Cada verano, menores en el espectro del autismo son rechazados, expulsados o aislados en los campamentos. Para evitarlo, el Centro Español sobre trastorno del espectro del Autismo publica una sencilla guía en formato de preguntas y respuestas para que administraciones públicas y familias tengan la información necesaria para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, y puedan hacer valer sus derechos.
Para llevar a cabo esta publicación, el Centro ha contado con la colaboración de la Confederación Autismo España, la Fundación Pro Bono España y un equipo de abogados mixto formado por abogados de los despachos Cuatrecasas y Cadarso & Goyos Ball, que se han unido para trabajar en favor de los/las menores con autismo que cada año sufren discriminación y vulneraciones de derechos en los campamentos de verano, algo que les impide disfrutar de su derecho al ocio y al esparcimiento, dificulta su inclusión, su desarrollo y la conciliación de las familias en el periodo de vacaciones escolares.
Situaciones de discriminación en personas con autismo a pesar de las denuncias
Este tipo de prácticas se denunciaron en 2019 ante el Defensor del Pueblo. Sin embargo, y a pesar de ser un derecho reconocido en el artículo 30 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, cada año se repiten situaciones en las que menores con autismo son rechazados, expulsados o aislados en los campamentos de verano, lo que genera sufrimiento y dificultades tanto para las familias como para los niños/as.
Con el fin de dar a conocer a los responsables autonómicos y municipales cuáles son sus deberes y obligaciones respecto a los colectivos de menores con discapacidad o necesidades específicas de apoyo, como son las personas menores con autismo, este informe se hará llegar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El otro objetivo de esta guía, a la que se puede acceder en su formato completo y en su versión abreviada, es proporcionar herramientas de autodefensa a las familias, de tal forma que puedan conocer, ejercer y reivindicar los derechos de sus hijos/as con autismo.
Artículo 30 de la Convención: derecho a participar en igualdad de condiciones
Es importante insistir en que los niños y las niñas con autismo tienen el mismo derecho a participar en igualdad de condiciones que los demás, y que los organizadores tiene la obligación de generar las medidas de apoyo, adaptaciones y recursos de accesibilidad necesarios para que puedan hacerlo.
Este derecho se encuentra reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, en su artículo 30 (Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte), en su apartado 5, señala que:
“A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para, entre otras cuestiones, asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realizan dentro del sistema escolar”.
Así, en otros cuerpos legislativos nacionales es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas que gestionan este tipo de actividades, y su incumplimiento puede dar lugar a importantes sanciones con multas de hasta un millón de euros o la prohibición de realizar actividades sociales.
Centro Piloto sobre trastorno del espectro del autismo
El Centro Piloto sobre trastorno del espectro del autismo vio la luz el pasado mes de agosto de 2022 con el objetivo de llevar a cabo proyectos de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica en materia de accesibilidad universal. Este centro, que nació con carácter de piloto, es hoy una realidad que ha logrado consolidarse través de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Es uno de los centros asesores del Real Patronato sobre Discapacidad y tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades del colectivo y garantizar su acceso a derechos en condiciones de igualdad, desde la investigación, la formación y la transferencia del conocimiento a las políticas públicas y a la sociedad en su conjunto.
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