Durante el pasado año, la asociación El Defensor del Paciente recibió 63 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias procedentes de Salamanca, relacionadas tanto con la Sanidad pública como con la privada. Son seis más que los registrados en 2012, y sitúan a la provincia en el cuarto puesto de Castilla y León con mayor número dedenuncias, por detrás de Valladolid (185), León (165) y Burgos (74).

Como aclara la propia entidad, que realiza su balance a partir de la información que recopila a través de las vías que utilizan los ciudadanos para exponer su historia -la web www.negligenciasmedicas.com, el teléfono y el correo ordinario- por el momento estos episodios tienen que ser considerados como presuntos, mientras los tribunales no se pronuncien al respecto.
En el conjunto de la Comunidad se contabilizaron 680 casos, frente a los 667 del ejercicio enterior, por lo que la actividad sanitaria salmantina generó un 9,2% de las presuntas negligencias que llegaron a El Defensor del Paciente, que en su informe de 2013 recoge que el Hospital Universitario de Salamanca fue en este periodo el quinto más denunciado de la región, después del centro de León, el Clínico y el Río Hortega de Valladolid, y el hospital burgalés. En cuanto a los servicios y situaciones que motivaron más casos en Castilla y León, la asociación destaca, por este orden, Traumatología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, listas de espera y Urgencias.
En lo que se refiere a la totalidad del país, el balance de la asociación pone de manifiesto que el número de presuntas negligencias sanitarias “se ha multiplicado considerablemente, producto de la política austera de recortes que ha llevado a cabo la mayoría de las comunidades autónomas”, alcanzando los 14.307 casos recibidos (525 más que en 2012), de los cuales 798 han sido con resultado de muerte, 106 más que en el ejercicio anterior.
Demoras
Por otro lado, el colectivo realiza en su informe una mención especial a la realidad de las demoras asistenciales en los hospitales del país, y sostiene que durante 2013 las listas de espera en España batieron “su propio récord”. Así, señala que las cifras siguieron aumentando y que, según sus estimaciones, el año finalizó con 623.800 pacientes aguardando una intervención quirúrgica, con una demora media de 100 días. “Las cifras que nosotros barajamos difieren en parte de las que esgrimen tanto las Consejerías de Salud como el Ministerio de Sanidad, y son el resultado de la información que la Administración sanitaria facilita al respecto, contrastándola con los casos que se nos denuncian y con nuestras fuentes de información (diferentes colectivos médicos)”.
De este modo, en el caso de Castilla y León -El Defensor del Paciente no aporta datos por provincias en este campo- la asociación calcula que cerca de 39.500 ciudadanos aguardan una operación en los hospitales públicos de la región, con una demora media de 111 días, si bien es cierto que estas cifras coinciden con las correspondientes al tercer trimestre del año, mientras que ayer mismo la Consejería de Sanidad presentó el balance oficial del último trimestre de 2013, en el que se contabilizaron 28.306 pacientes en lista de espera quirúrgica a 31 de diciembre, con una reducción de la demora media, que se situó en 84 días.
Para la asociación, los recortes presupuestarios están detrás del incremento de las esperas hospitalarias, y en su informe manifiesta que estos recortes “han obligado a abandonar los planes de choque para reducirlas”, disminuyendo “los conciertos con la Sanidad privada y suprimiendo las peonadas de tarde en los hospitales de muchas comunidades”. Sin embargo, la entidad destaca que “aunque estos planes siempre se utilizan como primera solución, son un arma de doble filo, porque no son del todo efectivos y suponen, principalmente, el enriquecimiento de las arcas de la privada”.
Consecuencia de esta situación, continúa la asociación, “y tras conocer los datos ofrecidos por la Administración sanitaria, el pasado 5 de septiembre nos vimos en la obligación de presentar una demanda ante los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) contra el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas por una supuesta omisión de socorro y dejación de funciones ante el incremento de las listas de espera y, en definitiva, por un presunto delito contra la salud pública”. Sobre esto, El Defensor del Paciente entiende “que los datos que ofrece el Ministerio no son reales, no sólo en espera para cirugía, sino también para tratamientos, puesto que a lo largo del año hemos recibido reclamaciones de pacientes con patologías oncológicas que llevaban hasta tres meses esperando para recibir quimioterapia, lo que significa un atentado contra sus vidas”. Concretamente, señala la entidad, “denunciamos que el Ministerio de Sanidad y las comunidades “no ponen los medios necesarios que, a nuestro juicio, serían un aumento de personal, no cerrar quirófanos ni plantas y no despedir facultativos”.
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