Invisible. Así es la exclusión social. Más allá de las situaciones extremas que, de forma esporádica, nos hacen dar un respingo cuando nos topamos con una persona durmiendo en la calle o al abrigo de un cajero automático, los rostros de la vulnerabilidad no nos resultan cotidianos. Y, sin embargo, se cuentan por miles.
“Detrás de la imagen de ese abuelo que va a buscar a su nieto a la salida del colegio puede haber una historia más profunda y una acumulación de problemas que le han llevado a formar parte de la sociedad estancada“, advertía esta mañana Guillermo Fernández Maíllo, director del Informe FOESSA de Cáritas en Castilla y León, durante la presentación en Salamanca de los resultados del estudio.
En esta situación se encuentran, de hecho, 369.000 personas en la Comunidad, lo que supone un 15,3% de la población. La cifra, sin embargo, se vuelve más sangrante cuando de ella se extrae otro número: 99.000 de estos ciudadanos han pasado o pasan por una travesía de dificultades que les ha conducido a una realidad de exclusión severa, un “pozo” que se ha multiplicado por tres en los últimos cinco años, a pesar de la salida de la crisis, lo que pone de manifiesto que existen miles de personas “que no han podido reengancharse al proceso de recuperación” y que conforman “la sociedad expulsada“.
Para llegar a esta conclusión, el equipo de estudios de Cáritas Española ha trascendido “el concepto tradicional de pobreza”, medida exclusivamente a partir de un umbral económico marcado por el nivel de ingresos. Porque la pobreza la definen los múltiples factores que hacen que las personas no vivan en condiciones de dignidad y plena integración. “Hemos querido reflejar qué le pasa a la gente en su vida cotidiana y cuáles son esas dificultades que la alejan del centro social a medida que se acumulan y se agravan”, ha explicado Fernández Maíllo durante la exposición del Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León 2019, un acto en el que también han participado el obispo de Salamanca, Carlos López; la directora de Cáritas Salamanca, Carmen Calzada, y José María Rodríguez, secretario general de la organización diocesana.
Medición a partir de 35 indicadores
De este modo, el equipo de estudios de la institución ha identificado 35 indicadores diferentes que pueden llevar a la población a una situación de exclusión social, y que tienen que ver con ámbitos como el empleo, el consumo, la participación política y social, la educación, la vivienda o la necesidad de cuidados, que está estrechamente vinculada al envejecimiento y la discapacidad. Hay muchos más, pero estos dos últimos son, precisamente, los que se encuentran en la base de las situaciones de vulnerabilidad que más afectan a los ciudadanos de Castilla y León.
“En nuestra Comunidad, la vivienda es el primer generador de dificultades en la sociedad. Nos preocupa mucho que una de cada cinco personas tenga problemas en este ámbito, ya sean por falta de acceso o por deficiencias graves en la construcción, insalubridad, condiciones de hacinamiento… Además, en los últimos cinco años ha aumentado casi un 75% el número de hogares a los que, una vez pagados los gastos derivados de la vivienda y sus suministros, les quedan unos ingresos que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza”, ha subrayado Guillermo Fernández, quien ha añadido que, a pesar de la recuperación tras la crisis, en este lustro “han empeorado casi todos los indicadores relacionados con la vivienda en la región.
A este respecto, el responsable del Informe FOESSA en Castilla y León ha explicado que en el estudio, basado en la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2018, se establecen cuatro niveles de dificultades relacionados con este ámbito; en los más altos se sitúan la exclusión residencial extrema, es decir, la que padecen las personas sin hogar, y la constituida por los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad severa y residen en albergues, pisos protegidos o centros de acogida.
Pero se observan también otras dos realidades mucho más cotidianas e invisibles. Por un lado, la de quienes tienen una vivienda “insegura”, lo que significa “que hoy disponen de ella, pero mañana quizás no, ya sea porque no cuentan con contrato de arrendamiento, porque la casa es prestada u ocupada, porque la persona es víctima de maltrato y quizás deberá abandonarla enseguida o porque existe una notificación de desahucio”. En estas circunstancias se encuentran 143.000 personas en la Comunidad (49.000 hogares). Por otro, están las 164.000 personas (52.000 hogares) que residen en una vivienda “inadecuada”, es decir, que no reúne condiciones para la habitabilidad (falta de suministros básicos, existencia de deficiencias estructurales o barreras arquitectónicas que no se pueden resolver, etc.). Cerca de 6.000 hogares de Castilla y León padecen estas dos realidades de forma simultánea.
Dificultades de acceso a los cuidados
Además de las dificultades relacionadas con la vivienda, el segundo grupo de indicadores que explican en mayor medida la exclusión social de la región tiene que ver con el envejecimiento de la población y las necesidades asociadas a él. “Desde hace cinco años existe una verdadera crisis de cuidados ya instalada en Castilla y León, crisis que se veía venir desde hace mucho tiempo, pero que ya nos está estallando. A pesar de que esta es una de las comunidades autónomas que más invierte y mejor gestiona el sistema de la dependencia, el volumen creciente de necesidades hace que nos encontremos ante una realidad desbordada”, ha asegurado Fernández Maíllo, antes de aportar otro dato preocupante: “una de cada tres personas que presenta dificultades para realizar las actividades de la vida diaria y necesitaría ayuda por ello no la recibe”.
En este escenario en el que la “pobreza” es multifactorial y conduce a la exclusión social a partir de una acumulación de dificultades y de la falta de recursos para afrontarlas (como puede observarse en la infografía El pozo de Pedro), el estudio de Cáritas pone de manifiesto una división social en cuatro grupos: la población con integración plena (personas que se enfrentan en ocasiones a dificultades, pero que disponen de recursos para superarlas), que supone un 56,9% del total de la Comunidad; la integración precaria (27,8); la exclusión moderada (6,4%) y la exclusión severa (8,9%). La suma de estos dos últimos grupos alcanza al 15,3% de la población de la Comunidad, un porcentaje total similar al del año 2013, “lo que demuestra que la exclusión social se ha enquistado“, pero con una diferencia: empeora significativamente el alcance de la exclusión severa.
“Nos encontramos en un momento de clara mutación social. Un tiempo donde las brechas que se están produciendo están hipotecando nuestro futuro, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobierno, las instituciones públicas, la gestión insolidaria de la crisis o las actitudes reactivas y xenófobas que consolidan el individualismo”, ha indicado el coordinador de la investigación, miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA. quien ha apelado a la responsabilidad y al compromiso social e individual para revertir esta realidad.
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