Salamanca, como buena parte de Castilla y León, vive atrapada en una paradoja sanitaria. Tenemos un sistema de salud que fue, durante años, referente en calidad y cobertura, pero que hoy se ve tensionado hasta el límite por dos factores que se retroalimentan: la desigualdad territorial y el envejecimiento de la población.
Los datos son elocuentes. En una provincia donde más de una cuarta parte de los habitantes supera los 65 años, la presión sobre los servicios sanitarios se dispara. La cronicidad, la dependencia y la necesidad de atención continuada no son ya excepciones, sino la norma. Y, sin embargo, los recursos no crecen al mismo ritmo que las necesidades.
A esto se suma la brecha territorial. No es lo mismo vivir en la capital que en un pueblo de la Sierra de Francia o de las Arribes. La distancia a un centro de salud, la falta de transporte público o la dificultad de cubrir plazas de médicos rurales, convierten la igualdad de acceso en una promesa incumplida. La tarjeta sanitaria garantiza derechos sobre el papel, pero la geografía y la demografía se encargan de poner obstáculos.
La pandemia demostró que la comunidad tiene capacidad de respuesta cuando se apuesta por reforzar la sanidad pública. La pregunta es: ¿qué estamos esperando? Porque mientras se discuten cifras y presupuestos, los consultorios locales siguen cerrados o abren a cuentagotas, los profesionales sanitarios se marchan por falta de incentivos y los pacientes, sobre todo los más mayores, acumulan esperas que no son meros números: son meses de incertidumbre, dolor o soledad.
La sanidad, «termómetro» de la sociedad
Salamanca necesita un plan sanitario a la altura de su realidad. Eso implica invertir más y mejor, sí, pero también diseñar una organización flexible, que atienda a las peculiaridades de un territorio disperso y envejecido. No basta con un gran hospital: hace falta garantizar atención primaria cercana, transporte sanitario ágil, telemedicina que funcione de verdad y condiciones laborales que atraigan y retengan a los profesionales.
La sanidad, al final, es el termómetro de una sociedad. Y el nuestro marca fiebre: la de una población que envejece con dignidad, pero a menudo sin el respaldo suficiente. La justicia social empieza por ahí: por no permitir que el lugar donde uno vive o la edad que tiene determine la calidad de la atención que recibe.
Quizá sea hora de dejar de hablar tanto de «reto demográfico» y empezar a hablar más de derechos. Porque Salamanca no puede resignarse a ser una tierra donde la vejez y la distancia signifiquen desigualdad.
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