El movimiento social de la discapacidad en Castilla y León, representado por el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI CyL), se ha sumado a la campaña nacional iniciada para instar a todas las administraciones públicas a que actúen “con contundencia contra los entramados de juego ilegal que usan como coartada social la imagen de personas con discapacidad”.
Según destaca la organización, estas actividades suponen, en realidad, “un fraude a los consumidores, y dañan de modo irreparable las actividades de juego genuinamente social, como el de la ONCE”.
En este sentido, CERMI CyL ha denunciado “la tolerancia culpable de los poderes públicos -estatal y territorial- con la lacra del juego ilegal que viene actuando durante décadas al margen del ordenamiento jurídico, sin que sus promotores sean perseguidos y sus actividades clausuradas y desmanteladas de raíz”.
Ante esta “generalizada inactividad” de las administraciones, recuerda “el deber inexcusable de todas las autoridades públicas de hacer cumplir la legalidad, lo que significa actuar penal, gubernativa y administrativamente contra las redes de juego ilegal que usan a las personas con discapacidad como pantalla pretendidamente social, pero que solo sirven a intereses particulares inconfesables”.
Contra la Organización Impulsora del Discapacitado (OID)
En especial, el movimiento organizado de la discapacidad emplaza a las administraciones “a clausurar y desmantelar la denominada Organización Impulsora del Discapacitado (OID), el principal entramado de juego ilegal en España, sobre el que pesan multitud de sentencias, resoluciones administrativas y expedientes sancionadoras, declarando su absoluta ilegalidad y que, no obstante, sigue operando a sus anchas, ante la pasividad de los poderes públicos competentes”.
Para acabar con esta inacción, CERMI CyL, al igual que el resto de comités autonómicos, se adhiere y respalda las movilizaciones de UTO-UGT, el sindicato mayoritario de la ONCE, que ha puesto en marcha la campaña El juego ilegal NO es un juego, que se desarrollará en todas las comunidades autónomas con marchas, concentraciones y actos de denuncia exigiendo la actuación urgente y contundente de las administraciones.
“Tolerar el mantenimiento y expansión, como hasta ahora, del juego ilegal no es solo una burla hiriente del Estado de Derecho y un quebranto de los intereses de los consumidores, sino que supone un daño irreparable al sector de la discapacidad, al socavar el espacio social y económico de la ONCE, el primer sostenedor privado de este movimiento social”, concluye el CERMI.
Según ha explicado UTO-UGT, en el conjunto de las comunidades autónomas había, a finales de 2014, “un total de 22 asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles”, para lo cual utilizaban a 3.592 colaboradores, “todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales”, sumando unas ventas totales estimadas de más de 82 millones de euros en ese año”.
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