La decisión del Grupo Popular en el Congreso de presentar una proposición de ley para que las menores necesiten el consentimiento paterno para abortar ha abierto de nuevo la polémica. Además de las diferntes posiciones políticas, diversos colectivos han mostrado su rechazo a esta modificación parcial de la actual Ley del Aborto, en vigor desde 2010. Entre ellos, el de las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo.
Según explica el PP en su exposición de motivos, su propuesta de modificar la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Reproducción Voluntaria del Embarazo, del 3 de marzo de 2010, responde a la necesidad de “superar la singularidad que para las menores de edad” intrujo esta norma, que permite a las chicas de 16 y 17 años, y en algunos supuestos concretos, poner fin a su gestación sin necesidad de la autorización de sus padres.
Así, el artículo vigente en estos momentos establece que, en el caso de las menores, “el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad”, si bien recoge que al menos uno de los representantes legales -padre o madre, personas con patria potestad o tutores- “deberá ser informado de la decisión de la mujer”. Sin embargo, permite “prescindir” de este requisito “cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”.
Ahora, el Partido Popular defiende una modificación de este aspecto de la Ley del Aborto, renunciando así a su idea de reforma global, para conseguir que, en el caso de que una menor de edad quiera abortar, no sólo baste con su “manifestación de voluntad”, sino que tenga que contar “con el consentimiento expreso de sus representantes legales”. Este cambio exigirá, además, variar la actual Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Emabarazo (ACAI), ya ha manifestado su convicción de que esta obligación abocará a las menores más desprotegidas “a un aborto clandestino”. Según asegura la entidad, citando estudios propios, sólo el 0,44% de las mujeres que ponen fin a su gestación se encuentran dentro de este grupo de menores que no pueden informar a sus progenitores por encontrarse en una situación de particularidad vulnerabilidad.
Los motivos de no comunicar la decisión
“El porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que accedieron a una IVE es del 3,60 %; de ellas, tan solo un 12,38% no pudo informar a sus padres”, afirma la asociación, que apunta las razones principales por las que una menor no comunica a su familia su decisión de abortar: “desamparo familiar, hogares desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad paterna/materna invalidante, padres abiertamente contrarios al aborto provocado o padres que, por voluntad propia, renuncian a conocer la situación y a acompañar a la menor”.
En este sentido, ACAI subraya que el 90% de las menores “informaron y vinieron acompañadas por su tutores a interrumpir su gestación”, por lo que cree que el PP “viene a proteger a unas menores -las que pueden y comunican a sus padres la situación- que ya están protegidas, y a ahondar en la desprotección, de las menores que la actual ley ampara”, porque pueden “interrumpir su gestación de manera legal y con seguridad médica”. No permitírselo, sostiene, “las abocará a un aborto clandestino, poniendo en riesgo su integridad”.
“Haciendo una generalización simplista de la situación de las mujeres jóvenes españolas, el PP presupone, tal y como dice su norma, que entre las facultades del ejercicio de la patria potestad con respecto a las menores está el de ‘velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral’, sin advertir que algunas menores no disfrutan de esas circunstancias; es decir, menores en dificultad, sin ese amparo familiar, mujeres que también existen y a las que también hay que darles una opción acorde a sus circunstancias vitales”, defiende la entidad.
Por ello, opina que la modificación propuesta por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados “deja clara la intención de condenar a las menores en situación de riesgo y dificultad a una suerte de periplo jurídico, legal y médico que, por nuestra experiencia, no abordarán, recurriendo, por el contrario, a soluciones clandestinas”.
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