“El Brexit amenaza los derechos de los más de 300.000 ciudadanos británicos que viven en España y de los más de 129.000 ciudadanos españoles en Reino Unido para acceder a los servicios de salud y otros servicios sociales”. Así de contundente se ha expresado el profesor Andrew Rowland, de la British Medical Association (BMA), durante su participación en la IV Jornada Europea, organizada por la Organización Médica Colegial (OMC).
El doctor Rowland, miembro de la BMA, una organización médica que representa a 160.000 profesionales y estudiantes de Reino Unido, ha hecho un recorrido sobre el impacto del Brexit, en especial, en “la capacidad de los profesionales para proporcionar asistencia sanitaria a los pacientes”.
Tras poner de manifiesto la “amenaza” de los derechos tanto de los más de 300.000 ciudadanos británicos que viven en España, así como a los más de 129.000 españoles que viven en Reino Unido y miles de otras nacionalidades, ha dicho que el Brexit también es una amenaza para los más de 30.000 médicos del espacio europeo registrados en el país que proporcionan una “atención médica difícil de evaluar”.
El prestigioso Servicio Nacional de Salud (NHS) “no podría funcionar sin los 2.400 médicos italianos, los 1.300 españoles o cientos de médicos franceses y portugueses que trabajan actualmente en Reino Unido”, ha asegurado.
Tras poner de manifiesto que un número significativo de médicos del Área Económica Europea que trabajan en el NHS están considerando salir del Reino Unido, ha dicho que, “si esto ocurre, afectaría seriamente la atención de los pacientes en todo el país” y ha añadido que “aumentaría lo que a menudo ya son retrasos inaceptables para un tratamiento”.
También ha señalado que las restricciones a la libertad de circulación de los profesionales y su capacidad para ejercer mediante el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales “no solo perjudicaría al Reino Unido sino a toda Europa” y ha añadido que “los posibles efectos adversos del Brexit son bidireccionales y no simplemente una cuestión que afecte al Reino Unido u otros países europeos de manera individual”.
En este sentido, ha apuntado como ejemplo, las medidas de seguridad para los pacientes con el sistema de alerta europeo para conocer cuando un médico tiene prohibido el ejercicio profesional o las garantías en cuanto a la educación y formación médica.
Asimismo, ha hecho referencia a la incidencia en el sector de la investigación y la innovación médica, teniendo en cuenta que el 15% del personal académico de las universidades británicas procede de otros Estados miembros de la UE, así como el hecho de que el fin de la libre circulación “pondrá en peligro la investigación médica de alta calidad en Reino Unido y en la UE en su conjunto”.
Ha resaltado que la colaboración europea ha llevado a descubrir y desarrollar en el Reino Unido una cuarta parte de los 100 principales medicamentos recetados en el mundo, así como el desarrollo de la mayor canalización de productos de biotecnología en Europa.
Convencido de que las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE tardarán años en completarse, abogó para que las partes negociadoras -Parlamento Europeo, Comisión, los 27 gobiernos de los Estados miembros y el propio Gobierno del Reino Unido-, prioricen la protección de los pacientes y los profesionales sanitarios para para mantener la calidad de la asistencia médica en este periodo de transición.
“La profesión médica europea debe seguir trabajando para asegurar que sus intereses y los de los pacientes a los que sirve se mantengan en lo alto de la lista de prioridades de los negociadores”, ha afirmado.
Rowland ha pedido apoyo a sus colegas europeos para “asegurar el principio de neutralidad médica” durante las negociaciones con el objetivo de que el Brexit “no provoque daños colaterales para la salud d los pacientes”.
La OMC aborda el acceso a tratamientos innovadores
Los problemas de los sistemas sanitarios europeos entorno a el acceso a los tratamientos innovadores, así como la repercusión del Brexit en los profesionales y también en los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido, han centrado la IV Jornada Europea organizada por la Organización Médica Colegial (OMC) en la que han participado eurodiputados y representantes de organizaciones médicas de España, Reino Unido, Francia y Portugal.
El presidente de la OMC, Serafín Romero, ha sido el encargado de inaugurar esta IV Jornada en la que ha resaltado el hecho de que se aborden los “diferentes problemas que tienen los entornos sanitarios en Europa, en especial el acceso a los medicamentos”, así como diferentes aspectos que afectan a la profesión médica y, en especial, el Brexit y “cómo pueden repercutir en nuestros compañeros, en nuestros ciudadanos que están residiendo en Reino Unido y también a los ciudadanos británicos que están residiendo en España”.
Romero expuso que está IV Jornada es una continuidad de las celebradas en tres ediciones anteriores en las que se abordó la sanidad transfronteriza y la defensa del “papel de las organizaciones médicas Europas como autoridad competente ante una ley que garantizaba el libre movimiento de los ciudadanos con una atención sanitaria de equidad en todos los países”.
El papel de las asociaciones de pacientes, los tratados de libre comercio entre la UE y EE.UU y Canadá, con los “riesgos que conllevaban en el ámbito de la salud y de los sistemas sanitarios”, fueron otros de los temas abordados en anteriores ediciones. Hizo referencia también al tema central de la III Jornada: la Directiva de cualificaciones profesionales que hace necesario un Decreto que regule en España el desarrollo profesional para reconocer a los profesionales en su movilidad en el ámbito europeo. “No va a poder ser posible esa movilidad o ese reconocimiento de los profesionales si no lleva ese sello de haber hecho este desarrollo profesional”, afirmó.
Tras aludir a la Validación Periódica de la Colegiación que lleva a cabo el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el papel de las sociedades científicas, encargadas de recertificar las competencias de los especialistas, dijo que “estamos a la espera de que el Ministerio saque este Decreto que permita visualizar cómo va a ser este reconocimiento en España”.
Valores basados en derechos humanos y el servicio a las personas
Analizar si la UE ha sido capaz de “avanzar hacia una mayor integración de esa comunidad de solidaridad y valores basada en los derechos humanos y en servicio a las personas”, ha sido uno de los retos que la OMC se marcó para esta IV Jornada Europea, según el coordinador de la misma, Ricard Gutiérrez.
Aseguró que tras las elecciones de este año en Austria, Holanda y Francia y las futuras elecciones en Alemania en otoño, “gane quien gane”, “todo apunta en un sentido positivo a ese avance de la UE” y afirmó que la elección del presidente Trump y el Brexit han sido “un elemento cohesionador de los Estados miembros de la UE”.
Para Gutiérrez, en este proceso de redefinición europea, “los sistemas sanitarios de los Estados miembros, aunque con modelos diferentes, se enfrentan a retos parecidos: el envejecimiento de la población, la pirámide demográfica, las enfermedades crónicas, el aumento de los costes de las nuevas tecnologías, el aumento del coste farmacéutico, etc”, más teniendo en cuenta los años en que “la crisis económica ha repercutido negativamente en los presupuestos sanitarios de los diferentes países”.
En la IV Jornada han participado para hablar del acceso a los medicamentos Soledad Cabezón, eurodiputada del Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; Angela Blanco, de la DG de Salud de la Comisión Europea; Vannesa López, de la Fundación Salud por Derecho; Dr. Juan José Rodríguez Sendin, de la Asociación Por un acceso justo al medicamento, y Pablo Sánchez, director de Estudios de Farmaindustria.
Para hablar de la profesión médica en Europa, han participado el Dr. Miguel Guimaraes, presidente Ordem dos Médicos de Portugal; Dr. Patrick Bouet, presidente de la Ordre de Médecins de Francia; Dr. Andrew Rowland, de la British Medical Association del Reino Unido, y Andras Zsigmond, consejero político de la DG GROW E5, de la Comisión Europea.
Conclusiones
La decisión de financiar un medicamento con dinero público debe ser transparente y basarse en criterios de evaluación; el NHS de Reino Unido no podría funcionar sin los 2.400 médicos italianos, 1.300 españoles o cientos de médicos franceses y portugueses y el fin de la libre circulación tras el Brexit pondrá en peligro la investigación médica de alta calidad en el Reino Unido y en la UE en su conjunto son algunas de las conclusiones de la IV Jornada Europea de la OMC que se ha celebrado hoy.
El vicepresidente de la corporación, Tomás Cobo, quien ha sido el encargado de comunicar estas conclusiones a los asistentes, ha expresado su deseo de que esta Jornada “sirva para reforzar los intereses comunes de las cuatro entidades médicas de España, Reino Unido, Francia y Portugal” que han participado en ella y conseguir que lo expuesto en ellas “llegue hasta los europarlamentarios representantes de los respectivos países para influir en ese lobby”.
Ante el reto que supone para los Estados la complejidad de unos sistemas sanitarios cada vez más costoso, es preciso incidir en mantener el principio de equidad como base del mismo. Desde una perspectiva ética toda nueva terapia o tecnología útil, superior a la anterior, debería ser incorporada a un precio justo, siempre que no se comprometan otras necesidades de la sociedad.
Seleccionar la Tecnología y el medicamento más adecuado a las necesidades de cada paciente supone un ejercicio de elección clínica, ética y profesional, no una estrategia de ahorro o austeridad. Previamente y en la aprobación de nuevos medicamentos o nuevas tecnologías, debe garantizarse que representan alternativas eficaces y seguras, evitando la inclusión de aquellas que no hayan demostrado tales cualidades.
Más allá de las políticas de Estado, hace falta una visión global del medicamento que contemple necesariamente el valor terapéutico añadido (cuanto aporta en eficacia, efectividad y seguridad) y la creación de una Agencia independiente en la UE de evaluación de tecnologías y medicamentos.
La necesidad en inversión en I+D biomédica es muy importante para poder dar respuesta a todas las crecientes demandas que la genética nos abre en un nuevo paradigma de una medicina más precisa, por ello necesitamos de más inversión pública y también de la privada.
El Parlamento Europeo ha enviado unas recomendaciones, entre las que cabe destacar la adopción de medidas para reforzar la capacidad de negociación de los Estados miembros con el fin de conseguir unos precios de medicamentos justos, y la propuesta de una Directiva que regule el precio de los medicamentos.
La decisión de financiar un medicamento con dinero público debe ser transparente y basarse en criterios pertinentes de evaluación y en base a decisiones basadas en la evidencia científica y la mejor relación coste – efectividad.
Las políticas de fijación de precios y las políticas de reembolso dan a las autoridades una herramienta para poder controlar los precios y establecer así un parámetro clave de los gastos.
Entendiendo que la innovación farmacéutica ha contribuido a incrementar la esperanza de vida y la calidad de vida de las personas, es asimismo necesario proponer e investigar nuevos modelos de innovación alternativos a las patentes.
En términos prácticos, existen varias iniciativas que en los próximos meses serán muy importantes. Estamos en un proceso en el que se están revisando los sistemas de fijación de precios por parte de muchos países. La posición de Salud por Derecho es la de fijar un precio con un beneficio razonable. La OMS está trabajando por primera vez con países de Europa.
Conocer la posición de España sobre estas cuestiones y sobre el debate que está teniendo lugar en muchos foros internacionales es fundamental, así como el diálogo para avanzar en los cambios que son necesarios para cambiar el modelo actual.
El hoy y el mañana de la profesión médica en la UE
Cada día se hace más evidente el papel de las organizaciones profesionales, y la necesidad de diseñar y difundir nuevos procesos integradores de las organizaciones médicas europeas que carecen de un hilo conductor y objetivos concretos en éste momento, lo cual no hace más que diluir nuestra fuerza y defensa ante las instituciones europeas. El papel de las Ordenes Médicas como colaborador necesario con los Gobiernos ha de ser puesto en valor.
Las Órdenes Médicas han de tener una sola voz en el ámbito de la UE a la hora de defender estas premisas desde la profesión médica, y han de estar presentes, participar y ser escuchadas en todos aquellos asuntos en los que son competentes pensando en una Unión Europea como una verdadera unión política.
En éste proyecto común ya existen valores y compromisos de las Ordenes Médicas como las normas de Deontología y Ética Médica, los valores de la profesión, la solidaridad, el valor de los Sistemas Nacionales de Salud, la atención a los pacientes, el Buen quehacer del médico y la relación médico paciente que proponemos ha de ser considerada como Patrimonio inmaterial de la Humanidad.
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