Las personas que están en situación de pobreza energética tienen el doble de mala salud percibida y el doble de mala salud mental. En España (2016), un 23.9% de la población general reportaba tener un mal estado de salud, este porcentaje aumentaba hasta el 43.3% en las personas que viven en situación de pobreza energética. En cuanto a la salud mental, en 2016, un 4.7 de la población española presentaba síntomas de depresión, porcentaje que aumentaba hasta el 10.7% en las personas que viven en pobreza energética.
Hablar de pobreza energética es hablar de un complejo problema social con una importante repercusión en la salud. Se trata de hogares que no pueden alcanzar un nivel de consumo doméstico de energía suficiente para satisfacer las propias necesidades del hogar y para llevar una vida social efectiva. En estas situaciones interaccionan ingresos bajos, facturas elevadas o viviendas energéticamente poco eficientes.
Este I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y de la Asociación Portuguesa de Epidemiología (APE) ha abordado este tema con la participación de nueve investigadores que han hablado de los efectos de la pobreza energética en la salud, de qué grupos se ven más afectados y de intervenciones para reducir este importante problema de salud pública.
Una mesa que han moderado Laura Oliveras y Marc Marí-Dell’Olmo, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que ha liderado el Proyecto PENSA, dedicado a estudiar la relación entre la pobreza energética y la salud para poder actuar.
La pobreza energética debe abordarse no sólo con un enfoque técnico, sino también como una cuestión de justicia social, con políticas que tengan en cuenta los factores estructurales, que podrían conducir a mejoras en salud. “Los servicios energéticos no deben entenderse como una mercancía sino como un bien básico para las personas”, explica Marc Marí-Dell’Olmo.
Entre los grupos más vulnerables se encuentran aquellas personas con reducidos ingresos por percibir salarios bajos o por estar en desempleo, personas en situación de inseguridad residencial, los hogares monoparentales y, las personas mayores, los niños y quienes tienen enferme-dades crónicas o situaciones de dependencia por sus necesidades específicas y por pasar más tiempo en casa.
La pobreza energética lleva a las personas que la sufren a limitar el consumo de energía por debajo de lo que se considera aceptable impidiendo, entre otras, mantener una temperatura adecuada en el hogar; reducir gastos en comida o incluso endeudarse para pagar facturas, y en algunos casos a conectarse de forma irregular a los suministros generales.
Servicios esenciales para la vida
Para buscar soluciones a este problema, Laura Oliveras recuerda que es necesario “atacar los determinantes más estructurales de la pobreza energética. Los suministros de agua, gas y electricidad son esenciales para la vida, la salud y el bienestar de las personas”.
En este sentido, Marc Marí-Dell’Olmo apunta que se debería actuar para “mejorar la eficiencia energética de los edificios, ya que hay un elevado número de viviendas antiguas con muchas deficiencias que podrían mejorar con la rehabilitación y las intervenciones en aislamientos que, además, pueden ayudar a mitigar las emisiones de CO2”.
De cara a la actuación sobre la pobreza energética y evitar sus repercusiones en salud, actual-mente se dispone ya de mucha información y se puede incidir desde la política, “hay evidencia para que se puedan diseñar políticas públicas basadas en la evidencia”, explica Laura Oliveras.
Algunos estudios han demostrado ya que la crisis económica de 2008 causó un aumento en el porcentaje de personas en situación de pobreza energética y en su impacto en la salud de las personas. A las puertas de una nueva crisis producida por la pandemia del SARS-CoV-2 es im-portante tenerlo en cuenta para que no vuelva a suceder.
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