Sanidad ultima la redacción del Plan Nacional de Alzhéimer

El documento recoge objetivos y medidas transversales para mejorar el diagnóstico de la enfermedad y la atención a las personas afectadas y a los familiares que los cuidan, lo que implica “sensibilizar y concienciar a la sociedad; prevenir su aparición, mejorar su diagnóstico y el tratamiento; fortalecer el sistema de atención a la persona enferma y a quien le cuida y apostar por la investigación, la innovación y el conocimiento”.

El Plan Nacional de Alzhéimer pretende reducir el impacto de la enfermedad, favorecer el mantenimiento de la persona afectada en su entorno natural, poner en marcha respuestas sociales y sanitarias adecuadas y mejorar el conocimiento relativo a la dimensión y las necesidades de las personas con alzhéimer y sus familias. En esta línea, la detección temprana es uno de los avances que marca la estrategia, para lo que prevé el desarrollo de programas de información y sensibilización de profesionales sanitarios para la detección de signos y síntomas de la enfermedad.

Además, tiene como objetivo frenar el impacto económico y social de la enfermedad. En esta línea, persigue el apoyo a los familiares cuidadores a través de otros sistemas, como la seguridad social, el ámbito laboral o la vivienda. En este sentido, recoge medidas como la formación de los profesionales de Atención Primaria para la detección de situaciones de sobrecarga y estrés de familiares cuidadores.

Precisamente a este proyecto se refería de forma crítica la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, poco antes de iniciarse la reunión del Consejo Territorial, cuando mostraba “cierta sorpresa” por no saber sobre qué plan informaría la ministra durante el encuentro, “teniendo en cuenta que en la última semana hemos recibido tres o cuatro documentos distintos”. 

“El Plan Nacional de Alzéimer es necesrio y muy importante, pero debe estar dotado de memoria económica, sobre la cual no sabemos nada, aunque somos las CCAA las que tendremos que desarrollar buena parte de las medidas. En este festín electoral que tienen el Partido Socialista y este Gobierno de España, es probable que en cualquier viernes electoral nos podamos encontrar con el plan aprobado sin haber contado con las comunidades autónomas”, indicaba.

Protección de la infancia frente a la violencia

Por otro lado, María Luisa Carcedo ha informado a los consejeros de Servicios Sociales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, cuyo objetivo general es convertir la infancia “en un bien colectivo de especial protección”. El anteproyecto, que modifica 13 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Entre las novedades que introduce la norma destaca el establecimiento del deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarla ante la autoridad competente. También contempla la modificación del Código Penal para ampliar de forma muy relevante el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores, de modo que el inicio del cómputo del plazo para su prescripción comienza cuando la víctima cumple los 30 años, frente a los 18 años actuales.

Distribución de créditos

Del mismo modo, las CCAA y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social han acordado por unanimidad mantener los criterios de reparto de créditos procedentes del Estado para 2019 tal y como se estableció en el anterior Consejo Territorial, del mes de julio pasado. Se trata fondos obtenidos a través de la recaudación del 0,7% del IRPF. El 80,44% de estos fondos, que el año pasado ascendieron a casi 252 millones de euros, se reparte entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para que lo destinen a financiar programas de interés social dentro de sus competencias. Se trata de subvenciones finalistas dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social.

A la espera de la certificación definitiva del Ministerio de Hacienda, se espera que la cifra recaudada a través de la Declaración de la Renta en 2018, correspondiente a 2017, supere la del ejercicio anterior. Así, las CCAA han acordado que recibirán al menos la misma cuantía que en 2018 y que el incremento respecto a esta cantidad se distribuirá a partir del criterio acordado en julio de 2018 en el seno de una comisión de indicadores creada a tal efecto.

Nuevo Sistema de Información de Servicios Sociales

En el encuentro, Carcedo también ha expuesto el proyecto de Real Decreto para regular el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS), que tiene como objetivo “normalizar, integrar y organizar toda la información de Servicios Sociales disponible en todas las CCAA, así como la distribución de la información de la forma más conveniente, para facilitar la toma de decisiones”. Este nuevo modelo permitirá la interoperabilidad entre los distintos sistemas que interactúan con los Servicios Sociales (Empleo, Salud, CCAA y ayuntamientos), “lo que contribuirá a la consolidación de la Red Pública de Servicios Sociales”.

Pobreza y exclusión

Los representantes de las comunidades autónomas también han recibido información sobre la nueva Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, cuya elaboración se está ultimando. Integra pilares básicos de protección como son el empleo, la educación y la formación, la vivienda, la sanidad, dependencia y discapacidad y las prestaciones sociales. 

En este contexto, el Ministerio contempla en el borrador de la estrategia medidas como avanzar hacia un sistema de ingreso mínimo vital; dar prioridad a las familias monoparentales; medidas fiscales como la excepción de la donación de alimentos en el IVA e incentivar la contratación de personas con más dificultades de acceso al empleo.

Pendiente el incremento de los fondos para el Sistema de Dependencia

Un asunto que al parecer no se ha abordado durante la reunión del Consejo Territorial es la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Al menos así lo denunciaba antes del encuentro la consejera de Familia e Iguadad de Oportunidades de Castilla y León, que hacía referencia a que existía “un compromiso del anterior Gobierno de incrementar un 6% los fondos que íbamos a recibir las CCAA”, aumento que en el caso de esta Comunidad se traduciría en nueve millones de euros adicionales en 2019.

“Era un Real Decreto que el actual Gobierno cercenó, rompió y tiró a la basura en noviembre o diciembre y que, por tanto, no se ha aprobado, por lo que las CCAA y las personas dependientes van a dejar de recibir esos fondos. Así que venimos muy críticos por el abandono de las políticas sociales de este Gobierno de España desde que tomo posesión esta ministra; han estado más dedicados a cambiar ministros y ministras y directores generales que a la política social y a la política de las personas”, ha considerado.