Los miembros del Comité de Empresa de Sanidad y Familia, que representa al personal de la Gerencia de Servicios Sociales de Salamanca, han convocado hoy una concentración para denunciar “la sangría de plazas para usuarios, cierres encubiertos, falta de inversión y de personal” que afecta, aseguran, a los centros de atención a menores, discapacitados y personas mayores de la provincia.
“Con la excusa de la crisis se está aprovechando para dejar sin contenido nuestros centros y para disminuir de forma alarmante el número de puestos de trabajo”, señalan los representantes sindicales, que anoche secundaron también un encierro en el antiguo edificio de Sanidad, sede provisional de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales en estos momentos. En este sentido, el Comité de Empresa sostiene que la Administración “ha reducido drásticamente las inversiones en el mantenimiento de las infraestructuras y en el personal” de estos recursos, “entrando en la dinámica de una gestión privatizadora”.
De este modo, continúa, actualmente “algunos servicios están empezando a no prestarse en los establecimientos públicos, para irse derivando a entidades privadas cuyo fin es más lucrativo que benéfico”, manteniendo “un intolerable número de camas vacías” en los centros propios, “a pesar de haber capacidad más que suficiente”.
En relación a los trabajadores, apunta que no sólo no se cubren las jubilaciones y vacantes, sino tampoco las bajas, “ni siquiera las de larga duración”, lo que obliga “al resto del personal a cubrir el servicio en sus días de descanso mediante horas extras sin compensación”.
Al mismo tiempo, “se reduce el número de usuarios cerrando las listas de entrada para justificar después la falta de contratación de personal”, de forma que, “al dejar sin actividad los centros, tienen la excusa perfecta para su cierre en beneficio del mercado privado”, denuncia el Comité de Empresa, que critica también el aumento de los precios que pagan los usuarios de estos servicios, “hasta el extremo de hacerlos inasumibles para las familias” en un contexto en el que los recortes en las ayudas a la dependencia están dejando “auténticos dramas familiares y personales que abocan a mucha gente a vivir situaciones límite”.
Para las organizaciones representadas en el Comité, esta política persigue “desmantelar los servicios públicos, pasándolos a los Centros privados”, lo que demuestra “una mala gestión en tiempo de crisis, porque pagamos dos veces por el mismo servicio: mantenemos nuestros centros, pagamos a nuestros trabajadores y, además, pagamos a centros privados por una asistencia que podemos y deberíamos dar los trabajadores públicos, además, con mayor calidad”.
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