“El Ministerio de Hacienda advirtió dos veces por escrito a la Consejería de Sanidad de Castilla y León de que las oposiciones de Enfermería eran ilegales para que frenase el proceso antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, nadie lo paró, lo que provocó que Abogacía del Estado interpusiera el recurso en los tribunales que ha provocado la suspensión cautelar del examen convocado para dentro de una semana”.
Así lo asegura CSI-F en un comunicado en el que explica que la primera advertencia llegó “en mayo” como recurso administrativo contra la orden por la que se convocaba la prueba. “Las explicaciones de la Junta no resultaron convincentes, y el 26 de junio llegó un segundo aviso; en este caso, en forma de requerimiento, donde ya amenazaba con la vía judicial y exigía la anulación de las oposiciones, a las que se habían comenzado a presentar los aspirantes: 20.089. De nuevo las explicaciones autonómicas, basadas en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de Asturias no terminaron de convencer”, señala el sindicato.
Según indica la organización, no fue hasta el pasado 19 de octubre cuando la Abogacía del Estado materializó el recurso “ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del TSJCyL, con la petición de la suspensión cautelar del examen, que finalmente concedió el pasado jueves y provocó la paralización de todo el proceso”.
Para CSI-F, estas fechas son importantes, porque demuestran que, “atendiendo a las actas de las reuniones de la Mesa Sectorial, la última convocatoria corresponde al 14 de abril de 2015, ya que durante los meses de mayo y junio no hubo reuniones ni convocatorias, debido a que entrábamos en periodo de campaña electoral y la última fecha posible para la reunión de la Mesa hubiera sido el 7 de mayo, circunstancia que no se dio”. Así pues, añade, la Consejería de Sanidad “no comunico en las fechas mayo y junio que el Ministerio de Hacienda iba a impugnar la orden de la OPE de Enfermería”, por lo que es “imposible que se nos comunicara la posibilidad de impugnación de la citada orden por parte de la AGE, ya que ésta no se dirigió a la Consejería hasta el mes de mayo”.
“Falta a la verdad”
Con estas explicaciones, la organización considera que queda “meridianamente claro que el consejero falta a la verdad” cuando afirma que la convocatoria de oposiciones siguió adelante con el visto bueno de los sindicatos, “ya que en ningún momento, hasta el mes de septiembre, se nos comunica la posibilidad de la impugnación, y es en el mes de mayo cuando el consejero tiene por primera vez conocimiento de dicha actuación”. A este respecto, apunta que la comunicación que se ofreció “el día 22 de septiembre en Mesa Sectorial fue a título informativo, y en ella no se señala por parte de la Dirección General de Profesionales que es la AGE la que va a impugnar”, además de que esta información “no aparece en el acta correspondiente”.
Ante la situación creada tras la suspensión de la prueba, prevista para el 22 de noviembre, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios “exige y espera” que las administraciones sepan dar “una solución política” al problema “que ha indignado al sector de Sanidad, a todos los empleados públicos y al conjunto de la sociedad, como se ha evidenciado en la exitosa y multitudinaria concentración que se ha celebrado este mediodía ante la Consejería de Sanidad, en la que personas llegadas de toda la Comunidad han denunciado el atropello y la provocación que supone la suspensión de unos exámenes que significan más empleo y más recursos para mejorar la calidad del servicio sanitario público”.
CSI-F recalca que la respuesta de rechazo de los trabajadores sanitarios “es clara y contundente” ante lo sucedido, que ha sido “un jarro de agua fría”. Además, afirma no entender cómo el Gobierno central “permite unas oposiciones similares en algunos sitios, como en Asturias y Canarias, y en Castilla y León no”, y se pregunta: “¿Por qué este trato desigual?”. En relación a esto, el presidente autonómico de la organización sindical, Carlos Hernando, considera que el Tribunal Superior de Justicia ha tenido “poca sensibilidad”, pero confía en que los políticos “estén a la altura y ofrezcan una solución”.
Por ello, insta a las dos administraciones “a que busquen soluciones para que la celebración de las oposiciones de Enfermería sea una realidad cuanto antes, porque la asistencia sanitaria requiere de más profesionales para garantizar la calidad que merecen los ciudadanos, tras los años de recortes de la crisis”.
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