Los enfermos de hepatitis C que son presos sufren una doble condena. La de la falta de libertad, que viene impuesta por el delito que hayan cometido y que deben de cumplir, y una vinculada a la falta de derechos que según la Plataforma de Afectados por Hepatitis C de Salamanca no debería de permitirse, en concreto, no tener acceso a los nuevos tratamientos como el resto de la población. Este sábado han salido a la calle para reclamar igualdad en ese aspecto y durante algo más de 30 minutos han cortado al tráfico la Gran Vía de Salamanca.
No es la primera vez que denuncian la situación de los presos que padecen hepatitis C y que no reciben los nuevos tratamientos. En algunos casos, esa situación supone una muerte asegurada, que para esta Plataforma se trata de “un asesinato”. Y así lo ‘corean’, entre otras frases, durante los más de 30 minutos que han cortado al tráfico con pancarta en mano la Gran Vía de Salamanca. Las cerca de 40 personas que han acudido al llamamiento también han escuchado el manifiesto de la Plataforma, centrado en el lema de la protesta, “VHC entre rejas, VHC doble condena”.
En el manifiesto recuerdan que si no ha sido fácil que toda la población afectada por esta enfermedad tenga acceso a los nuevos tratamientos, en el caso de la población reclusa, “la situación es mucho más dramática, porque viven una doble condena, la impuesta por los Tribunales de Justicia, y la que les impide acceder a los nuevos fármacos”. Esta Plataforma cree que es importante que la población que está presa sepa que desde fuera de esas paredes opacas, se está luchando por sus derechos, “porque la justicia y los derechos humanos no entienden de barreras”.
En este texto leído por varios integrantes de la Plataforma denuncian que las políticas que excluyen a personas y vulneran sus derechos sanitarios dentro del territorio español, “violan los derechos humanos y sanitarios y deja indefensos a aquellos que dentro de las cárceles españolas carecen de voz y de fuerzas para defenderse”. Asimismo, lamentan el incremento de reestricciones y trabas que tienen las farmacias hospitalarias para dispensar medicamentos de uso ambulatorio, la falta de profesionales especializados y la reducción de medios”.
Un Plan de acción y de financiación específicos
Y para poner fin a esta situación, demandan al Ministerio que se ponga de acuerdo con las Comunidades para definir un Plan de acción y de financiación específicos para tratar la hepatitis C dentro de los centros penitenciarios. “Debe facilitar datos actualizados sobre la población afectada y tratada, los medicamentos que están suministrando y el coste de los tratamientos“, apuntan.
Asimismo, demandan a Interior que facilite el acceso a esta y otras Plataformas de afectados por la hepatitis C para que puedan desarrollar programas informativos/preventivos de forma coordinada con el director y subdirector jefe del servicio médico. El manifiesto concluyo con la frase que resume la lucha de este colectivo y que todos los asistentes comenzaron a corear: “Tratamiento para todos”.
La situación en Topas
El portavoz del Comité Antisida de Salamanca, Carlos Rodrigo, presente en esta concentración, que conoce de cerca la situación de estos presos, apunta que los internos enfermos sienten desconfianza total del sistema sanitario, “ven primero como carceleros que médicos”. En en centro penitenciario salmantino de Topas, según detalla, acude una vez a la semana una especialista de Medicina Interna del Hospital de Salamanca, de Enfermedades Infecciosas, que a los que más sigue son a los enfermos de VIH y hepatitis C. Rodrigo confirma que los médicos no pueden prescribir los tratamientos que consideran para esta enfermedad, tienen que elaborar antes un informe donde concreten las razones por las que lo necesitan realmente, etc. y se lo tienen que remitir a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que decidirá si se lo dan o no.
Al respecto, el presidente del Comité Antisida añade que de darles el nuevo tratamiento para la hepatitis C a los presos no se les administra en Salamanca sino que son trasladados a una cárcel de Madrid y desde allí a la Unidad de Custodia del Hospital Gregorio Marañón para recibirlo. Una cuestión que depende según la Comunidad Autonóma, relata Rodrigo, en Cataluña y País Vasco, por ejemplo, si asumen ella el tratamiento en sus centros penitenciarios.
En Castilla y León depende del Ministerio de Interior, porque la atención sanitaria en los centros penitenciarios no está transferida a la Comunidad. En esta Comunidad existe una “pelea jurídica”, comenta el portavoz del Comité Antisida, porque existe una sentencia que dice que tiene que ser costeado por el Ministerio del Interior, y éste a su vez, que lo haga Instituciones Penitenciarias. Y que él conozca, no se ha traslado a ningún preso a Madrid para ser tratado de hepatitis C con los nuevos fármacos, pero si dos casos de libertad condicional para poder recibirlo una vez salieran de prisión.
En la actualidad, los enfermos de hepatitis C reciben los antiguos tratamientos -anteriores a sovaldi-, que no les cura, solo paraliza el proceso,”y tiene muchos efectos secundarios”. Según Carlos Rodrigo, la situación de muchos de los presos con hepatitis C es de deterioro, y en su gran mayoría se contagiaron por el uso de jeringuillas, “y no pueden retrasar ese tratamiento”. En cuanto a cifras de afectados, en población reclusa está en el 21,3%, muy por encima de la media general (del 3%), aunque como confirma Rodrigo, en Topas se sitúa en torno al 14%, entre 200 y 300 presos.
Aplicar la Ley de 2003
Y la solución está, según explica este portavoz, en que se aplique una Ley del año 2003 que instaba a la cochesión del sistema sanitario de las cárcerles en cada Comunidad Autónoma, “pero no quieren y lo se ha hecho, aunque se acabó el plazo para hacerlo en 2004”. Este representante insiste en que si la sanidad en las cárceles dependiera del sistema sanitario de cada Comunidad, “se solucionarían muchos problemas”, porque como lamenta, los excarcelados enfermos cuando salen de prisión no tienen ni un informe médico ni pueden seguir el tratamiento que recibían cuando estaban presos, e incluso, los extranjeros no tienen tarjeta sanitaria”.
En esta concentración frente a la Subdelegación del Gobierno (que depende del Ministerio del Interior), también se encontraba Francisca Álvarez, integrante de la Plataforma de afectados de hepatitis C de Salamanca y diagnosticada de esta enfermedad desde 1998. Ella relata que ha sufrido el desconocimiento de la sociedad y el miedo de la gente a ser contagiados, “incluso dentro de tu misma familia”. Respecto a la situación de los presos enfermos de hepatitis C, no lo ve justo, “ya tienen su castigo, y tienen derecho a que cuiden su salud y darles el tratamiento que necesiten”. Ella ya ha recibido el nuevo tratamiento con sovaldi y está a al espera de los resultados tras pasar tres meses desde que terminó el mismo.
En esta ocasión, la Plataforma ha estado apoyada por otros colectivos, como Somos Capaces, Stops Desahucios, Afibrosal, Amnistia Internacional, Ex Presos Sociales, Comité Antisida de Salamanca, CGT, Asociación Villafría, Asociación La Perrera y Marea Blanca, así como dos concejales socialistas, Arturo Ferreras y Josefa Mena.
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