Todos los grupos políticos de la oposición, excepto Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados han firmado hoy el Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal. PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria y EH-Bildu han suscrito este acuerdo a propuesta de un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) formada para denunciar la reforma sanitaria acometida por el Gobierno del Partido Popular hace ahora cinco años.
Los partidos firmantes se comprometen a adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho.
“Hoy estamos aquí representantes de las organizaciones sanitarias, sociales, sindicales y políticas para intentar poner fin a una injusticia que dura ya demasiado tiempo. La reducción de la cartera básica de servicios, el aumento de los copagos y la exclusión sanitaria de diversos colectivos –entre los que destacan las personas migrantes en situación irregular– son medidas que se han ensañado con los sectores más vulnerables de la población y que han provocado un incremento de las desigualdades en salud en España sin precedentes”, ha declarado José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, en representación de todas las organizaciones firmantes.
En los cinco años transcurridos desde que el Gobierno del Partido Popular acometiera su última reforma sanitaria, las entidades promotoras no han dejado de luchar por revertir un cambio de modelo del sistema sanitario que fue impuesto sin debate público, sin aportar ninguna memoria económica que justificara los recortes adoptados y que ha sido criticado por numerosos organismos internacionales de derechos humanos, según los promotores de esta iniciativa.
873.000 tarjetas retiradas
Esta reforma, que dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, -el propio Ejecutivo cifró en 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas- vino acompañada de profundos recortes en la inversión pública en salud, que alejaron a España de la media europea y han empeorado las condiciones laborales de los profesionales y la calidad del servicio.
Las acciones de resistencia, objeción de conciencia y denuncia de la sociedad civil frente a la exclusión sanitaria han contribuido de forma determinante a que la mayoría de las comunidades autónomas hayan adoptado mecanismos para paliar lo que de otra manera tenía visos de convertirse en una auténtica crisis humana. En este proceso han contado con la colaboración y el compromiso de los partidos de la oposición, que desde el Congreso y aquellas comunidades en las que gobiernan han luchado desde el principio por revertir la situación.
El Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal lo han suscrito las principales organizaciones profesionales sanitarias, como las Sociedad Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (Semergen) o la Asociación de Enfermería Comunitaria. También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO).
Además, están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y plataformas autonómicas pro sanidad universal, como PASUCAT en el ámbito de Cataluña y ODUSALUD en la Comunidad Valenciana.
Entre las ONG de derechos humanos más destacadas han firmado el acuerdo Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo. Y por parte de las organizaciones de personas migrantes -uno de los colectivos más afectados por la reforma sanitaria- figura la asociación ARI-PERÚ.
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