“No es el primer concierto de procedimientos quirúrgicos ni espero que sea el único”. Así de tajante se ha mostrado hoy el gerente del Hospital Universitario de Salamanca, Rafael López, durante una rueda de prensa en la que ha justificado la adjudicación de 1.119 cirugías pendientes en el complejo asistencial a centros privados de otras provincias, fundamentalmente de Zamora (1.121) y Burgos (485).
En su comparecencia, convocada para desmentir las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación sobre la existencia de supuestas irregularidades en el procedimiento, ha asegurado que la selección de las clínicas en las que serán intervenidos los pacientes se ha realizado en base “a unos criterios rigurosos desde el punto de vista económico y técnico” y con el objetivo de reducir la “muy importante demora quirúrgica” que existía “cuando asumimos la responsabilidad” de dirigir el hospital.
De hecho, “acortar los tiempos de respuesta a los ciudadanos” es uno de los cuatro objetivos que se marcó su equipo al llegar a dirección, junto con los de conseguir que Salamanca “tenga en pocos años una nueva Ciudad de la Salud”; mantener “el nivel IV” del complejo asistencial, “el buque insignia de la Sanidad pública de Castilla y León” y realizar inversiones sin esperar a la finalización de las obras, “en 2018 o 2019”, para dotarlo “de nuevas tecnologías de alto nivel”. Según Rafael López, su idea ha sido siempre reducir la demora quirúrgica “con medios propios, pero teníamos algunos problemas de recursos humanos, por ejemplo en el servicio de Anestesia, por lo que no estábamos respondiendo de la manera que queríamos”.
Las empresas de Salamanca, descartadas
Por este motivo, ha afirmado, “solicitamos a la Consejería de Sanidad apoyo con medios ajenos y tramitamos un concurso de adjudicación de procedimientos quirúrgicos en dos lotes basado en el acuerdo marco de la Gerencia Regional de Salud, de 2009”, y por un importe total que supera los 2,87 millones de euros. En palabras del gerente del hospital, todas las empresas incluidas en ese convenio fueron invitadas a participar en el proceso de adjudicación, un total de 30 de distintas provincias españolas, de las cuales 12 presentaron ofertas, entre ellas, dos de Salamanca: Multimédica Centro y la Fundación General del Hospital de la Santísima Trinidad, ambas excluidas de la adjudicación. Esto ha llevado a la segunda a presentar “un recurso potestativo de reposición” por supuestas irregularidades en el proceso, entre ellas la presunta existencia de varios informes técnicos y de facilidades hacia algunas empresas, argumentos que ha rechazado el gerente de Atención Especializada.
“No ha existido ninguna irregularidad, y el procedimiento se ha hecho como otros cientos de procedimientos. Personalmente me hubiera gustado que la Santísima Trinidad fuera una de las adjudicatarias para que los pacientes no tuvieran que salir de Salamanca, pero lo cierto es que, de los 43 procedimientos concertados, sólo presentó oferta para 12, de modo que aunque se le hubiera adjudicado el 100% de los procesos habríamos llegado a 406 personas; quedarían otros 1.513 pacientes que igualmente hubieran sido derivados fuera, porque no había ninguna oferta en Salamanca”, ha expuesto el responsable del complejo asistencial.
“Nuestro objetivo ha sido siempre operar en el hospital y, si no era posible, hacerlo en centros de Salamanca, para que los pacientes se desplacen lo mínimo posible, pero había que establecer unos criterios y condiciones, y para ello se ha seguido un procedimiento similar al de otros años, con una parte económica y otra relativa a los medios técnicos de los que dispone la empresa, a la calidad de la asistencia y al confort del paciente y sus familiares”, ha indicado López, quien ha aclarado que en este caso se decidió valorar con cinco puntos sobre diez la oferta con el precio más bajo.
La misma puntuación en Salamanca y en otras provincias
Los cinco restantes se han distribuido en el análisis de otros cuatro factores, entre ellos, las “mejoras en la flexibilidad de los ciudadanos a la prestación sanitaria”, uno de los aspectos más controvertidos, al otorgarse idéntica puntuación (1,50) a los centros de Salamanca que a las clínicas de otras provincias que incluían en su propuesta el transporte “necesario en cada caso” y el seguimiento de los pacientes en Salamanca. El gerente ha justificado esta decisión citando a los servicios jurídicos de Sacyl, “que consideran que dar una mayor puntuación a aquellas empresas con instalaciones en Salamanca incumple la normativa de contratación administrativa por ser discriminatorio”.
La oferta que comprometiera el menor tiempo de espera para intervenir al paciente -todos tienen que estar operados antes del 30 de mayo-, la dotación de instalaciones y medios técnicos y la inclusión de cama hospitalaria y manutención para los acompañantes del enfermo en caso de ingreso son otros de los aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar los centros privados que asumirán las más de 1.900 cirugías concertadas, y que se encuentran en Zamora (1.121), Burgos (485), Valladolid (233), Segovia (75) y Madrid (5).
Según ha señalado Rafael López, en todos los casos se trata de procesos quirúrgicos simples, “la mayoría mediante cirugía mayor ambulatoria (CMA)”, y que se derivan a clínicas privadas “porque es imposible asumir las demoras con nuestros recursos”, a pesar de que “hemos tratado de rentabilizar al máximo los recursos humanos y los quirófanos”. No obstante, el gerente, que ha confirmado que Sacyl no se plantea retomar las llamadas peonadas –por las cuales profesionales del propio hospital contribuían a reducir las listas de espera con jornadas extra remunerados-, ha destacado que la plantilla del complejo asistencial se reforzará con cinco anestesistas más, si bien ha reconocido las dificultades existentes a la hora de encontrar especialistas desempleados.
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