Hace unas semanas, la Oficina Regional Europea de la OMS alertó sobre la fatiga pandémica, definiéndola como “los sentimientos de desmotivación que siente la población sobre el seguimiento de los comportamientos recomendados para protegerse y proteger a otros del virus”, y lo hizo proponiendo diversas actuaciones para hacer frente a este problema que está emergiendo en los diferentes países afectados por la COVID-19.
En el ámbito de los profesionales de la salud también se aprecia esta fatiga como algo más que un sentimiento. Quienes trabajan en epidemiología no son ajenos a la misma, puesto que han estado en primera línea de la vigilancia y control de la pandemia desde antes del comienzo de ésta, y ahí siguen estando.
Esta “fatiga epidemiológica” ha venido causada por la sobrecarga de trabajo, por las condiciones en las que se debe realizar, por la incomprensión de su función, por la responsabilización que determinadas personas o instituciones han querido hacer, interesadamente, sobre quienes trabajan como técnicos en la vigilancia y control de la pandemia y por la prolongación en el tiempo de todos estos condicionantes, sin que se hayan arbitrado mecanismos reales para disminuir sus efectos.
En la mayor parte de las instituciones sanitarias autonómicas y nacionales, la estructura de las unidades de epidemiología dista mucho de disponer de todos los recursos personales y materiales que serían necesarios en una situación de normalidad. Esta realidad parece agravarse aún más, si cabe, en una situación tan excepcional como la que la pandemia representa.
Es comprensible la frustración de una parte de la población ante una situación incierta, compleja y que ha mostrado pocos síntomas favorables. Sin embargo, no se debería asumir que se descargue esa frustración sobre una parte de quienes, precisamente, tratan de revertirla, y lo hacen con las herramientas y recursos que tienen a su alcance, que no siempre son los más adecuados ni, los suficientes.
Resulta inapropiado, además, que se quiera responsabilizar a quienes ejercen de portavoces técnicos, en los distintos territorios e instituciones, de decisiones que toman otras personas, que están legitimadas para hacerlo en virtud del mandato recibido democráticamente. Asimismo, resulta todavía menos adecuado que se aprovechen declaraciones malinterpretadas, sin citar los textos, los audios o las imágenes originales, para solicitar, lejos de la crítica legítima, medidas drásticas contra esas personas. Es responsabilidad de todos que la información que llega a la ciudadanía sea fehaciente y evite más fatiga en la población y en los profesionales.
Hace unos meses, al principio de la crisis por la COVID-19, ya se publicó el posicionamiento de la SEE titulado No disparen al pianista, en el que se solicitaba que, en épocas de crisis, no se utilizara el trabajo de los técnicos/as dedicados a la epidemiología y la salud comunitaria en la función pública para que alguien no asumiera sus propias responsabilidades o para atacar a otros políticamente. Aquel llamamiento concluía exponiendo: “Los técnicos tienen la responsabilidad de hacer bien su trabajo, por el que deben ser evaluados y valorados; los políticos (desde el gobierno o la oposición) tienen las suyas, y por ellas también serán valorados”.
Desde la SEE, seguimos pidiendo lo mismo y reclamamos, además, sin descartar la crítica legítima de las actuaciones técnicas, una reflexión sobre el valor de la función de las personas que, en este país, se dedican a la epidemiología como técnicos en las administraciones públicas; sin ellas será difícil que podamos dejar atrás esta crisis sanitaria.
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