Olga Prieto

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha presidido este miércoles el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que ha informado a los consejeros de Servicios Sociales de las comunidades autónomas (CCAA) sobre el Plan Nacional de Alzhéimer 2019-2023, cuya redacción se está finalizando.

La Junta de Castilla y León, en colaboración con las corporaciones locales, ha impulsado una Orden que hará posible ofrecer un servicio de teleasistencia avanzada mediante tecnología que permitirá telemonitorizar a la persona usuaria y a su entorno para analizar posibles riesgos tanto dentro del hogar como fuera del domicilio, anticipando las actuaciones oportunas.

Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, expertos en salud mental de las Hermanas Hospitalarias (LRHP) han querido alzar la voz para denunciar «la violencia, el estigma y la discriminación» que sufren las mujeres con trastorno mental grave (TMG), una conjunto de diagnósticos clínicos entre los que se incluyen la esquizofrenia, el trastorno bipolar y algunos trastornos de personalidad en los que la persona presenta una discapacidad de moderada a grave en su funcionamiento psicosocial.

Cientos de familias, profesionales y personas con parálisis cerebral se han concentrado este martes ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de Madrid para defender los derechos del colectivo y denunciar «la grave situación» que atraviesan los afectados por esta discapacidad.

En la protesta, convocada por ASPACE Madrid, los participantes han reivindicado una mayor financiación de las plazas de centros de día y residencias, ya que actualmente la Comunidad de Madrid solo cubre el 57% de su coste real, por lo que las familias se ven obligadas a asumir el 43% restante, «viéndose privadas todas las entidades de los recursos necesarios para que las personas con parálisis cerebral puedan disfrutar de una vida digna».

«La actual financiación de la Comunidad para cubrir el coste económico de los apoyos que reciben las personas con parálisis cerebral en los centros de día o residencias es claramente insuficiente, porque no garantiza un trato digno e imposibilita la inclusión y participación de las personas con parálisis cerebral en la sociedad», ha denunciado el presidente de ASPACE Madrid, Álvaro Galán, durante la movilización.

Además, los manifestantes han pedido que se renueve el acuerdo marco vigente, que ha sido prorrogado hasta diciembre de este año, ya que el actual solo reconoce a las personas con parálisis cerebral como personas con discapacidad física, cuando el 95% de quienes acuden a los centros de día de la Comunidad presentan también otro tipo de discapacidad (intelectual, visual, auditiva…). En este sentido, desde la organización se recuerda que más del 70% de las personas que acuden a los centros de la red de ASPACE Madrid presentan una discapacidad superior al 80%, por lo que tienen grandes necesidades de apoyo y requieren un cuidado constante en su vida diaria.