A curarse a Salamanca

El llamado Plan de Ordenación de Recursos Humanos en Atención Primaria, cuya puesta en marcha se inicia este mes y culminará en diciembre de 2015, no es sino la última puñalada que las tijeras recortadoras del Consejo de Gobierno de Castilla y León pretenden propinar a los ciudadanos de las áreas rurales. Así de fuerte y así de claro.

En lo que respecta a la provincia de Salamanca, el plan supone que once médicos y dos enfermeras que hasta ahora atendían las necesidades de salud en otros tantos pueblos  (Lumbrales, Vitigudino, Calzada de Valdunciel, Fuentes de Oñoro, Matilla de los Caños, Tamames, Linares de Riofrío, Miranda del Castañar, Cantalapiedra, Fuenteguinaldo y Robleda) pasarán a ejercer en centros de salud de la capital charra.

En principio, la medida  podría parecer racional y hasta justificada, dada la enorme diferencia en el número de pacientes que cada médico debe de atender según el centro de salud en el que trabaja (en Castilla y León oscilan, nada menos, que entre los 54 en algunos pueblos de Soria y los 2.185 de ciertos centros de salud salmantinos).

Sin embargo, la medida no es justa ni, en opinión de muchos profesionales, puede ser   eficaz a la larga. Y no es no justa ni eficaz porque no tiene en cuenta la distancia que hay entre estos pueblos, el lamentable estado de las carreteras que los unen, la falta de trasportes públicos y la avanzada edad media de la población allí residente.

Si hasta ahora, antes de los recortes, había pueblos a los que el médico iba a extender recetas una sola vez por semana, o cada quincena, e incluso cada mes, y las llamadas a Urgencias recibían a menudo como respuesta un “no podemos atenderle por falta de personal”, nos podemos imaginar lo que va a ocurrir cuando estos profesionales tengan que trasladarse a reforzar los saturados centros de salud de la capital.

Lo que no se puede hacer es dejar sin atención sanitaria a personas mayores por el simple hecho de carecer de coche o ser incapaces de conducir; o que la mayor parte de la jornada laboral de un profesional de la Medicina se desarrolle en el interior de su vehículo, intentando llegar de un pueblo a otro por carreteras deficientes. Tampoco parece contemplarse el hecho de que, debido al turismo rural y a la gran cantidad de personas que pasan las vacaciones en su lugar de origen, muchas de estas pequeñas localidades  triplican en verano su población.

Es innegable que tanto los profesionales de la Medicina como de la Enfermería del área urbana están sometidos a una carga asistencial elevadísima y que es preciso aumentar su número. Pero no a costa de desmontar la ya precaria estructura sanitaria de las zonas rurales. Quizás si se sustituyera por lo menos a alguno de los que se han ido jubilando en los últimos tiempos, en lugar de ahorrar quitándole el chocolate al pobre loro, la situación sería más sostenible y la gente podría seguir viviendo donde siempre lo ha hecho.

Llevamos años intentando fijar población en nuestros abandonados pueblos, y, desde luego, desmantelar su ya endeble estructura sanitaria no parece la mejor manera de conseguirlo. Los habitantes del medio rural tienen el mismo derecho a la salud que los de las zonas urbanas. Medidas como ésta les convierten en ciudadanos de segunda, una cosa que, además de inmoral, es anticonstitucional.