Hacia un pacto de estado por la sanidad

Para el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, “la próxima legislatura tiene que ser la que verdaderamente sirva para conseguir un gran acuerdo que saque la sanidad de la confrontación política, porque para la ciudadanía, mantener y mejorar en lo posible su sistema de salud es una prioridad básica”.

A su juicio, este pacto de Estado en sanidad debe alcanzarse contando con todas las partes implicadas, empezando por los pacientes, que deben estar siempre en el centro del sistema, así como con los profesionales sanitarios, gestores públicos y privados y por supuesto, los responsables políticos.

Para el Círculo de la Sanidad, uno de los principales desafíos a los que el SNS tiene que hacer frente es en realidad una buena noticia, puesto que se trata del aumento de la esperanza de vida. “Es muy positivo, el gran fruto de la enorme calidad de nuestro sistema de salud, que tengamos una de las mayores esperanzas de vida de todo el mundo. Esto no ha sucedido por azar. Pero este éxito obliga al sistema a reorganizar determinados aspectos de su funcionamiento con el fin de atender el aumento de la demanda asistencial que ocasiona el paulatino envejecimiento de la población y el incremento de la cronicidad”, resalta el presidente del Círculo.

Junto a este desafío, derivado del cambio demográfico en España y que está detrás de otros retos como el futuro de las pensiones, el Círculo de la Sanidad advierte de que el pacto de Estado debe centrarse en temas muy concretos que contribuyan a hacer viable que a medio y largo plazo se pueda seguir disfrutando de una atención igual, o incluso mejor.

Para ello, la entidad destaca la relevancia de medidas de racionalización del gasto, para aprovechar al máximo cada euro de la ciudadanía. “La solución no pasa por recortar, porque el SNS necesita recursos suficientes, pero sí que cuando se pueda ahorrar coste en la atención de una determinada patología o se pueda acortar una lista de espera mediante la colaboración público-privada, se haga. Siempre que se garantice la máxima calidad, la gratuidad y la universalidad en la atención, los políticos están obligados a aprovechar todo lo posible los fondos públicos, que no debemos olvidar que son de todos”, expone Ángel Puente.

Equidad territorial

Por otro lado, el Círculo de la Sanidad insta al próximo Gobierno que se configure tras las elecciones a luchar contra la falta de equidad territorial que existe en España, ya que dependiendo de la comunidad autónoma en la que un ciudadano reside, en determinados casos puede tener acceso a un tratamiento o no. Para ello, es esencial crear una cartera básica de servicios comunes que se garantice en todas las autonomías e incrementar la dotación presupuestaria del Fondo de Cohesión Sanitaria.

Otra de las cuestiones que el Círculo considera que se deben abordar con la mayor celeridad posible es la reducción del IVA de productos y servicios sanitarios, que en muchos casos están gravados al 21%, como si se tratara de bienes de lujo. Así, urge reducir el IVA del equipamiento sanitario como los ecógrafos; productos como las sondas o los catéteres, y servicios como la seguridad, la logística y la limpieza, entre otros.

Asimismo, la organización hace un llamamiento para que en los próximos años el sistema apueste de manera decidida por una modernización de su equipamiento tecnológico, algo que los centros privados sí han podido hacer durante la crisis, y que los públicos, por la contención del gasto, han tenido que poner en un segundo plano. “Es el momento de renovar y actualizar para que España pueda seguir a la vanguardia”, recalca Puente.

“Terminamos ahora una legislatura marcada por una importante inestabilidad política, lo que ha obligado a que la sanidad, junto a otros temas esenciales para la ciudadanía, no haya podido estar en el centro de la agenda pública. En pocas fechas vamos a iniciar una nueva legislatura que ahora sí, debe centrarse en las cuestiones que afectan a la población en su día a día, y no cabe duda de que la salud es una de ellas”, concluye el presidente del Círculo.

Tabaquismo y contaminación están asociados a una elevada morbimortalidad

En estos primeros días de campaña electoral, a las puertas de nuevas elecciones generales y europeas, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) hace un llamamiento a todos los partidos políticos para que tengan en cuenta e incluyan en sus programas políticos medidas que ayuden a frenar y combatir el tabaquismo y la contaminación ambiental.

Ambos son dos importantes factores de riesgo en el desarrollo de enfermedades muy prevalentes, no solo del ámbito respiratorio. Además están asociados a un elevado coste en vidas humanas. “Se estima que el tabaquismo causa en España cerca de 60.000 muertes anuales y la contaminación llega a causar 10.000. Pero conviene recordar que una persona que no fume y viva en contacto continuo con altos niveles de contaminación es equiparable a que fumase entre 5 y 10 cigarrillos diarios”, apunta el Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz, presidente de SEPAR.

En el ámbito del tabaquismo, SEPAR recuerda que es necesario seguir impulsando la legislación contra el tabaco con medidas como la creación de un paquete genérico, el desarrollo de campañas poblacionales de información y concienciación sobre el tabaquismo, la financiación pública del tratamiento farmacológico del tabaquismo, y potenciando el cumplimiento de la actual legislación, entre otras.

En cuanto a la contaminación ambiental cabe tener en cuenta que en España, el 35% de la población respira aire contaminado, la gran mayoría en las grandes ciudades y núcleos industriales, por lo que el reto para los profesionales de la salud respiratoria es conseguir un aire más limpio con mediadas que frenen la emisión de gases y partículas contaminantes, reduciendo el tráfico rodado, favoreciendo el uso del transporte público e impulsando el desarrollo de energías renovables y la creación de espacios verdes en las grandes ciudades.

SEPAR propone medidas concretas para frenar el incremento del tabaquismo

La preocupación de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica sobre la necesidad de seguir legislando contra el consumo de tabaco se ha basa en los datos del Estudio EDADES que muestran que el consumo de España de drogas se ha estabilizado excepto el cannabis y el tabaco. En 2017, el 69,7% de la población de 15 a 64 años reconoce haber fumado alguna vez en la vida, el 40,9% en el último año, el 38,8% en el último mes y el 34% diariamente en el último mes, lo que significa 3.6 puntos porcentuales más que en el 2011. Además la encuesta señala también que 2 de cada 3 fumadores se ha plantado dejar de fumar y de estos 2 de cada 3 lo han intentado. En cuanto al cigarrillo electrónico EDADES muestra que el 8,8% de la población de 15 a 64 años lo ha usado alguna vez el 1,5% en el último mes.

Por todo ello instamos a los políticos a tener en cuenta las medidas mas eficaces frente al tabaquismo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) resume en la iniciativa MPOWER: Monitorizar y medir el consumo de tabaco, proteger a la población del humo del tabaco, ofrecer ayuda para el abandono del tabaco, ‘warning’ o advertir de sus peligros, ‘enforce’ o prohibir la publicidad del tabaco y ‘raise’ o subir los impuestos del tabaco”, explica el Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz, y añade: “La forma recomendada de implementar esta medidas es mediante leyes, redactadas de forma correcta, vigiladas de forma adecuada y sancionadas de forma proporcionada”.

En relación a estas medidas, cabe recordar que recientemente SEPAR ya propuso al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social cinco medidas para controlar el tabaquismo, que son: incrementar el precio del tabaco, implantar el empaquetado genérico, facilitar el abandono del consumo de tabaco a los fumadores, extender la regulación del consumo de tabaco a otros espacios públicos y vigilar y controlar el cumplimiento de la actual Ley nacional del consumo de tabaco en lugares públicos.

El tabaco como contaminante medioambiental

Finalmente, SEPAR recuerda también que el tabaco es causante de un doble impacto ambiental como cultivo y como desecho. “Es este un aspecto del que ni los fumadores, ni los ciudadanos en general, ni los responsables de políticas ambientales son conscientes”, reconoce el Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz.

Según un informe de la OMS las plantaciones de tabaco y su curado posterior tienen un innegable impacto en la agricultura, en los bosques, en el medio ambiente en general y en la salud de quienes lo cultivan. La planta del tabaco necesita grandes cantidades de productos químicos y reguladores del crecimiento, lo que resulta nocivo para el medio ambiente, empobrece el suelo, conduce a la desforestación y perjudica la salud de los granjeros locales de países subdesarrollados. La deforestación ocurre porque los bosques son sustituidos por tabaco y para el curado de sus hojas.

Se ha estimado que se necesitan 11,4 toneladas métricas al año de bosque para el curado de las hojas de tabaco. Además, una vez que se ha producido el tabaco, aún se necesita más bosque para el empaquetado y el papel de cada cigarrillo. Esta deforestación contribuye a un aumento de emisiones de CO2, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertización, el aumento de la erosión del suelo, y altera el ciclo del agua.

Por otra parte, hasta dos tercios de las colillas del tabaco acaban en el medio ambiente. De estas colillas no sólo son un problema los residuos tóxicos, sino también los productos químicos tóxicos que contienen y que acaban como basura en las calles, desagües, ríos y mares.

Cumplir la normativa europea imprescindible para frenar la contaminación en las ciudades

En España, el 35% de la población respira aire contaminado, y se producen en torno a 10.000 muertes al año relacionadas con todos los contaminantes atmosféricos, a pesar de lo cual grandes ciudades como Madrid y Barcelona, siguen incumpliendo sistemáticamente la normativa europea referente a la contaminación ambiental.
“Aunque los contaminantes del aire son, a menudo, invisibles, sus efectos pueden ser muy graves.

Entre los efectos inmediatos figuran “la irritación de las vías respiratorias, la disnea o dificultad para respirar y una mayor probabilidad de sufrir un ataque de asma, pero además ya ha quedado demostrado que tiene importantes efectos a largo plazo y que la contaminación del aire es un carcinógeno de primer orden” apunta el Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz.

Además del cumplimento de la legislación, SEPAR apunta que aunque la contaminación ambiental es un problema global que precisa soluciones globales se pueden implementar mediadas como limitar el uso de combustibles contaminantes, aumentar zonas verdes y los espacios seguros para los peatones, reducir las emisiones de vehículos, ampliar el transporte público e informar y educar a la población.

Autismo España presenta las demandas del colectivo

En España, hay más de 450.000 con trastorno del espectro del autismo (TEA), cifra que se eleva a casi un millón y medio de personas vinculadas a este tipo de trastorno si tenemos en cuenta también el impacto que produce en sus familias. Muchas de estas personas experimentan discriminación en muchas áreas de su vida, viendo sus derechos vulnerados en una sociedad que no garantiza de manera efectiva su inclusión social.

En este sentido, desde Autismo España piden que los representantes políticos que resulten elegidos en las próximas elecciones generales se comprometan a:

– Aprobar el Plan de Acción de la Estrategia Española en TEA, con los recursos necesarios para el desarrollo de las actuaciones y el presupuesto asociado a las mismas, tal como se recoge en el punto 5.2 de dicha estrategia.

– Poner en marcha un órgano específico de investigación y formación en TEA, destinado a promover el conocimiento, desarrollo e innovación en TEA, centralizando y coordinando en red, la generación y transferencia de conocimiento acerca del trastorno, con la participación continua y activa del tejido asociativo en su planificación y gestión.

– Elaborar una Estrategia que garantice la detección precoz en las personas con discapacidad en general, y de manera específica en las personas con TEA, en los diferentes contextos (educativo, sanitario y social), y en todo el territorio español, así como el acceso a una valoración diagnóstica especializada realizada por un equipo interdisciplinar, gratuita y en el menor tiempo posible, en todas las etapas de la vida.

– Garantizar el acceso a una atención temprana desde el nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con TEA, riesgo o sospecha de presentarlo, así como los apoyos para el desarrollo infantil hasta los 12 años, a través de una atención interdisciplinar, especifica y basada en la evidencia.

– Garantizar una red variada, suficiente y especializada de servicios, recursos y centros educativos en todos los territorios, que dispongan de los medios necesarios para facilitar una educación de calidad, individualizada y centrada en la diversidad y necesidades de cada persona con TEA, manteniendo, flexibilizando e innovando en las modalidades de escolarización de manera que maximicen el éxito educativo, el desarrollo personal y la inclusión social, garantizando el derecho a la libre elección de la modalidad de escolarización por parte de los padres o los representantes legales, o al propio alumno/a si éste es mayor de edad.

– Poner en marcha medidas que favorezcan el acceso de la persona con TEA al empleo y a la vida independiente, fomentando la modalidad de empleo con apoyo y promoviendo la modificación de la normativa correspondiente (Ley 43/2006, Real Decreto 870/2007 y Real Decreto Legislativo 5/2015)

– Implementar apoyos adecuados y específicos para las personas con TEA en proceso de envejecimiento y medidas que favorezcan la permanencia de la persona con TEA en su entorno de residencia después de los 65 años o que faciliten la elección de la misma.

– Tener en cuenta las especificidades de las personas con TEA a la hora de aplicar la variable de discapacidad en la normativa aprobada, conforme a los criterios diagnósticos vigentes (DSM 5 y CIE 11).

– Asegurar la atención integral y específica a la salud de las personas que forman parte de este colectivo, a través de la creación de Unidades especializadas de atención y protocolos específicos de intervención, que contemple la coordinación de los equipos multidisciplinares.