Se ha producido un aumento de la privatización, en la provisión y en la financiación de nuestro sistema sanitario en general, especialmente importante a partir de 2009 (se ha pasado del 24,6% del gasto sanitario total en este año al 29,3% en 2017, según los datos de la OCDE) y también se han incrementado los conciertos, el aseguramiento privado y el gasto de bolsillo. Todas las Comunidades lo hacen, pero unas más que otras: Madrid y Cataluña, con el mayor grado de privatización; Extremadura y Castilla La Mancha, con el menor.
Ésta es la principal conclusión del sexto informe sobre la privatización sanitaria en las Comunidades Autónomas que hoy ha dado a conocer la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que recuerda como esta práctica ya comenzó poco después de de aprobarse la Ley General de Sanidad (1986) que propugnaba un molo de sanidad pública pero que dejó margen para las concesiones como las recogidas en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (1990) o el Informe Abril (1991).
Las privatizaciones se profundizaron y diversificaron a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se han acentuado en la última legislatura, en gran parte aprovechando la excusa de la crisis económica. El gasto sanitario privado se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años, pasando el 24,6% del gasto sanitario total al 29,2% (OCDE 2018), y ello se debe a una bajada continuada de los presupuestos destinados a la sanidad pública que han pasado de ser el 6,78% del PIB en 2009 al 6,23% en 2017 (OCDE).
A la vez se ha producido una derivación creciente de los fondos públicos al sector privado favoreciendo la búsqueda de las prestaciones que no se consiguen en la sanidad pública, lo que explica, por ejemplo, que los seguros privados sanitarios sean los que han tenido un mayor crecimiento ( en 2016, el 3,6% y el 5,07% en 2017) con un total de 11,51 millones de afiliados este ultimo año, y lo mismo ha sucedido con el gasto de bolsillo, que paso de ser el 19,5% del gasto sanitario total en 2009 al 24,2% en 2017.
Recortes y desigualdad
Los recortes han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y esto va unido, irremediablemtne, a una mayor desigualdad y a exclusiones porque solo acceden a estas fórmulas las personas con mas recursos.
La FADSP lamenta la falta de transparencia que complica obtener datos concretos de las administraciones sanitarias y mas aún si se pretende que sean homogéneos para todas las CCAA, pero han logrado unos resultados que coinciden con otras publicaciones semejantes sobre el aumento imparable de la privatización.
Aún así, la Federación quiere señalar algún motivo para la esperanza, como ha sido la reversión del hospital de Alzira el 1 de abril de 2018 a la red sanitaria pública. “Esta recuperación evidencia que la clave de la privatización/desprivatización sanitaria esta en la voluntad política de las administraciones públicas y sus gobiernos”, asegura y avisa que “los datos referentes a Andalucía son anteriores al último cambio de Gobierno, que ahora parece inclinarse por un aumento significativo del sector privado”.
Variables analizadas
Se evalúan aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos y utilización del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma. Solo se utilizan datos que se encuentran publicados y las fuentes disponibles (Ministerio de Sanidad, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística, Memorias de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, IDIS).
Las variables analizadas han sido las siguientes:
1) Porcentaje de población cubierta por Mutualidades de Funcionarios
2) Gasto en seguros privados per capita (€/año)
3) Gasto sanitario de bolsillo per capita (€/año)
4) Porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total
5) Porcentaje del equipamiento de alta tecnología en hospitales privados sobre el total
6) Porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados
7) Numero de consultas anuales a especialistas del sector sanitario privado
8) Numero de consultas anuales al medico de cabecera en el sector sanitario privado
9) Presencia de modelos de colaboración público- privada
Los ocho primeros apartados se han puntuado de 1 a 4 según la posición de cada comunidad en los cuartiles de cada variable, considerando el mas bajo el de menor puntuación. La variable 9 se ha puntuado asignando un punto a aquellas CCAA donde existen estos fenómenos y 0 a aquellas en las que están ausentes. Las variables 7 y 8 se han incluido por primera vez en este Sexto Informe y complementan la utilización del sector privado en cuanto a consultas externas y consultas del medico de cabecera.
De acuerdo a estos criterios se han puntuado a todas las CCAA, obteniendo un resultado promedio de 19,58 puntos con una DS de 4,92 (rango entre 12 y 31 puntos), sobre un máximo de 37 puntos posibles, con una ratio máximo/mínimo de 2,58.
Después de calcular los percentiles de los resultados obtenidos, se clasifican las CCAA en tres grupos: alto grado de privatización (igual o mayor al percentil 75 = 23), privatización intermedia (entre percentil 25 y 75) y bajo grado de privatización (menor del percentil 25=16,5)
CCAA con un elevado grado de privatización:
• Madrid 31
• Cataluña 29
• Baleares 25
• Canarias 24
• País Vasco 24
CCAA con un grado intermedio de privatización:
• Castilla y León 20
• Valencia 20
• Galicia 19
• Murcia 19
• Navarra 19
• Aragón 18
• Cantabria 18
• La Rioja 18
CCAA con bajo grado de privatización:
• Asturias 16
• Andalucía 15
• Castilla la Mancha 13
• Extremadura 12
Si comparamos la clasificación en los 6 informes, teniendo en cuenta que en los 5 primeros años se analizaron las mismas variables y en este ultimo se incluyen 2 mas), se observa que los dos primeros puestos están siempre ocupados por Madrid y Cataluña y Baleares permanece los 5 años en el grupo de elevado grado de privatización. Canarias y País Vasco se incluyen en este grupo y en el mismo puesto que el año anterior. En el grupo con menor nivel de privatización se mantienen Extremadura y Castilla la Mancha a lo largo de losa ños variando su posición y se incorporan Asturias y Andalucía. Otros movimientos en la tabla destacables son: Aragón y Navarra bajan 4 puestos y La Rioja 2. Suben: Valencia (6 puestos), Murcia (4) y Castilla y León y Cantabria (3).
Si comparamos los datos de 2019 con los de 2015 (cuando se inicio la ultima legislatura en la mayoría de las CCAA) se observa que en el grupo de las mas privatizadas permanecen tres, habiéndose incorporado dos mas, y en el se encuentra 2 CCAA gobernadas por el PP, 2 con gobiernos nacionalistas y una con gobierno de izquierdas. Por el contrario las 4 CCAA del grupo de menor privatización todas tenían gobiernos de izquierdas.
Pero la privatización ha aumentado en todas las CCAA y el resultado y los movimientos en la clasificación solo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado en cada comunidad autónoma en concreto.
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