La violencia contra el personal de salud en España es un problema de larga data, con cientos de casos registrándose cada año desde hace varias décadas. Sin embargo, con la aparición de la pandemia del coronavirus en el 2020, los casos han incrementado de forma exponencial, con la cifra manteniendo un ascenso sin tregua en los años posteriores al confinamiento.
Se trata de una problemática que, aunque nunca fue sencilla, está demostrando ser más difícil de abordar de lo que se preveía inicialmente. Independientemente del uso de nuevas herramientas y protocolos de seguridad, así como de medidas gubernamentales, los casos de violencia siguen alcanzando cifras récord.
Estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad en marzo de este año revelan que se registraron 18.563 agresiones contra profesionales de la salud durante el 2025, un aumento de más del 15% en comparación con el 2023. La atención primaria sería el área más afectada, seguida por la atención hospitalaria.
Necesidad de medidas de prevención
Durante el primer cuarto del 2026, distintas entidades se han pronunciado al respecto de este fenómeno, con una de las más relevantes siendo la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que exigió al Ministerio de Sanidad la adopción de medidas de emergencia para disminuir el riesgo físico y psicológico que experimentan los profesionales de salud en el país.
Si bien la efectividad de estas medidas dependerá de su adecuada implementación, algunas de las recomendaciones de la CSIF incluyen la creación de un régimen de sanción homogéneo, sanciones económicas mucho más altas para los infractores, e incluso negar el acceso (de forma temporal) de los infractores a los principales centros de salud del país.
Estas propuestas no solo toman en cuenta las acciones preventivas que debe afrontar el gobierno, sino también protocolos que agilicen la respuesta y protejan la salud de los profesionales. Algunas incluyen asistencia psicológica y defensa jurídica pagada por las autoridades, y el desarrollo de canales efectivos para la denuncia.
Tecnologías adicionales
Profesionales en materia de seguridad también sugieren la implementación de sistemas adicionales que favorezcan la disuasión, la identificación de infractores y el seguimiento preciso de cada uno de los casos para llevar a cabo los procedimientos que aseguren una aprehensión efectiva.
Desde personal de seguridad que lleve consigo una cámara corporal para un registro de todas las interacciones, hasta mejoras en el control de acceso de las instituciones que creen barreras adicionales entre profesionales y pacientes, son solo algunos de los cambios que pueden generar resultados positivos en el corto plazo.
La instalación de alarmas y sistemas de detección de actividad de riesgo también serían esenciales, especialmente en aquellos espacios donde se ubique a los acompañantes, ya que en la mayoría de los casos son estos los que llevan a cabo las agresiones. Esto hace que mantener sistemas de identificación para todos los acompañantes también sea imperativo.
Retos en nuestro país
A pesar de las posibles estrategias implementadas por cada centro de salud, así como de las medidas gubernamentales, la realidad es que el contexto social de España es sumamente complejo, con el negacionismo científico y el sentimiento antimedicina alcanzando niveles que muchos catalogan como «preocupantes».
Desde la proliferación de influencers enfocados en esparcir todo tipo de bulos sobre salud, hasta la intensificación en la polarización (ligada a ciertos movimientos políticos), se trata de variables que generan zozobra constante en la población, alimentando sesgos y fortaleciendo posturas que muchos utilizan para justificar acciones de violencia.
Ante esto, el desarrollo de protocolos y la adquisición de nuevas herramientas puede carecer de efectividad si no vienen acompañados de políticas gubernamentales enfocadas en disminuir la tensión social, algo sumamente complejo debido a que no se trata de un fenómeno nacional, sino global.
Ya sean agresiones físicas o psicológicas, el aumento en este tipo de acciones no solo crea un ambiente de trabajo tóxico que disminuye la productividad e incrementa el margen de error, sino que aumenta los casos de desgaste laboral, por lo que la implementación de nuevas medidas de protección para profesionales sanitarios no debe verse como algo complementario, sino como algo esencial.
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