Rechazo unánime a la propuesta de la Junta sobre las futuras Unidades Clínicas de Gestión

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)

Una de las cuestiones que más desconfianza genera en el sindicato es el “riesgo” de que las Unidades Clínicas de Gestión abran la puerta a una privatización paulatina de los servicios sanitarios. En este sentido, y aunque el último borrador confirma “el carácter público” de estas estructuras, “algo que antes no aparecía”, a la organización sigue considerando el nuevo modelo de gestión “un paso peligroso, porque aunque es cierto que esas unidades orgánicas carecen de personalidad jurídica propia, sí están dotadas de capacidad de gestión de los recursos humanos y materiales”. Para Isabel Blázquez, responsable de Sanidad de UGT Salamanca, también es importante tener en cuenta otro detalle, “que todos los profesionales de los equipos o servicios que pasen a formar parte de las Unidades Clínicas de Gestión (UCG) no lo van a hacer de manera voluntaria, como en un principio se dijo”.

La repesentante sindical también llama la atención sobre “las funciones que pasa a ostentar el director de las unidades o Áreas de Gestión Clínica (AGC), porque en él va a recaer el poder de gestionarlo absolutamente todo: recursos económicos, plantes individuales de trabajo, propuesta para la cobertura de personal temporal, reparato de incentivos según el cumplimiento de objetios… Así que, si los profesionales quieren conseguirlos, más les vale mantener buenas relaciones con el director”.

En cuanto al reparto de incentivos, “sólo podrán producirse a partir del nivel 2 de autonomía”, y Blázquez se pregunta “de qué manera se pueden conseguir los objetivos y el ahorro, si seguramente no pueda ser ahorrando en recursos humanos, porque la calidad de la asistencia que puede recibir el usuario no puede ir más en retroceso”.

De igual modo, el sindicato muestra su preocupación ante la posibilidad que tendrá el director de las futuras AGC formadas entre diferentes Áreas de Salud “de movilizar al personal” adscrito a esa estructura, y desconfía también “de la posible normativa que desarrolle el decreto, algo que de momento desconocemos”.

COMISIONES OBRERAS (CCOO)

La organización sindical muestra un rechazo frontal, no sólo al borrador de decreto que tramita la Consejería de Sanidad de Castilla y León, sino también al propio modelo organizativo. “Nosotros estamos en contra de las Unidades Clínicas de Gestión en cualquiera de sus formas, porque creemos que la Administración sanitaria tiene herramientas suficientes para hacer que las prácticas del hospital sean más eficaces y eficientes, que es el objetivo que pretenden conseguir con este sistema”, sostiene Jesús González, responsable provincial de Atención Especializada de CCOO, quien considera que la propuesta de la Junta de implantar estas estructuras demuestra “un fracaso” de los gestores sanitarios.

“Nosotros somos defensores de la Sanidad pública, y aunque representamos a los trabajadores, también nos preocupan los ciudadanos, y vemos que con este sistema no se van a conseguir las metas que se proponen. Había herramientas que perseguían esos fines -como el trabajo incentivado por objetivos y la carrera profesional, que se suprimió con los recortes-, y no se han evaluado para saber si han funcionado o no y poder introducir mejoras. Creemos que porque no les interesa”, asegura el representante sindical.

Además, para González las UCG son “incoherentes” con algunas medidas impulsadas por el Gobierno autonómico para ahorrar, como crear una central de compras para reducir costes. “De repente dan poder a los jefes de las unidades para adquirir ciertos bienes, atomizando las compras”, apunta el delegado de CCOO, quien asegura no comprender el porqué de este modelo, “a no ser que tenga un sentido político, como es llevar a cabo una privatización encubierta de los hospitales”. Del mismo modo, el sindicato critica la posibilidad de que el personal que se adhiera a las futuras UCG “a los tres años pueda perder su vinculación y el régimen jurídico que le une a la Administración”, una amenaza que, según sostiene, está presente tras la modificación del Estatuto Marco que se incorporó en forma de disposiciones a la nueva ley sobre farmacovigilancia. La organización también se opone a que el decreto conceda “excesivos poderes a los jefes de las unidades de gestión, incluso sobre las contrataciones”, y advierte de los riesgos de las denominadas Áreas de Gestión Clínica, que también se regulan en el texto. “El servicio de Cardiología del hospital puede formar un AGC con el de Soria, y sus objetivos asistenciales y presupuestarios pasarían a ser los mismos. ¿Qué pasaría con el personal de estas áreas? ¿Se tendría que mover de una provincia a otra en caso de necesidad?”, se pregunta Jesús González.

El Hospital Virgen de la Vega

SINDICATO MÉDICO (CESM)

La organización sindical se muestra favorable a un aspecto del decreto que considera importante: “A diferencia de lo que ocurre en otros lugares del país, por lo menos se ha conseguido que no haya un cambio contractual en la relación laboral de los profesionales y que las unidades no tengan personalidad juírica propia, de forma que las UCG serían sólo una nueva fórmula organizativa”. Sin embargo, Tomás Toranzo, responsable de Atención Especializada de CESM Salamanca asegura que el borrador que se tramita, “tal y como está redactado, no reúne los criterios mínimos para que lo podamos apoyar, entre otras cosas, porque no deja clara la voluntariedad del personal para integrarse en esas unidades y tampoco en qué circunstancias quedarían los profesionales que no quieran hacerlo”, dos realidades que incrementarían “la incertidumbre y la desconfianza” de los trabadores en un momento “crítico” de la Sanidad, debido a los recortes.

Asimismo, Toranzo cree que para que este modelo de gestión sea viable “el sistema de información sobre los resultados -consumo de recursos, ejecución presupuestaria, calidad asistencial, etc.- tiene que ser claro para que nos permita tomar decisiones”. Sin embargo, con la propuesta actual “tenemos que fiarnos de lo que nos dé la Administración, que aporta muchos datos, pero poca información”. En esta línea, CESM Salamanca considera imprescindible que las Unidades Clínicas de Gestión tengan “una financiación suficiente”, que incluye “un sistema de incentivación presupuestado, y no vinculado a remanentes procedentes del ahorro, sino al cumplimiento de los objetivos marcados”. En objetivo, continúa Toranzo, es “presupuestar bien y gastar bien, y el mecanismo actual ni lo prevé ni lo permite”.

El Sindicato Médico tampoco ve con buenos ojos el “sistema de dirección previsto”, al considerar que no es “lo suficientemente participativo”. Desde el punto de vista del médico, explica el representante de CESM, “tiene que garantizarse su autonomía en el ejercicio profesional y un sistema de trabajo en equipo, no basado en órdenes”. Por todo ello, la organización mantiene su rechazo al decreto “mientras no se solucionen estas cuestiones”.

SINDICATO DE ENFERMERÍA (SATSE)

Una de las cuestiones que más preocupan a la organización sindical es que el sistema de dirección establecido para las UCG implique un “empoderamiento de otros profesionales en detrimento del enfermero”. También alerta del riesgo de que este sistema se convierta en un modelo “excesivamente economicista en el que sólo prime el ahorro”. A este respecto, el sindicato cita a Manuel Cascos, secretario provincial de SATSE Córdoba, quien explica que en Andalucía -donde las Unidades Clínicas de Gestión se implantaron hace 14 años- a este modelo “se le ha dado un énfasis tremendamente economicista, poniendo todo el acento en la cuestión presupuestaria”, lo que ha generado la introducción “de modelos de gestión privada” y en el que se pretende que los profesionales asuman los costes y el desgaste que supone el control del gasto sanitario, cuando ellos no están para eso”.

Por su parte, Silvia Sáez, secretaria autonómica de SATSE, explica que desde el primer momento la organización sindical ha expresado su rechazo a este modelo degestión, “que había experiencias previas en otras comunidades y los resultados nohan sido realmente positivos”. Así, comenta que en Andalucía “ha aumentado la conflictividad de forma importante, no se ha notado que las retribuciones a los profesionales no se hayan rebajado, ni que los índices de calidad del barómetro sanitario hayan mejorado”. De igual forma, Sáez subraya que en los dos servicios que acogen experiencias piloto (Cardilología del Clínico de Valladolid y Salud Mental en el hospital de Zamora) “ya se empiezan a ver los efectos de esta gestión: ha disminuido el número de enfermeras y ha desaparecido la figura de las supervisoras, y eso implica una reducción de la capacidad de gestión de la Enfermería, cuando nosotros entendemos que tiene que tener un papel activo en la gestión sanitaria”.