El Sindicato de Enfermería de Castilla y León (SATSE) ha denunciado que la Junta va a destituir a los profesionales que desde 2007 realizan las evaluaciones de dependencia en la Comunidad, “entre ellos fisioterapeutas, para contratar a 68 trabajadores sociales, pese a que esos profesionales han sido los artífices de que Castilla y León sea la región española con mejor nota en el Observatorio Estatal de la Dependencia desde 2011”.
Según explica la organización en una nota de prensa, la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hizo que en la Comunidad se contratase a 32 profesionales de varias categorías para hacer las valoraciones de dependencia con un contrato por obra y servicio que firmaron en 2007 y cuya finalización estaba prevista en 2011, una vez que comenzara la evaluación del Grado 1. Hace cuatro años comenzó a valorarse este grado de dependencia, hasta que en 2012 se publicó un decreto por el que su desarrollo se posponía al 1 de julio de 2015, sin que estos profesionales finalizaran entonces su contrato.
“Desde 2007, estos profesionales han puesto en marcha todo el Servicio de Atención a la Dependencia, han evaluado unas 62.000 solicitudes, están formando a valoradores de toda la Gerencia de Servicios Sociales y han sido mencionados en todos los foros por su buen hacer, ya que, como se recordará, desde el año 2011, Castilla y León figura a la cabeza de España en el Observatorio Estatal para la Dependencia, informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales”, destaca SATSE.
Sin aviso previo
Pese a ello, señala el sindicato, “la Gerencia les cesará a partir del 1 de julio sin ningún tipo de aviso -se están enterando de su cese porque les deniegan las vacaciones- y, a cambio, va a contratar a 68 trabajadores sociales, según palabras del propio gerente regional de Servicios Sociales”. De este modo, por ejemplo, “en León hay un equipo formado por cinco profesionales (tres trabajadores y dos fisioterapeutas) que se va a quedar exclusivamente con dos trabajadores sociales”.
La organización sindical critica esta decisión, primero, porque “la obra y servicio por la que se les contrató no ha concluido, y en segundo lugar, porque las valoraciones de los usuarios de la Ley de Dependencia deben contener informes sanitarios que en ningún caso pueden realizar trabajadores sociales, sino personal sanitario, como los fisioterapeutas”.
Para SATSE, la decisión de prescindir de estos profesionales, “además de hacerse de forma oscurantista, supone un menosprecio al gran trabajo que han desarrollado en estos años, alabado incluso por la propia Gerencia de Servicios Sociales con su gerente al frente, y puede tener repercusiones graves para la propia atención a los usuarios”.
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