Profesionales

Al volante de un Jeep o a lomos de una burra, Rafael Nájera (Córdoba, 1938) comenzó, junto con Florencio Pérez Gallardo, la Campaña de Vacunación Antipoliomielítica, la lucha del país contra esta enfermedad. Era 1963, los medios eran muy escasos o incluso «ridículos», pero suponía el primer acontecimiento de integración social tras la guerra civil. «La colaboración fue total. Fue un movilizador de afectos y solidaridades, especialmente importante en los pueblos para proteger a los niños», recuerda.

Al igual que han hecho estos días diferentes sociedades científicas y la organización colegial enfermera, la asamblea general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha solicitado este fin de semana la retirada del real decreto que permite contratar a profesionales sin título de especialista para hacer frente a las necesidades de personal que plantea la pandemia de COVID-19.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en colaboración con los colectivos autonómicos de afectados de COVID-19 persistente de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Valencia (Long Covid ACTS), está elaborando un protocolo de atención para dar respuesta a las necesidades que plantean los afectados por esta enfermedad.

Un total de 55 sociedades científicas nacionales que representan a más de 170.000 profesionales sanitarios han emitido un decálogo en el que, bajo el título En la salud ustedes mandan, pero no saben, insisten en cómo debe afrontarse la pandemia de COVID-19 en España «ante el creciente número de nuevos casos, la presión asistencial a la que se están viendo sometidos numerosos centros hospitalarios y las medidas restrictivas que se están abordando en distintas zonas del país».

(Ampliación).- La Sociedad Castellano Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (SocalemFYC) valora como «un riesgo para el sistema de salud y para la salud de la población en general» el Real Decreto-Ley para la contratación de profesionales sanitarios para hacer frente a la COVID-19, aprobado en el último Consejo de Ministros. Agamfec también muestra su rechazo a las medidas urgentes en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, mientras que para el Consejo General de Enfermería el nuevo real decreto ley en materia de recursos humanos sanitarios no va a mejorar el gravísimo problema de déficit de enfermeras que sufre España, agudizado por la pandemia.

Hasta este sábado, 3 de octubre, más de 270 profesionales de Neumología, Cirugía Torácica y Enfermería se reúnen virtualmente en el XXVII Congreso de la Sociedad Valenciana de Neumología (SVN) para actualizar conocimientos y prácticas en el tratamiento y seguimiento de las principales patologías pulmonares.

El Foro Profesional, integrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); el Consejo General de Enfermería (CGE); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y el Sindicato de Enfermería (SATSE), se ha reunido hoy para abordar la difícil situación a la que se está enfrentando nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) por la expansión de la Covid-19, y ha lamentado la falta de búsqueda de diálogo y acuerdo del ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los representantes de los profesionales sanitarios.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha presentado este miércoles, 30 de septiembre, el Año SEPAR 2020-2021 por la Calidad del Aire, Cambio Climático y Salud, con el apoyo de tres ministerios: el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El objetivo de este nuevo año de sensibilización promovido por SEPAR es poner de relevancia la necesidad de mejorar la calidad del aire y cuidar el medio ambiente para preservar la salud.

El Foro de la Profesión Médica se ha visto obligado a desmentir las declaraciones de algunos responsables políticos en los últimos días que señalaban a la falta de médicos en España como causa de los problemas de contratación para afrontar la situación actual por la pandemia. Lo hace, además, exigiendo una planificación exhaustiva de las necesidades de recursos humanos con un plan de contingencia adecuado en el que reclaman la participación de los profesionales, puesto que han sido numerosas las ocasiones en las que han planteado posibles soluciones y han mostrado su disposición a colaborar sin que hayan sido escuchados. 

Asociaciones de víctimas del amianto procedentes de toda España, así como diversas organizaciones ecologistas y sociedades médico científicas instan al ejecutivo español a crear un grupo de trabajo interministerial para desarrollar una Ley Integral del Amianto, ante la lacra que ha supone la exposición a este material, que se ha cobrado más de 70.000 vidas en España y se espera que se duplique esta cifra en las próximas décadas.