Cuando Mónica García llegó al Ministerio de Sanidad, lo hizo con una promesa: reforzar la sanidad pública. Tres años después, al comienzo del último curso político de la legislatura, toca hacer balance.
En casi tres años de legislatura, el Gobierno en su conjunto ha sacado adelante más de sesenta leyes, pero Sanidad apenas ha conseguido convertir en ley dos iniciativas propias: la Ley 7/2025, de 28 de julio, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública —aún pendiente de desarrollo— y se modifica la Ley General de Salud Pública, y la Ley 3/2026, de 29 de julio, sobre el programa de cribado neonatal del SNS. Tres de las grandes leyes prometidas —Gestión Pública del SNS, Medicamentos y Estatuto Marco— siguen pendientes de discusión en las Cortes.
Para hacer justicia a la capacidad normativa del Ministerio, hay que señalar que, en este mismo periodo, ha aprobado treinta y tres reales decretos normativos y al menos tres grandes planes de acción del SNS: Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, Salud Mental 2025-2027 y Prevención del Suicidio 2025-2027.
El proyecto con mayor carga política y capacidad transformadora del SNS —la pieza central a la hora de juzgar la legislatura— es el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Deroga la Ley 15/1997, vigente durante casi tres décadas y utilizada para transferir recursos y gestión a la sanidad privada, y propone la gestión directa como fórmula preferente, exigiendo más controles y justificación para recurrir a la indirecta.
Mayor control en la colaboración público-privada
Es un cambio de calado, pero conviene no confundir derogar la ley con cerrar la puerta a la colaboración público-privada, que prometió el Ministerio y se esperaba de esta ministra. La puerta sigue abierta, aunque algo más estrecha, y ya sabemos que los intereses económicos en sanidad son muy poderosos y expertos en colar elefantes por las rendijas.
No es un detalle menor. La ministra llegó al cargo como una de las caras visibles de la lucha contra la gestión privada en la sanidad madrileña. Que su proyecto entorne esa puerta en lugar de cerrarla dice tanto del margen real de una ministra para enfrentarse a los poderes económicos como de los límites del propio Gobierno. Ahí late la gran pregunta ante lo sucedido en esta legislatura: ¿pragmatismo ante las presiones económicas, políticas y jurídicas, o reforma que cambia las formas sin tocar el fondo?
Sin resolver el desafío de las listas de espera
Los problemas de siempre siguen aguardando en las salas de espera. Las listas continúan creciendo y la Atención Primaria, pese al plan aprobado por el Ministerio, sigue soportando, a duras penas, una presión difícil de compatibilizar con una atención de calidad. Ahí radica una de las grandes paradojas de la política sanitaria: los gobiernos legislan, pero el ciudadano evalúa por lo cotidiano: cuánto tarda una cita, cuánto dura una consulta, la demora para operarse… aunque aquí es necesario volver a recordar que la responsabilidad asistencial es de las comunidades autónomas.
El ministerio trabaja en un real decreto de listas de espera que debe ser consensuado con las comunidades autónomas. Las listas de espera son un fracaso del sistema en su conjunto (Ministerio y autonomías), y deben ponerse de acuerdo en una normativa transparente que regule el control y la trazabilidad de las listas como paso previo imprescindible para garantizar la equidad del sistema. ¿Están interesadas en ello las autonomías? No lo parece.
Movilizaciones por el nuevo Estatuto Marco
Por lo que respecta a los profesionales, el nuevo Estatuto Marco, aprobado por el Consejo de Ministros, pero pendiente de tramitar en Las Cortes, ignora las principales reivindicaciones de los facultativos relativas a la duración y remuneración de las jornadas ordinaria y extraordinaria, así como la eliminación de las guardias de 24 horas. Ha provocado movilizaciones y huelgas intermitentes, con una huelga indefinida convocada para el 28 de octubre.
Reformar las condiciones de quienes sostienen el sistema exige consenso, no imposición. El Estatuto se firmó con sindicatos generalistas y de enfermería —CCOO, UGT, CSIF y SATSE—, con escasa afiliación y representación médica. Los sindicatos con mayor representación de los facultativos lo rechazaron en bloque, y denuncian que el texto les discrimina respecto a los estamentos sanitarios que si lo han suscrito.
Conviene no olvidar que los facultativos son, por su formación y por la responsabilidad que asumen en cada decisión clínica, incluido el gasto sanitario, protagonistas esenciales de la asistencia sanitaria y de la gestión clínica. No se entiende mantener una reforma de este calado sin haber alcanzado antes un acuerdo en lo fundamental.
Cuando se cierre esta legislatura, el balance no dependerá solo de las leyes y planes aprobados, sino de si se han traducido en mejoras que el paciente y los profesionales puedan notar. Al Ministerio le queda pendiente demostrar que sirve para resolver los problemas, porque la fortaleza de la sanidad pública no se mide en leyes, sino en la capacidad real de garantizar una atención accesible, equitativa y de calidad. De nada sirve entornar puertas y renovar estatutos si la partida se sigue perdiendo, día tras día, en las salas de espera y en los quirófanos.
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