(Actualización) “El 100% de las residencias no disponen del personal necesario, pero estamos garantizando que la atención sea la adecuada”, ha asegurado la consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco, sobre la situación de estos centros en los que poco a poco se van controlando las dificultades padecidas debido a la pandemia del coronavirus.
Tras intervenir en la gestión de tres residencias privadas, la Junta acaba de informar de una cuarta intervención en el centro privado Reina Amalia II en Briviesca (Burgos) para garantizar la atención a los residentes. Así, las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y Sanidad han decidido trasladar a nueve personas a la residencia pública D. Francisco Hurtado de Mendoza y Dª María Mardones ubicada en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, para aligerar así la carga asistencial del centro de Briviesca y poder dispensar la atención a los mayores con la plantilla actual, que atenderá ahora a los 20 residentes que se quedan.
Las otras residencias privadas intervernidas hasta ahora han sido Valle del Cuco, ubicada en Adrada de Haza (Burgos), Caracillo en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y El Roble en Caboalles de Abajo (León).
Para garantizar el personal necesario, la Junta sigue recurriendo a las bolsas de empleo y a otras empresas y “también hay más de 400 voluntarios y en algunos casos se desplazan a los ancianos para que puedan ser atendidos en otros centros”, ha explicado la consejera.
Un día a día complejo en estas residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas de Castilla y Léon donde se está avanzando en un estudio pormenorizado con test masivos en residentes y trabajadores para proceder a un correcto aislamiento de todas las personas que presenten síntomas. Ya se han monitorizado el 100% de los centros con casos y se avanza en el resto: de los 1.214 existentes en 241 ha habido fallecidos, y en 105 de ellos, se han registrado más de cinco víctimas mortales.
En total, desde el 14 de marzo cuando se declaró el estado de alarma, han muerto 905 residentes con COVID-19 confirmado y 1.051 con síntomas compatibles con la enfermedad, como puede apreciarse en el gráfico adjunto, donde se especifica el lugar del fallecimiento y todos los datos registrados en cada provincia.
A pesar de las dificultades que se van solventando, Isabel Blanco ha defendido que las residencias “no están colapsadas” y que en todo momento se han tomado las medidas necesarias para atender a todos los usuarios, otra cosa será, cuando pase la crisis, afrontar “la necesaria reorganización y el modelo a seguir”.
Renta básica de ciudadanía
Por otro lado, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha detallado que las familias beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que otorga la Junta y que estaban descendiendo con la recuperación económica previa a la crisis sanitaria, han registrado un incremento desde febrero. Se han sumado a este apoyo económico garantizado por ley y con una dotación mínima de 430 euros por hogar, un total de 158 nuevas familias hasta llegar a un total de 9.293 beneficiarios.
Espera, además, que las peticiones se vayan incrementando en las próximas semanas, pero ha matizado que “Junta estará para atender las necesidades de los más vulnerable. Respecto al anuncio del Gobierno para poner en marcha un ingreso mínimo vital, ha pedido que sea una renta igual para todo el territorio español y que esté financiada por el Estado.
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