Luces y sombras de la nueva Ley de cohesión sanitaria

“La pandemia por covid nos ha dejado muchas lecciones, una de ellas, la importancia de lo público, en todos los ámbitos, también en el sanitario. Porque, los sistemas públicos de salud son garantes de vida, actúan como motor económico y constituyen uno de los pilares del Estado de Bienestar”, ha remarcado la ministra. Esta medida para la cohesión sanitaria supone la modificación de varias leyes sanitarias entre las que las que se encuentran la Ley 14/86, General de Sanidad y la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS.

La norma aprobada hoy tiene entre sus objetivos blindar la sanidad pública identificando como modelo la gestión directa del SNS. Es decir, aquella que se presta a través de las administraciones públicas; de entidades que conforman el sector público institucional estatal, autonómico y local; o mediante la creación de consorcios. Es decir, a partir de centros cuya titularidad es cien por cien pública.

Adicionalmente, se establecen las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo y nunca sustitutoria. En consecuencia, para poder gestionar de forma indirecta, las administraciones públicas deberán justificar y motivar el cumplimiento de criterios como la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios, la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones y la necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a la de gestión pública directa. Estos criterios se pondrán en común en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Copagos

“El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido eliminado progresivamente los copagos farmacéuticos en colectivos como las personas perceptoras del IMV, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas por hijo a cargo. Unos 6 millones de personas. Este anteproyecto de Ley de Equidad elimina, también, el copago ortoprotésico a estos colectivos”, ha explicado Darias.

Otra de las novedades de esta norma es que se recupera la Cartera Común de Servicios única, que incluye las prestaciones de salud pública y establece las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios.

Además, esta ley busca “no dejar a nadie atrás”, por ello, se amplía el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a personas ascendientes reagrupadas por su hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el SNS que estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia; personas españolas de origen y residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales al territorio español y sus familiares. También, se eleva este derecho a solicitantes de protección internacional, a solicitantes y beneficiarias de protección temporal y a víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual.

Asimismo, se garantiza la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. Para ello se elimina la necesidad de informe social y se establece que la asistencia se prestará con cargo a los fondos públicos desde el momento de la presentación de la solicitud.

La norma también introduce algunos cambios para evitar la interpretación heterogénea de la misma, para implementar la visión de salud en todas las políticas y para dar voz a los distintos agentes como asociaciones de pacientes o sociedades científicas, entre otras novedades.

Plataforma de pacientes

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), que representa a 1.450 asociaciones locales o regionales que prestan servicio a más de 900.000 pacientes y familiares, asegura que la aprobación de la denominada ‘ley de equidad sanitaria’ supone “un gran avance para uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país, tanto para las personas con enfermedad crónica como para sus familiares y cuidadores”.

Tal y como señala la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, con la aprobación, en segunda vuelta, de este proyecto de ley “se verán ampliados y reconocidos los derechos de los pacientes y saldrá reforzado nuestro Sistema Nacional de Salud”.

Entre otras novedades, destaca especialmente “la oportunidad que se abre para una participación real y activa de los pacientes, fruto del arduo trabajo del movimiento asociativo en los últimos años”.

Por eso, uno de los puntos más relevantes para la POP ha sido la inclusión de los representantes de los pacientes en los órganos vinculados al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, lo que permitirá la presencia permanente de estas entidades en la toma de decisiones vinculantes a los colectivos que representan.

Consejo de Médicos y de Enfermería

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Dr. Tomás Cobo, ha apoyado que se “blinde” la sanidad pública, pero también que se “refuerce” la colaboración público-privada para “conseguir la mayor eficiencia”.

“Blindar nuestro actual modelo sanitario universal, público y gratuito es proteger el eje del bienestar y la justicia social. Debemos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia ese destino, al tiempo que reforcemos también la colaboración público-privada para conseguir la mayor eficiencia”, ha comentado en declaraciones a Europa Press.

En opinión del Consejo General de Enfermería, la ley supone un avance importante en materia sanitaria con muchos aspectos positivos. Sin embargo, corren el riesgo de quedarse en un puñado de buenas intenciones si no conllevan un importante aumento del gasto público en Sanidad.

Para empezar, hay que recordar que la sanidad está transferida a las Comunidades Autónomas y son éstas quienes tienen que organizar las prestaciones, y si no reciben la financiación necesaria para poder hacer frente a todas estas nuevas prestaciones les va a ser imposible de cumplir los objetivos de la futura norma.

Le preocupa que el texto venga a poner trabas a los conciertos con la sanidad privada porque, de aprobarse tal y como está, se va a aumentar considerablemente el tiempo de espera porque hoy en día es imposible que la sanidad pública saque adelante el volumen de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas complementarias a las que tiene que hacer frente sin ayuda de la sanidad privada.

Centros privados

En este línea, la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (ACEHP) de Madrid manifiesta su absoluto desconcierto ante una norma que, en su redacción actual, perjudica a los pacientes y a la Sanidad, pública y privada. En concreto, señalan lo siguiente:

• El Proyecto incorpora una modificación del artículo 47 de la Ley General de Sanidad para establecer que sólo entidades del sector público puedan llevar a cabo la gestión de los recursos asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Este cambio legislativo puede llevar al colapso del SNS.

• Sólo en Madrid, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos. Si se toma como ejemplo la Comunidad de Madrid, con casi siete millones de habitantes, la sanidad pública y privada suman 144.000 profesionales, 83 hospitales con 20.800 camas y 680 quirófanos. Si se extraen de ese conjunto los recursos de la sanidad privada, se restarían 70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas y 250 quirófanos. Unos recursos que asumen, en la actualidad, el 31% de los ingresos y las altas y el 37% de las intervenciones quirúrgicas.

• La colaboración pública privada es fundamental en cualquier sociedad desarrollada. En el caso de la sanidad, desde que las CCAA asumieron la competencia de garantizar la cobertura universal, ha sido indispensable y se ha mejorado a lo largo de los años.

• Ninguna CCAA responsable de la asistencia sanitaria a sus ciudadanos admitirá que se recorten sus competencias para organizar la gestión. En el caso de la Comunidad de Madrid, al igual que otras regiones, está mucho más densamente poblada que cuando empezó a fraguarse el SNS, por lo que entendemos que el Ejecutivo autonómico no puede consentir la aplicación de la norma.

• El Proyecto de Ley contempla posibles excepciones, que las CC AA tendrán que justificar y motivar. El órgano que validará estas excepciones será el Consejo Interterritorial del SNS. Se trata de un órgano consultivo, sin capacidad ejecutiva, con las limitaciones que han quedado patentes tras pandemia de COVID-19. Por tanto, cuando una Comunidad plantee una excepción, sólo se generará “bronca política”.

• Es necesario despolitizar la sanidad. La única meta de cuantos trabajamos en ella, tanto en el sector público como en el privado, es la mejor atención a los pacientes. Este proyecto de Ley, presentado en la misma semana en la que se van a celebrar elecciones autonómicas en Andalucía, no ayuda a este objetivo.