La perversidad de las Unidades de Gestión Clínica

Dsde hace tiempo se viene debatiendo, por parte de los responsables sanitarios, sobre las bondades de las Unidades de Gestión Clínica en los centros de salud y hospitales de nuestro sistema sanitario público. De hecho, ya se han implantado en algunas comunidades autónomas de diferentes signos políticos, y aunque difieren en la configuración de la estructura, en la mayoría de ellas se han desvirtuado sus principios, utilizando este modelo de gestión para fragmentar y privatizar el sistema sanitario.

Pero ¿qué son las Unidades de Gestión Clínica (UGC)?

Son varias las definiciones que se han hecho sobre este término, y aunque con diferentes matices y tratamientos, al final todas vienen a coincidir, al menos en parte, como “un proceso organizativo que trata de incorporar o implicar a los profesionales sanitarios en la gestión sanitaria poniendo en marcha reformas que mejoren la coordinación de los recursos y niveles asistenciales”.

En una primera fase, se convencería a los profesionales sanitarios prometiéndoles incentivos económicos, con el único objetivo de reducir gastos, y en una segunda fase se dotaría a las unidades de personalidad jurídica propia, es decir, pequeñas empresas que se enfrentarían y competirían entre sí con la entrada y ayuda de empresas privadas.

Al principio se plantean como una forma de gestionar más eficazmente y para unificar criterios que favorezcan la prestación de servicios con mayor calidad, pero que nadie se engañe, una cosa es la teoría y otra muy diferente la práctica, porque de lo que se trata en realidad es de primar la economía en detrimento de la calidad.

Desgraciadamente, nuestra Comunidad va en la misma línea. La Junta de Castila y León publicó un Decreto en el 2014 por el que se regulaba la constitución y funcionamiento de las Unidades y Áreas de Gestión Clínica, que fue rechazado por todos los sindicatos con representación en el sector sanitario. De las dos unidades que se abrieron en nuestra Comunidad, el servicio de Salud Mental de Zamora y el de Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid, ya se ha reconocido el fracaso de su gestión. Para lo único que ha servido ha sido para recortar los derechos de trabajadores y usuarios, como así lo demuestra la reducción de recursos económicos y humanos que se ha producido en estos servicios.

El presidente Herrera ya avanzó hace dos meses en el debate sobre política general que se pondrían en marcha un total de 15 unidades, aunque el IV Plan de Salud elevó esta cifra a 20. Siguiendo en esta línea, el consejero de Sanidad, Sáez Aguado, ha presentado en Salamanca las primeras UGC de los servicios de Cardiología y Torácica. Es lamentable que se aproveche el verano, cuando la mitad del personal sanitario y ciudadanos en general están en periodo vacacional, para implantar con nocturnidad y alevosía las UGC y así impedir cualquier tipo de negociación.

Aunque el consejero presenta las Unidades de Gestión Clínica como inofensivas y como la única manera posible de hacer una buena gestión, no es cierto, hay demasiadas trampas y dudas jurídicas que pueden conllevar la ruptura de las relaciones labores de los profesionales del sistema sanitario y una importante desprotección de los ciudadanos, especialmente para los enfermos aquejados de patologías no rentables para estas unidades.

En realidad, no se trata de un buen sistema, puesto que hay otras alternativas a este modelo mal intencionado, que se presenta en un escenario complicado para profesionales y usuarios, y sería importante unir fuerzas para combatirlo.

En definitiva, las Unidades de Gestión Clínica no parece que vayan a ser la panacea de una gestión eficiente, como se ha ido demostrando en las comunidades autónomas donde ya han sido implantadas.