El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha acordado la distribución de los fondos previstos en los programas del Plan Nacional sobre Drogas (PND) que desarrollan las comunidades autónomas y que ascienden a 9,5 millones de euros en 2019.
El destino de estos fondos es cubrir los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos (programas de atención directa a toxicómanos, programas de atención a familias, de reinserción social y laboral, etc.), desarrollo de programas de prevención, de los sistemas de información, así como los gastos derivados de programas de rehabilitación de toxicómanos con problemas jurídico-penales.
Esta transferencia permitirá a las comunidades autónomas poder desarrollar, entre otras actuaciones, convocatorias de subvenciones para las entidades del Tercer Sector dedicadas a las drogodependencias en sus respectivos ámbitos territoriales.
El pleno de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre drogas, reunida el 12 de junio, aprobó por unanimidad los criterios de distribución aplicables en 2019 a los créditos presupuestados para los gastos que originen los programas derivados del PND que desarrollen las CC AA y la distribución resultante conforme a los mismos.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tiene entre sus tareas la dirección, impulso, coordinación general y supervisión de los servicios encargados de la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas y, concretamente, el mantenimiento de las relaciones con las diferentes Administraciones que desarrollen actividades en este ámbito.
Las Comunidades Autónomas tienen asumidas competencias de ejecución en materia de drogodependencias, y anualmente se destinan cantidades en los Presupuestos Generales del Estado (aplicación 26.18.231-A.45) para subvenciones finalistas a Comunidades Autónomas, como apoyo e impulso de determinados programas que la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas considera prioritarios en el ámbito de la prevención, la asistencia y la reinserción.
De acuerdo con la normativa, estos créditos deben ser objeto de distribución territorial según criterios objetivos fijados por la Conferencia Sectorial y serán formalizados mediante acuerdo de Consejo de Ministros, así como la distribución resultante.
Transporte sanitario de Ceuta
Además, el Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación de los servicios de transporte sanitario terrestre, urbano e interurbano, para enfermos de Ceuta.
El valor estimado del contrato es de 16.017.273 euros, considerando el presupuesto base de licitación para un plazo de vigencia de tres años, la posible prórroga para un periodo de dos años y la posibilidad de que pueda ser modificado al alza hasta un máximo del 10% del contrato inicial.
La contratación contempla como mínimo un parque de 11 ambulancias operativas y 3 de reserva, con posibilidad de ampliación a 12 operativas y a 5 de reserva.
El precio de licitación incorpora el coste de los pasajes marítimos de los pacientes que deban trasladarse en ambulancia a centros sanitarios de la Península para recibir asistencia sanitaria, así como el de sus acompañantes y del personal sanitario del INGESA que les asista durante los traslados.
El valor del contrato se ha fijado teniendo en cuenta el incremento de la población protegida, la subida de los salarios de los trabajadores del sector y la ampliación del servicio en casi 9.000 horas anuales.
Compra centralizada de epoetinas
También se ha autorizado un acuerdo marco a través del sistema centralizado de compras del Sistema Nacional de Salud para la adquisición de epoetinas por valor de 34.485.663,07 euros. El ahorro estimado gracias a esta iniciativa es de 5,8 millones de euros.
El acuerdo, en el que participan nueve comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana) y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), tiene un plazo de vigencia de dos años más una prórroga de un año.
El objeto del acuerdo es la selección de suministradores de eritropoyetinas de origen recombinante, un medicamento de uso hospitalario, indicado para el tratamiento de la anemia asociada a la insuficiencia renal crónica, a la quimioterapia por tumores sólidos, a la prevención de riesgos quirúrgicos y a la anemia en prematuros.
El acuerdo marco que se autoriza supone dar continuidad de las acciones ya iniciadas en el impulso de medidas de eficiencia en el Sistema Nacional de Salud, mediante el fomento de acciones conjuntas de la Administración General del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas, a través del sistema de compras centralizadas de aquellos medicamentos declarados de adquisición centralizada (Orden Ministerial SSI/1075/2014).
Los lotes que se licitan son de los siguientes medicamentos: darbepoetina, epoetina metoxi p., epoetina beta, epoetina zeta y epoetina dseta.
El sistema de adquisición centralizada aporta al Sistema Nacional de Salud ventajas como favorecer la homogeneización de medicamentos y productos sanitarios, disminuyendo su variabilidad; establecer estándares de calidad comunes, lo que redunda en una mayor calidad y equidad en el sistema o agilizar los procedimientos de compra.
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