La Convención sobre Derechos del Niño es un tratado internacional cuyo texto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989, entrando en vigor el 2 de septiembre de 1990. Recoge 54 artículos de derechos y obligaciones, y su aplicación es de obligado cumplimiento para gobiernos, como el de España, que lo firmaron, asumiendo el compromiso de asegurar y proteger todos los derechos de los niños.
En estos años de crisis, España se ha destacado con la segunda tasa de pobreza infantil más alta de la Comunidad Europea, sólo superada por Rumanía. En Castilla y León, las cifras también son alarmantes: más del 24% de los niños viven en riesgo de pobreza y exclusión en nuestra Comunidad, según informes de Cáritas y UNICEF.
La pérdida de empleo y la precariedad de las familias afectan a los niños, que no pueden acceder a una dieta equilibrada. Los problemas económicos de muchas familias, generados por la crisis, repercuten en el deterioro de la alimentación de muchos niños. Cuando no hay recursos no se come carne ni pescado, y se sustituyen por otros productos peores. Si no hay dinero no se alimenta bien y se producen deficiencias en la calidad de la alimentación.
La niñez es la etapa infantil más importante en cuanto a la alimentación, por ser la etapa que tiene que ver con el crecimiento, tanto físico como intelectual. Algunos pediatras avisan de los riesgos sanitarios y escolares de la malnutrición. Hay niños, en nuestro país, diagnosticados con códigos relacionados con la pobreza y la desnutrición. La crisis hace mella, y la alimentación es escasa e incompleta.
Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, está investigando de oficio cómo afecta la crisis a la calidad de la alimentación infantil, y ha recomendado que no se cierren los comedores escolares durante las vacaciones para las familias que tienen a todos sus miembros en paro y no pueden cubrir las necesidades alimenticias de sus hijos. Ha señalado también la responsabilidad que tiene el conjunto de administraciones para garantizar una adecuada alimentación infantil, además de ser una prioridad para todos los poderes públicos. Los comedores escolares contribuyen a garantizar una alimentación equilibrada mediante este servicio, que tiene una gran importancia en la salud de los niños, ya que en ellos toman la comida principal.
Es competencia de las comunidades autónomas gestionar el servicio de comedores escolares, así como otorgar las ayudas necesarias de becas-comedor. En Castilla y León se ha disminuido el presupuesto y recortado las becas; parece que a nuestro Gobierno autonómico no le preocupan los problemas de la infancia, cuando deberían convertirse en una emergencia social a cubrir de forma prioritaria.
Cerrar los comedores escolares es agravar más la situación de muchos niños que comían una vez al día gracias al servicio que tenían en los centros escolares; prescindir de este servicio en verano, con la situación de crisis, es desproteger a los más vulnerables y puede tener consecuencias muy graves, y eso lo saben muy bien las organizaciones sociales que suplen la labor que corresponde a los poderes públicos, porque, desgraciadamente, se esta produciendo una regresión de derechos.
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