Un informe de la OMC subraya la necesidad de clarificar la validez de los test diagnósticos para COVID-19

En la Comisión Asesora participan más de 30 expertos de diversas áreas para realizar propuestas de posicionamiento y responder a las múltiples dimensiones epidemiológicas, de salud pública, clínicas, profesionales, bioéticas y de organización asistencial que plantea esta pandemia.

En su primer documento, se deja claro que las pruebas diagnósticas para COVID-19 son esenciales para la atención sanitaria y para la salud pública, aunque preocupa la validez de los test existentes y la confusión sobre su efectividad y validación. En este sentido, se apunta la necesidad de garantizar la trasparencia para que todos los servicios de salud y los expertos puedan compartir su conocimiento e información, de manera que las actuaciones “sean efectivas y coherentes” en todo el SNS.

Por ello, se propone al Ministerio de Sanidad la creación de una Comisión Técnica del SNS, “con amplia base autonómica”, para optimizar la adquisición y uso de pruebas diagnósticas, equipo “que debería permitir enfrentar el actual sistema de compra múltiple y no coordinada y compartir sistemáticamente la información y las experiencias”. También haría posible “difundir los problemas de marcas y lotes que puedan identificarse como inefectivos en determinados lugares para investigar si es cierto y tomar decisiones sobre su adquisición y uso con carácter general”.

Como destacan los expertos de la Comisión Asesora de la OMC, “mientras la capacidad de realizar pruebas diagnósticas no cubra ampliamente todas las necesidades de atención sanitaria y de salud pública”, tendrían que identificarse los grupos que deberían tener una alta prioridad de acceso a las mismas.

“En una crisis de salud pública, debe prevalecer la visión poblacional y el interés general. Los recursos escasos, en este caso, los medios diagnósticos, deben estar al servicio de las acciones prioritarias que permitan identificar y tratar a los pacientes para evitar la propagación de la epidemia”, resaltan los especialistas, que señalan en el documento cuatro grupos de alta prioridad a la hora de utilizar las pruebas disponibles:

1- Trabajadores de centros sanitarios, residencias sociosanitarias, tareas de control y desinfección (Policía, UME, bomberos) y servicios de ayuda domiciliaria que puedan estar en contacto con pacientes afectados de COVID-19.

La importancia de identificar a este grupo reside en criterios “de preeminencia de la seguridad en el trabajo” y también de utilidad pública. “Si una parte significativa de la propagación de COVID-19 se ha dado en el contacto con los servicios y trabajadores (infección nosocomial sociosanitaria), focalizar la intervención en este nodo puede ser, además justo, muy efectivo”, defiende la OMC.

2- Casos sospechosos y sus contactos. Con ellos se trata de controlar el brote y prevenir el rebrote, lo que dependerá, en buena medida, de guiar de forma efectiva el empleo de los test, de manera que el esfuerzo diagnóstico se oriente según la interacción clínica. 

3- Pacientes internados en hospitales (particularmente los de larga estancia) y residentes de centros de mayores y sociosanitarios. “Con la edificación de este grupo se orienta la investigación hacia los repositorios de personas más vulnerables y donde un caso puede tener efectos más graves y propagarse de manera más rápida”, indica el informe. 

4- Movilidad de personas hacia entornos de alta vulnerabilidad y baja prevalencia: entre provincias o zonas con fases de transición diferentes para el desconfinamiento, entre zonas urbanas y rurales o en las visitas a residencias de personas mayores institucionalizadas, por ejemplo.

Según se explica desde el CGCOM, este informe de la Comisión Asesora COVID-19-OMC es “un trabajo dinámico y abierto a las aportaciones de profesionales, administraciones y ciudadanos en general”. Para ello, se está trabajando en una plataforma digital, pero hasta su puesta en marcha se pueden enviar las aportaciones al correo presidencia@cgcom.org.