La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha anunciado hoy, tras asistir al Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que la Junta de Castilla y León destinará 1,8 millones de euros a reforzar los programas incluidos en la Red de Protección a las Familias.
Este incremento en las cuantías se debe a que el Gobierno ha confirmado que la Comunidad recibirá casi el triple de financiación que el pasado año para la realización de programas sociales, debido, sobre todo, a que ha considerado criterios territoriales, como la dispersión, que suponen un mayor coste en la prestación de servicios en Castilla y León. En concreto, el Gobierno central otorgará 1,8 millones de euros a la Comunidad, frente a los 677.000 euros de 2014.
Esta inyección permitirá a Castilla y León incrementar en 25 el número de profesionales de los equipos de atención directa a las familias. Esta medida reforzará los 54 equipos que se encargan de apoyar a las familias y proteger a los menores, y que actualmente está formado por 154 profesionales, que se encargan de actuar de forma preventiva o de ayudar a las familias a abordar dificultades de convivencia.
Junto a esto, ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas a mujeres embarazadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Otra parte del fondo aportado por el Gobierno central se dedicará, del mismo modo que se realizó en 2014, a la atención directa de los menores, a través del pago de ayudas de emergencia social para que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. En total, el pasado año en Castilla y León se destinaron a este tipo de ayudas 6,5 millones de euros.
Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene así su firme apuesta por apoyar la generación de empleo y por prestar una atención individualizada a las familias más necesitadas. Y es que, según ha recordado Marcos, la creación de la Red de Protección a las Familias ha contribuido a que la fractura social por la crisis haya sido menor en la Comunidad que en la media del país.
Reparto de alimentos
Durante la reunión, la consejera ha solicitado que Castilla y León forme parte del grupo de trabajo permanente que se va a crear, en el seno del Consejo Territorial, para gestionar el Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas (FEAD), que tendrá una vigencia hasta 2020.
Y es que, según ha explicado a los miembros que forman parte del Consejo Territorial, Castilla y León dispone de una Red de Protección a las Familias que, entre otros programas, incorpora un sistema de reparto ordenado, coordinado y urgente de alimentos. Este sistema cumple los requisitos que ahora exigirá Europa, tales como que la distribución de la ayuda material se complemente con medidas dirigidas a la reinserción social, de tal forma que sirva de apoyo para ayudar a esas familias a salir de la pobreza.
De hecho, en Castilla y León la entrega de alimentos va vinculada siempre a una evaluación social, realizada por los Servicios Sociales, y un programa de inserción sociolaboral. El servicio de reparto urgente de alimentos atendió el pasado año más de 4.600 peticiones.
El procedimiento se activa con una simple llamada al teléfono de información de la Junta de Castilla y León 012. Este recurso canaliza las llamadas que se efectúan por primera vez. Si la necesidad de proveerse de alimentos es urgente, el 012 deriva el caso al Centro Autonómico de Coordinación de Cruz Roja, que se pone en contacto de forma inmediata con el demandante. Los profesionales de Cruz Roja valoran la situación y la necesidad real, en base a su situación social, familiar y laboral, y diseñan un plan de provisión de alimentos, en el que se fija la cantidad, la composición y la periodicidad de la ayuda, en función del número de miembros de la familia, de la edad y de si se trata de una ayuda puntual o de si es preciso prolongarla en el tiempo.
A continuación, Cruz Roja informa a la persona de cuál es el centro de reparto más próximo a su domicilio o procede a entregar, en el plazo máximo de 24 horas y siempre de manera confidencial y discreta, los productos de primera necesidad en el propio domicilio de la familia o incluso a través de un bono para canjear en un supermercado.
En ese momento la persona es derivada a la red de Servicios Sociales de protección e inserción social y pasa a ser atendida por la Red de Protección a las Familias. Y es que el objetivo es, más allá de proporcionar alimentos, determinar cuál es el origen de esa situación, tratar de paliar su situación y, sobre todo, lograr su inserción social y laboral.
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