El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 y el reglamento de Adopción Internacional.
Se trata de una iniciativa con carácter participativo, en cuya elaboración ha colaborado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. En la redacción del documento han intervenido también los diferentes ministerios con competencias en protección social, el Consejo Estatal de ONG y los interlocutores sociales.
Además, en su desarrollo, se contará con la colaboración de las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, así como a todos los actores del sector privado, de la sociedad civil y, en particular, del Tercer Sector de Acción Social.
La Estrategia busca la cohesión y el progreso social, y trata de dar cobertura adecuada a las necesidades de la ciudadanía y especialmente a los colectivos vulnerables en situación de pobreza o exclusión. También da cumplimiento a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, al tiempo que contribuye a impulsar en España los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
El documento se construye en torno a cuatro metas estratégicas. Estas líneas de actuación se desarrollarán mediante la elaboración de planes operativos anuales, que fijarán medidas concretas, la asignación presupuestaria y las entidades responsables de cada una de las tareas descritas en la estrategia.
Sistema de ingresos mínimos
La primera de las metas estratégicas se centra en combatir la pobreza, especialmente de las personas más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes. Para ello tiene como objetivo crear un sistema de ingresos mínimos que permita vivir con dignidad y favorecer el incremento de la renta neta disponible de los hogares.
La segunda meta se refiere a la inversión social en las personas y se desglosa en dos objetivos: educación equitativa e inclusiva y atención prioritaria en formación y empleo a grupos vulnerables.
La tercera meta apuesta por consolidar un sistema de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, universales y de calidad, que acompañen y protejan a las personas a lo largo de su ciclo vital y profundicen en combatir las desigualdades. En particular, uno de los objetivos de la estrategia es que las personas puedan hacer frente al coste de la vivienda sin que este condicione su vida y la satisfacción de sus necesidades más básicas.
Se contribuirá a mejorar la situación de familias como las monomarentales, las personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria, que estén en situación de desempleo o que hayan agotado todas las prestaciones, así como las personas sin hogar.
La cuarta meta, relativa a la eficacia y eficiencia de las políticas, establece cinco objetivos. En primer lugar, la ordenación del sistema y la coordinación de los servicios, políticas y prestaciones, en favor de personas en situación de pobreza y exclusión social. También contiene la coordinación y cooperación territorial y eficiencia del conjunto del sistema, así como con la UE. Además, comprende la colaboración y participación todos los actores implicados en las políticas de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Finalmente, tiene como objetivo crear sistemas coordinados y transparentes de gestión de la información y el conocimiento, que den respuestas innovadoras a las necesidades sociales.
Adopción Internacional
El Consejo de Ministros también ha aprobado hoyl Real Decreto con el que desarrolla, a través de un reglamento, la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que a su vez cambia la ley 54/2007 de Adopción Internacional.
El reglamento establece que corresponde a la dirección general de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, iniciar, suspender o paralizar la tramitación de las adopciones con cada país de origen de los menores.
Para estos trámites se contará con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, la información de los organismos acreditados y la consulta previa a la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, en la que están representadas las comunidades autónomas.
Además, la DG de Familia, previa consulta a las comunidades autónomas a través de la Comisión Delegada, establecerá el número de expedientes nuevos que podrán tramitarse con cada país. El objetivo es triple: racionalizar el sistema, evitando la acumulación de expedientes en los países de origen y adecuando los ofrecimientos de las personas que quieren adoptar a las necesidades reales de los menores. Esta adecuación cuantitativa y cualitativa de los ofrecimientos generará una disminución en los tiempos de tramitación.
Acreditación de entidades
El reglamento también establece que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social será quien acredite a las entidades colaboradoras de adopción internacional, que previamente contarán con un informe de las comunidades autónomas.
Una vez acreditadas, estas entidades tendrán la obligación de remitir periódicamente información sobre sus actividades.
Otra de las novedades que recoge el reglamento es que los organismos acreditados podrán desarrollar su actividad en todo el territorio nacional. Las familias podrán elegir libremente el organismo por el que quieren llevar a cabo su proceso de adopción. El modelo de contrato será también único, así como los costes de los trámites. De esta forma, se cumplen los principios de igualdad y de seguridad jurídica.
El control del funcionamiento de estos organismos será compartido por las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Las primeras controlarán las actividades que se lleven a cabo en su territorio y el Estado lo hará con las actividades que realicen fuera del territorio nacional. Una Comisión Técnica de Seguimiento y Control implantará sistemas de calidad y auditorías de funcionamiento.
Además, se pondrá en marcha el Registro Nacional de Organismos acreditados de Adopción Internacional y de Reclamaciones e Incidencias. Este registro será único y constará de dos secciones. Una primera dedicada al registro de organismos acreditados, que será pública, y una segunda referida al registro de reclamaciones e incidencias, cuyo acceso y tratamiento se regulará de acuerdo a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
Recordamos que SALUD A DIARIO es un medio de comunicación que difunde información de carácter general relacionada con distintos ámbitos sociosanitarios, por lo que NO RESPONDEMOS a consultas concretas sobre casos médicos o asistenciales particulares. Las noticias que publicamos no sustituyen a la información, el diagnóstico y/o tratamiento o a las recomendaciones QUE DEBE FACILITAR UN PROFESIONAL SANITARIO ante una situación asistencial determinada.
SALUD A DIARIO se reserva el derecho de no publicar o de suprimir todos aquellos comentarios contrarios a las leyes españolas o que resulten injuriantes, así como los que vulneren el respeto a la dignidad de la persona o sean discriminatorios. No se publicarán datos de contacto privados ni serán aprobados comentarios que contengan 'spam', mensajes publicitarios o enlaces incluidos por el autor con intención comercial.
En cualquier caso, SALUD A DIARIO no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los canales de participación establecidos, y se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso cualquier contenido generado en los espacios de participación que considere fuera de tema o inapropiados para su publicación.
* Campos obligatorios