COCEMFE pide que se prohíban los espectáculos taurinos denigrantes para las personas con discapacidad

De este modo, la organización se suma a la demanda de entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para exigir su prohibición al Ministerio de Cultura y Deportes.

“Siendo conscientes de que las representaciones culturales, dentro del mundo del humor y el espectáculo, merecen el máximo respeto hacia aquellas personas que las ejercen, hay que tener en cuenta también que existe una marcada línea entre la libertad cultural y la denigración y la burla, y es ahí, cuando se pasa esa línea, donde hay que actuar”, afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

Por ello desde la Confederación se recuerda a las administraciones públicas la recomendación hecha a España por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas sobre la necesidad de adoptar medidas para diseñar, poner en marcha y mantener campañas de sensibilización pública y en los medios de comunicación destinadas a erradicar los estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad, promover el reconocimiento y el respeto de sus derechos y fomentar una percepción positiva y una mayor conciencia social en lo que se refiere a estas personas en la sociedad.

“Recomendaciones sumamente importantes, ya que es necesario combatir las situaciones que, en muchas ocasiones, se perpetúan en este tipo de espectáculos, donde prima la burla hacia lo diferente y, por tanto, se atenta contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. En definitiva, se perpetua la discriminación”, añade Queiruga.

En medio de la controversia creada estos días, en los que el Gobierno ha anunciado su intención de prohibir este tipo de espectáculos, los representantes de COCEMFE explican que ponen a disposición de todas las personas que protagonizan este tipo de eventos su red de 82 servicios de empleo y agencias de colocación, “con la que promovemos la mejora de su empleabilidad, el acceso al empleo y el desarrollo de su carrera profesional”.

Asimismo, reclaman que se haga valer la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, en la que expresamente se establece que los Estados, en colaboración con las entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad, deben tomar “las medidas pertinentes” para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan “discriminación contra las personas con discapacidad, siendo esta obligación aplicable a todas las partes del Estado español, sin limitaciones ni excepciones”.