El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha emitido una sentencia que anula la orden de 2010 por la que la Junta de Castilla y León otorgaba carácter de referencia regional a la Unidad de Cirugía Pediátrica del Hospital Clínico de Valladolid, una condición que hasta esa fecha sólo tenían los centros asistenciales de Salamanca y Burgos. La decisión de la Consejería de Sanidad supuso una reducción drástica del número de pacientes que asumían estos dos complejos, entre los que se distribuía la población infantil de la Comunidad que precisaba de una intervención quirúrgica.
El malestar generado por este cambio motivó que tres médicos del Hospital Universitario de Burgos exigieran ante los tribunales que se dejara sin efecto la reordenación desarrollada por la Junta, una petición que ha sido atendida por el TSJ de Castilla y León, aunque el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha confirmado esta tarde en Salamanca que el Gobierno autonómico acaba de presentar un recurso de casación contra esta decisión judicial ante el Tribunal Supremo.
“Esperaremos su pronunciamiento antes de tomar una decisión”, ha avanzado el máximo responsable sanitario de la Comunidad, quien ha considerado que la Consejería entiende que la Junta “tiene competencias para ordenar los recursos de Atención Especializada” de Catilla y León. “Lo que hacía esa orden era ordenar las cosas y permitir una planificación adecuada, estabilizar la situación definiendo los servicios de referencia en los hospitales de la región, de los cuales, por cierto, el de Salamanca es el que más presta”, ha añadido Sáez Aguado, antes de resaltar que el “fundamento” de la sentencia sólo “incide en una cuestión formal”, concretamente, que la negociación no se trasladó a una mesa sectorial”.
En cuanto a la posibilidad de que la anulación de la orden exija revertir el mapa regional de la Cirugía Pediátrica a la situación anterior, es decir, a la recuperación de las unidades de Salamanca y Burgos como únicos servicios de referencia, ha reiterado que su departamento entiende que, una vez recurrida la sentencia, “no haya que ejecutarla inmediatamente”, por lo que la Junta “esperará al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el fondo del asunto”.
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