El Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, como órgano de contratación, ha publicado este miércoles un acuerdo-marco para llevar a cabo la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual para el Sistema Nacional de Salud y otras instituciones del Estado. El objetivo, según el compromiso adquirido, es contar con una reserva estratégica de estos productos para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la COVID-19.
En concreto se adquirirán, en un plazo de dos años, 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción. Dicha cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes. El importe económico total del citado acuerdo marco alcanza los 2.431.793.480 € con IVA y prórroga incluidos. Tiene, por lo tanto, una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año.
Los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado y previa consulta a los servicios de salud de las CCAA. Por lo tanto, las empresas, podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación.
Cabe destacar que al ser un procedimiento agregado para todo el Estado se calculan unos ahorros en el entorno de los 300 millones de euros. El acuerdo marco tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por otro más. Por lo tanto, las cantidades reflejadas son las máximas posibles, contando con la posible prórroga.
Tramitación de emergencia
La licitación, con sus correspondientes pliegos administrativos y técnicos, se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público así como en el Portal de Contratación Centralizada del INGESA. Igualmente se comunicará a través de las principales asociaciones empresariales de los sectores implicados.
La tramitación es de emergencia por lo que los plazos se acortan dado que el objetivo es que, una parte importante del material adjudicado, esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre.
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