Al contrario que en ocasiones anteriores, la presentación de este Plan de Salud no ha contado con un desglose pormenorizado de cuáles son y hacia dónde van dirigidos los 26 objetivos generales y 85 específicos, ni se ha mencionado ninguna de las 340 medidas concretas que dicen que contempla el mismo, divididas en cinco áreas de actuación.
Tampoco ha habido la menor autocrítica, sino más bien todo lo contrario, por el hecho de que sólo se haya cumplido por completo un 52% de los objetivos generales del III Plan de Salud y un 56% de los específicos, restando importancia a que cerca de un 15% no se haya cumplido ni de manera parcial. Se echa de menos que en esta presentación no se mencionen cuáles son los objetivos incumplidos, cuáles han podido ser los motivos, y si se retoman de cara a este nuevo Plan de Salud.
Tampoco se dice nada de qué ha pasado con el presupuesto asignado, puesto que casi la mitad de lo planificado no se ha cumplido, y eso pese a que el plan previsto para el periodo 2008-2012 ha tenido cuatro años más de plazo para cumplirse. ¿O es que han tardado cuatro años en evaluarlo y darse por satisfechos?
Sí quisieron destacar que en esta ocasión se ha implicado al resto de consejerías de la Junta de Castilla y León y que también éstas destinarán parte de su presupuesto a completar los 5.000 millones de euros que supone la puesta en marcha y desarrollo del plan. Aparte de esto, han repetido una vez más los datos que presentan en las tomas de posesión, en las comparecencias o en cualquier acto público que sobre Sanidad se produzca. Esto incluye números de consultas, de intervenciones, de satisfacción de la población… pero nada se dice sobre las listas de espera, sobre la sobrecarga de trabajo de los profesionales de Sacyl…
Cierto es que sobre estos asuntos se hizo alguna referencia: los datos de satisfacción de los usuarios superan los de la media nacional, de manera que algo estaremos haciendo bien (satisfacción debida a los profesionales, y no a los directivos); las ratios de médicos y enfermeros por habitante superan a la media nacional (obviando que una Comunidad Autónoma con las características de la nuestra precisa forzosamente de ese extra, que sigue siendo insuficiente); los recursos han crecido en los últimos años (aseguran que ha aumentado el número de trabajadores, cuando lo cierto es que apenas se han cubierto las bajas producidas y continúa sin haber sustituciones que permitan una atención en condiciones normales para trabajadores y usuarios), pese a lo cual no se han incrementado las actuaciones (el consejero ha puesto en duda, verbalizándolo, la eficiencia de los trabajadores, ya que siendo más no se ha aumentado el número de intervenciones); que los profesionales piden muchas pruebas complementarias para situaciones que no se perciben como graves por el paciente o sus familiares (lo que proviene, o bien de una incorrecta percepción de los usuarios o a la necesidad de llegar a un diagnóstico a través de las pruebas complementarias, ya que la masificación y el incremento de actividad por esa falta de sustituciones y, en definitiva, por la mala planificación de la gerencia responsable, impiden al profesional dedicar al paciente todo el tiempo necesario).
En definitiva, que las medallas, para la Consejería, y la supuesta falta de actividad, sobre las espaldas de los trabajadores, que son quienes han soportado las consecuencias de unos recortes que la Consejería sigue minimizando, cuando no negando.
El presidente de la Junta y el consejero de Sanidad mencionaron, dentro del plan, la coordinación del sector sociosanitario como una medida que incrementa la calidad de la atención de los usuarios. Y puso como ejemplo la mejora observada tras la coordinación de los hospitales de Valladolid con la residencia pública de Valladolid. Sin negarle la razón, parecen no conocer las diferencias entre las residencias públicas y privadas y las circunstancias en que se desarrolla el trabajo en estas últimas, que ya en la actualidad utilizan como sanitarios a los de cada centro de salud, pese a que no exista ninguna coordinación, tas la aprobación del decreto de la Junta que suspende la obligatoriedad de que las residencias privadas tengan personal médico y/o de Enfermería en su plantilla.
Y como medida estrella del plan, la necesidad de implantar las modificaciones necesarias para que esta Sanidad castellana y leonesa siga teniendo sus características de universal, gratuita, pública, de calidad, con mayor eficiencia…, algo que repitieron en más de una ocasión tanto Herrera como Sáez Aguado.
Se referían a la puesta en marcha de 15 Unidades de Gestión Clínica, 11 en hospitales y cuatro en centros de salud, tras lo que el consejero afirmó que los resultados de los servicios que están funcionando como si fueran Unidades de Gestión Clínica obtienen mejores resultados. Esta afirmación denota dos cosas: que hay servicios que están constituidos como Unidades de Gestión Clínica sin serlo y que los únicos resultados evaluables existentes, que son los de las dos ilegales unidades piloto constituidas en su momento, llevan la contraria a las palabras del consejero.
Y revela una tercera: que están dispuestos a seguir adelante con su idea contra viento y marea y pese a que a nivel estatal todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo ni se ha aprobado ninguna normativa sobre las mismas. E incluso una cuarta, que olvida que los profesionales ya se responsabilizan en la actualidad de las decisiones de gestión de su trabajo, sin necesidad de ningún experimento que, con la actual normativa existente en Sacyl, pone en riesgo muchas cosas para los integrantes de dichas Unidades.
Y oculta otra más, y es que la verdadera finalidad de las Unidades de Gestión Clínica es el ahorro, como se afirma, sin lugar a ninguna duda, en el propio documento que maneja el Ministerio de Sanidad.
En resumen, un acto que debía ser únicamente sanitario, como ha sido siempre, se ha transformado en un nuevo acto de afirmación y propaganda política. Una oportunidad perdida para unos y bien aprovechada para otros.
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