Externalizar no es otra cosa que transferir la gestión pública de un servicio a una empresa privada. Pues bien, este nuevo concepto hace tiempo que se está empleando y sirviendo como excusa y estrategia de gestión para vender la reducción de costes en el sector sanitario. Pero el tiempo y la experiencia nos están demostrando que resulta ineficaz, y que los procedimientos no son siempre baratos, sobre todo si se mira desde el punto de vista de la calidad del servicio.
Hay demasiados casos de procesos irregulares en todo el país, sobre todo por la falta de transparencia, calidad y control del gasto en los convenios que se firman con las empresas privadas, pues éstas lo único que buscan en el sector sanitario es negocio y su objetivo es obtener beneficios a costa de la calidad.
Un caso sospechoso de presuntas irregularidades se ha dado recientemente con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Gerencia del Complejo Asistencial de Salamanca, que, ante su incapacidad de gestionar adecuadamente las listas de espera quirúrgicas con sus propios recursos, ha usado este método a través de un acuerdo con las clínicas privadas del grupo Recoletas, que tiene centros en diferentes ciudades de Castilla y León.
Han sido 1.914 cirugías que se han sacado de las listas de espera de pacientes de Salamanca por un valor de casi 3 millones de euros, es decir, que a los salmantinos se nos niega el derecho a ser intervenidos en nuestros hospitales públicos en un tiempo prudencial y, si queremos resolver nuestro problema de salud, debemos trasladarnos a provincias como Valladolid, Zamora, Burgos o Segovia si no queremos esperar más de un año o dos a para ser intervenidos en nuestros hospitales públicos, además de poner en riesgo nuestra vida, al ser intervenidos en clínicas privadas que, en caso de complicaciones, no disponen de los recursos con los que cuenta la Sanidad pública.
Si bien la Administración corre con los gastos del transporte del paciente, no es así con sus familiares, que deben desembolsar un dinero que no sería necesario si la intervención se realizara en Salamanca. He escuchado diferentes testimonios de pacientes que han vivido esta experiencia poniendo de manifiesto que se han sentido como borregos al ser transportados a Zamora y otras provincias en un autobús, así como el tiempo de espera que han tenido que soportar para traerlos a todos juntos. También se ha puesto de manifiesto la complicación que sufrió un paciente en una intervención realizada en una de estas clínicas y que tuvo que ser trasladado a la Sanidad pública de esa provincia por carecer esta clínica de un servicio de UCI.
Pues bien, aparte de la gravedad de los hechos, y después de ocasionar todos estos inconvenientes a los pacientes, resulta que un medio de comunicación aporta documentos que confirman las irregularidades que se han cometido para beneficiar al grupo Recoletas, a pesar de ser la opción más cara. La Consejería de Sanidad debe dar muchas explicaciones, no solo sobre estas acusaciones tan graves, donde se pone de manifiesto cómo se dilapida el dinero público en beneficio de ciertas empresas, sino por NO utilizar al cien por cien los recursos públicos, cerrando camas, quirófanos y disminuyendo tan drásticamente del número de trabajadores de la Sanidad pública salmantina. Ya no convencen discursos confusos y carentes de rigor que tratan de presentar como verdades absolutas. Se necesita una nueva generación de buenos gestores públicos capaces de defender la Sanidad pública como mejor modelo, por su valor social y porque, gestionado con eficiencia, es más económico, competitivo y justo.
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