la entrada en vigor de este artículo del decreto y los conflictos que se están produciendo entre los profesionales”.
Contrario a la Ley del Medicamento
Con esta nueva actuación, el Consejo General de Enfermería trata de explicar “de forma clara y fehaciente cuál es el verdadero rol de la Enfermería a día de hoy y cómo se estructura su trabajo cotidiano con fármacos y productos sanitarios en su quehacer diario”. Así, se explica que el principal objetivo con el que la Ley del Medicamento vino a regular el uso y la indicación de medicamentos no era otro que otorgar seguridad jurídica en favor, no sólo de los profesionales afectados, sino también de los pacientes y usuarios del sistema sanitario español, sobre actuaciones de las enfermeras asumidas en la práctica diaria, es decir, aceptadas por todos los actores de ese sistema”.
Sin embargo, continúa la entidad, el redactado final decreto “no sólo no aporta legalidad a situaciones, sino que ha pasado directamente a prohibirlas, impidiendo a los enfermeros poder llevarlas a cabo y cercenando los objetivos y contenidos establecidos en la Ley del Medicamento”.
En este sentido, el CGE pretende probar que el redactado final de esta norma “va a afectar de lleno a la asistencia diaria, en las prácticas clínicas y asistenciales que han sido siempre realizadas por el enfermero decidiendo de forma libre y autónoma qué medicamentos aplicar”. A este respecto, informa al Tribunal Supremo de que, a partir de ahora, “será necesario que vaya el médico una y otra vez al domicilio, ya que sólo él podrá tomar dichas decisiones”.
Con todo ello, “se multiplicarán las actuaciones y se provocará un aumento de la actividad profesional y una saturación del sistema sanitario, con el subsiguiente trastorno para pacientes y para profesionales, incluyendo a los enfermeros y a los médicos”.
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